Miércoles 14.12.2022
/Última actualización 23:28
El Poder Ejecutivo retomará esta semana uno de los temas que más controversia había generado durante buena parte del año, pero que también quedó "freezado" en las últimas semanas. Se trata del concurso para definir a las nuevas autoridades del Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa. Es un proceso trascendente desde el punto de vista institucional porque de quienes resulten elegidos, dependerá en buena medida la política de persecución penal en la provincia durante los próximos años.
El gobierno debe terminar de resolver con qué criterio se completa un jurado que se fue desgranando por la polémica suscitada en torno del proceso, y que derivó en la renuncia de nueve integrantes. Según pudo saber El Litoral, la decisión pasará por sortear solamente los miembros necesarios para cubrir las vacantes que se hayan generado, incluso, con el corrimiento respectivo de los suplentes; la oposición, cabe recordar, reclamaba que se constituyese un cuerpo evaluador de cero.
De acuerdo con el criterio por el que se optaría, de las nueve bajas producidas y con el ascenso de los suplentes, sólo debería sortearse un miembro titular para el jurado del Ministerio Publico de la Acusación, y dos para el de la Defensa. El resto de los sorteos serán para completar los suplentes que sean necesarios.
La decisión se terminará de consensuar en una reunión ampliada del Consejo de la Magistratura. Ello, sin descartar algún nuevo encuentro con referentes de la oposición. De ese modo, el nuevo sorteo se realizaría antes de fin de año para dejar el jurado nuevamente constituido. Sin embargo, el proceso en sí del concurso para los postulantes con las pruebas de oposición respectivas, se retomaría el año que viene. Los tiempos comenzarán a apremiar, entonces, si se tiene en cuenta que los mandatos de las actuales autoridades – fiscal y defensor general, más fiscales y defensores regionales- vencerán en abril.
El proceso
Entre agosto y setiembre pasado, el gobierno puso en marcha el mecanismo de selección para las nuevas autoridades de MPA y MPD. Sorteó y constituyó el jurado, abrió la convocatoria y recibió los planes de trabajo de los postulantes. Pero desde su origen, el procedimiento generó dudas y una polémica con la oposición que fue increscendo. Objetaron normas dictadas, incluso, de manera previa a la convocatoria pública; cuestionaron la manera en la que se sortearon los integrantes del jurado, y la discrecionalidad del presidente del Consejo de la Magistratura. Hablaron de falta de transparencia, y alertaron que el concurso estaba "viciado por sospechas y rumores". El elemento que terminó por detonar el proceso fue la difusión de un audio del secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, en el marco de la causa Sain. El hecho precipitó las renuncias del jurado, y generó un choque más fuerte aún con la oposición. Por decreto, el gobernador resolvió apartar a Somaglia de ese concurso en particular, que quedó en manos de la ministra de Gobierno, Celia Arena; y del Fiscal de Estado, Rubén Weder.
Ambos funcionarios defendieron siempre la legalidad del proceso, y ratificaron su continuidad. Pero otras circunstancias y nuevas pujas desatadas con algunos sectores de la oposición – el envío de pliegos para juzgados comunitarios- paralizaron el trámite. La intención es retomarlo esta semana y poder cerrar diciembre, al menos, con la constitución del nuevo jurado ya definida.