La provincia de Salta mantiene su política de cobrar por la atención médica a ciudadanos extranjeros, medida que fue instaurada por un decreto del gobernador Gustavo Sáenz y ratificada por la Legislatura local.
La cónsul de Bolivia se reunió con un funcionario salteño para revisar la medida, pero la provincia sigue en su postura.
La provincia de Salta mantiene su política de cobrar por la atención médica a ciudadanos extranjeros, medida que fue instaurada por un decreto del gobernador Gustavo Sáenz y ratificada por la Legislatura local.
En este contexto, el gerente del Hospital San Vicente de Paul, Fabián Valenzuela, recibió una solicitud de la cónsul de Bolivia, Felipa Huanca, quien buscaba negociar nuevos convenios para revisar esta medida. No obstante, Valenzuela dejó en claro que el pedido no tenía posibilidad de ser aceptado.
Valenzuela informó a Huanca que su solicitud estaba fuera de lugar y comparó la situación con una hipotética petición de que no se cumpla la ley en su propio país. La reunión, que tuvo lugar el 13 de agosto, fue solicitada por el consulado boliviano, que pretendía discutir la posibilidad de aranceles diferenciados para los ciudadanos bolivianos, quienes han expresado quejas debido al reciente cobro.
El funcionario sugirió a la cónsul que dirigiera su reclamo al gobierno boliviano, liderado por el presidente Luis Arce, y propuso que el consulado podría solicitar presupuesto para cubrir los costos. "Los aranceles están establecidos por la ley provincial 8.421, y nuestra obligación es aplicarla", reafirmó Valenzuela.
Desde la implementación de los aranceles, el número de pacientes extranjeros en el hospital ha disminuido drásticamente. Valenzuela informó que la cantidad de personas atendidas semanalmente pasó de 300 a un promedio de 5, con días en los que no se registran visitas de pacientes extranjeros.
La medida afecta a tratamientos específicos, consultas con especialistas y prácticas quirúrgicas. Sin embargo, el servicio de urgencias en casos de riesgo vital sigue siendo gratuito. En la intendencia de Orán, una de las áreas fronterizas con Bolivia, la aplicación de los aranceles ha permitido un ahorro de 60 millones de pesos en lo que va del año.
El cobro por atención médica a extranjeros se instauró en abril y las tarifas publicadas son las siguientes:
$100.000 por día de internación
$190.000 por internación en salas intermedias
$250.000 por internación en terapias intensivas
$245.000 por parto
$250.000 por internación en terapia neonatal
Estas cifras han sido actualizadas en un 20% en el segundo semestre del año.
Valenzuela destacó que la reunión con las autoridades bolivianas fue respetuosa, aunque el planteo fue considerado inapropiado. "No hubo presiones ni amenazas, pero sí una clara expresión de que el planteo no era adecuado", aseguró.
Previo a la ley, Salta y la provincia de Jujuy habían suscrito convenios con el gobierno boliviano para garantizar la gratuidad de atención médica para los ciudadanos de ambos países. No obstante, debido a casos recurrentes en los que ciudadanos argentinos fallecieron en hospitales bolivianos por ser rechazados en situaciones de urgencia, las autoridades locales revisaron su postura.
Sáenz justificó la medida argumentando que la atención en Bolivia no siempre es accesible y que los argentinos no reciben el mismo trato en el país vecino.
El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, enfatizó que la medida busca evitar situaciones similares a las que han ocurrido en el pasado, donde pacientes argentinos han perdido la vida debido a la falta de atención médica en Bolivia.
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