El magistrado tomó la resolución tras hacer lugar al pedido de los fiscales del caso, pudo saber NA de fuentes judiciales. Las declaraciones, aún sin fecha, serán bajo la modalidad de videoconferencia, y también fueron convocados por el juez ex espías para ampliar sus declaraciones.
Entre los citados también está Susana Martinengo, ex secretaria de Macri en Casa Rosada y quien -según la Justicia- recibió informes de inteligencia de ex espías con quienes mantuvo reuniones en Casa de Gobierno entre mediados de 2018 y principios de 2019.
Es la primera vez que en esta causa las indagatorias serán de manera virtual, luego de que Augé y la fiscal Cecilia Incardona tuvieran coronavirus, y más allá de que la Corte Suprema levantara la feria judicial por la pandemia.
Se trata de la mega causa de espionaje ilegal que involucra tareas sobre dirigentes políticos como Cristina Kichner y Horacio Rodríguez Larreta, además de líderes gremiales como Pablo y Hugo Moyano, y periodistas.
Arribas y Majdalani ya estaban procesados por el espionaje ilegal sobre la vicepresidenta en su departamento de Recoleta y el Instituto Patria, pero ahora los fiscales Incardona y Santiago Eyerhabide pidieron que sean citados por el espionaje a políticos de varias fuerzas.
"Consideramos que los nombrados conformaron una organización criminal construida desde el propio aparato del Estado Central, en especial desde el Poder Ejecutivo Nacional y una de sus dependencias directas, la Agencia Federal de Inteligencia", sostuvieron los fiscales del caso, para quienes el objetivo era "determinar los movimientos de las víctimas con el objetivo de establecer cuáles eran sus estrategias, tendencias e inclinaciones políticas".
Tenés que leerArribas y Majdalani fueron procesados por espionaje ilegal y falsificación de documentosSobre Arribas y Majdalani, establecieron que "las órdenes que impartieron a sus agentes y las actividades que ellos realizaron fueron justamente las que la propia ley prohíbe realizar, esto es, obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción".
Entendieron, además, que "eran ellos los que dominaban y detentaban el poder sobre toda la estructura institucional de la Agencia Federal de Inteligencia, y a quienes reportaban el resto de los imputados".
"Estas tareas también tuvieron como objetivo a personas que cumplían funciones relevantes dentro del partido político del oficialismo, de funcionarios públicos con los máximos cargos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como ser Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, o en el Congreso de la Nación, como Emilio Monzó y Nicolás Massot, entre otros", agregaron en la acusación.
Además, evaluaron que "los seguimientos y la obtención de información respecto de los nombrados fue de tal intensidad que se convirtió en una práctica cotidiana para la organización".
"Si bien dentro de la estructura de la AFI la dirección de esta empresa ilegal provenía principalmente de Gustavo Arribas y de Silvia Majdalani, también se encuentra probado que los agentes tenían una línea de vinculación con otros funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, específicamente funcionarios 160 dependientes de Presidencia de la Nación, con los que compartían parte del flujo de información producto de estos espionajes", dijeron los fiscales en relación a Martinengo, la ex secretaria que trabajaba en Casa Rosada durante el macrismo y de quien se acreditó que tuvo reuniones con algunos de los agentes en ese lugar entre mediados de 2018 y principios de 2019.
En ese sentido hicieron referencia a que Martinengo pretendía lanzarse a una candidatura política y para ello se reunía con algunos de los espías, así como con el secretario Nieto, y hasta hubo reuniones con el barrabrava de Boca Juniors Rafael Di Zeo en la oficina que todos llamaban "La cueva".
El juez federal Daniel Rafecas aseguró que "se sigue preparando" para el desafío de convertirse en Procurador General de la Nación, pero advirtió que no aceptaría una eventual flexibilización de los requisitos para ser avalado por la Cámara de Senadores.
"En diciembre pasado fui honrado por Alberto Fernández con la propuesta para ser Procurador General de la Nación. Conté con el aval de la UBA, del Colegio Público de Abogados y de todos los organismos de DDHH, entre muchos otros apoyos", escribió Rafecas en sus redes sociales.
Junto a la fotografía que se tomó ese día con el mandatario nacional, el magistrado subrayó: "La pandemia demoró el tratamiento del pliego. Sigo firme en mi aspiración de acceder al cargo, preparándome cada día para estar a la altura de ese desafío".