El bloque de concejales de Primero Venado, pidió sobre tablas en la sesión del pasado 5 de abril, que la Secretaría de Justicia, dependiente del Ministerio de Gobierno de Santa Fe, informe sobre la existencia de incompatibilidades para ocupar el Consejo de la Magistratura de los abogados venadenses, Hernán Porta y Janina Ferreyra, ambos funcionarios del Poder Ejecutivo provincial.
Porta, es actual delegado departamental de la Secretaría de Relaciones Institucionales y Sociales del Ministerio de Seguridad de la provincia; mientras que Ferreyra, se desempeña como asesora de Políticas Públicas del gobierno de Santa Fe. Los dos, aparecen como representantes de los colegios de abogados santafesinos ante el Consejo de la Magistratura para el concurso público de oposición, antecedentes y entrevista para cubrir las vacantes de jueces comunitarios de las pequeñas causas de numerosas localidades de la provincia.
Mirá tambiénDengue: se espera un aumento de casos en el sur provincialSi existieran posibles incompatibilidades, desde el Concejo piden que se den a conocer las medidas a adoptar con el concurso finalizado y el que se encuentra en etapa de convocatoria. Por otra parte, solicitan que se informe los antecedentes presentados por los colegios de abogados de Santa Fe sobre Porta y Ferreyra, en cuanto a la reconocida trayectoria en el ejercicio profesional, exigida por la normativa vigente.
En caso de que sea procedente la incompatibilidad, Primero Venado reclama que se remueva de inmediato del Consejo de la Magistratura a doctora Janina Ferreyra, en su carácter de funcionaria del Poder Ejecutivo provincial, evitando con ello la nulidad del concurso en marcha generando un enorme perjuicio a las localidades beneficiadas por los cargos a ocupar.
Cuestionamientos
“Como es de público conocimiento, no existe reunión, evento o presencia en la que Porta no se presente como funcionario del Ministerio de Seguridad. De hecho, concurrió al recinto de este Concejo y fue presentado como tal. En mismo modo ocurre ante los medios de comunicación, en cada nota que le hacen sobre el tema de inseguridad”, fundamentaron desde Primero Venado, con la firma de los concejales Mariana Iturbide, Verónica Ruiz, Juan Ignacio Pellegrini, Leonardo Calaianov y Nahuel Pasquinelli.
En esta línea, remarcaron: “Ferreyra, hasta diciembre del 2022, fue Jueza de Faltas de la Municipalidad de Venado Tuerto, por lo que además de no cumplirse con la ‘no’ injerencia del Poder Ejecutivo en las decisiones del Consejo de la Magistratura, tampoco cumple con el requisito de poseer ‘reconocida trayectoria en el ejercicio profesional de la respectiva especialidad’ para cubrir las vacantes en el Poder Judicial”, ponderaron. Y agregaron: “En este caso, a diferencia de Porta, Ferreyra es miembro titular con gran incidencia en las decisiones que adopte el Consejo de la Magistratura”.
Mirá tambiénVenado Tuerto: presentaron el proyecto para recuperar la planta de residuos incendiadaAsimismo, señalaron que “resulta llamativo y a la vez preocupante que los profesionales elegidos por los colegios de abogados sean al mismo tiempo funcionario del Poder Ejecutivo de Santa Fe. La no injerencia que pretende la norma en el proceso de selección se ve seriamente afectada. También resulta llamativo la actitud insistente del Colegio de Abogados en designar este tipo de perfiles políticos, en especial en un año electoral. Para graficarlo, la doctora Ferreyra cuenta con carteles promocionando su imagen para una eventual candidatura”.
Luego, manifestaron: “Teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la normativa vigente para lograr la mayor transparencia en la selección de magistrados, resulta cuestionable la presencia del doctor Porta como integrantes del Consejo de la Magistratura en el concurso para cubrir los cargos de autoridades del MPA y de la Defensa. Entre ellos, el cargo de fiscal general, defensor general de la provincia y el fiscal regional de la circunscripción de Venado Tuerto”.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.