Miércoles 13.4.2022
/Última actualización 23:01
El Consejo de la Magistratura decidió este miércoles por unanimidad remitir las ternas para designar jueces a la Comisión de Labor para que se vuelvan a discutir cuando se despeje cómo quedara conformado el organismo, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional su integración en diciembre del año pasado y emplazara a reformular su conformación antes de este viernes.
La propuesta de postergar las votaciones de las ternas, que debe hacer el plenario con una mayoría especial de 9 sobre un total de 13 miembros, partió desde el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz.
La audiencia extraordinaria fue convocada por el presidente del cuerpo, el juez penal Alberto Lugones, para organizar las elecciones de representantes de abogados y magistrados para renovar en su totalidad el cuerpo el año que viene, pero también para sancionar un esquema de funcionamiento administrativo después del viernes, cuando ya se haya vencido el plazo de 120 días fijado por la Corte para una nueva integración.
El Consejo tiene entre sus atribuciones la administración del presupuesto de Justicia y designa al administrador general del Poder Judicial que trabaja bajo su órbita, con lo cual debe garantizar poder tomar decisiones de gestión a partir del viernes o muchas de las funciones del sistema quedarán paralizadas.
Este viernes se cumplen los 120 días que en diciembre del año pasado fijó la Corte como plazo máximo para que el Consejo se integrara con 20 miembros, y la presidencia a cargo del alto tribunal, o el Congreso aprobara una ley al respecto.
Desde la salida del fallo a fines del año pasado, el Consejo se abocó a organizar los dispositivos electorales para cumplir con la sentencia, más allá de las críticas abiertas al plazo "exiguo" que fijó la Corte.
La semana pasada, los jueces eligieron a la civilista Agustina Díaz Cordero y los abogados a Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez, en tanto el Senado dio medio sanción a un proyecto del oficialismo que contempla 17 miembros, sin la participación de la Corte, y con un esquema de funcionamiento más federal.
Sin embargo, y más allá de una posible sanción de la ley por parte de los diputados que por ahora aparece incierta, los legisladores no eligieron a sus dos representantes, uno por cámara, que deberían sumarse si finalmente no hay una ley y se vuelve al esquema de 20 miembros que rigió hasta 2006 y que cambió a 13 por iniciativa del kirchnerismo.
El fallo firmado por los cuatro miembros del tribunal señaló que cumplido el plazo de 120 días las decisiones del Consejo serán nulas y anticipándose a ese escenario es que los consejeros pretenden dar un marco legal a la transición entre un consejo y otro.
Las miradas están puestas en la Corte y en la eventual convocatoria a que juren los nuevos miembros por los estamentos técnicos y que el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, asuma la titularidad del Consejo como era hasta 2006.
El kirchnerismo buscaba ocupar, en esta última sesión del Consejo, los lugares que dejaron vacantes los jueces federales Claudio Bonadio (fallecido), Rodolfo Canicoba Corral y Sergio Torres; y los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, a los que intentó desplazar sin éxito. Ya había intentado avanzar con las designaciones dos veces en el último mes pero no lo lograron. Para aprobar esos concursos se necesitan nueve votos, los dos tercios de los actuales trece integrantes del organismo. El oficialismo tiene siete y nunca estuvo cerca de conseguir los dos restantes. La oposición no estaba dispuesta a entregarle al Gobierno esos puestos clave en la Justicia.
Reclaman a Cristina y Massa enviar representantes, pero un juez dijo que no
Juntos por el Cambio elevó los nombres de sus representantes para ocupar los lugares que deben ser completados en el Consejo de la Magistratura de parte de ambas cámaras. Así, el presidente del bloque de diputados radicales, Mario Negri, presentó ante el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, el nombre del representante de la bancada radical para el Consejo de la Magistratura, lo mismo que el presidente del bloque de senadores del Pro, Humberto Schiavoni, ante la titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner.
Los legisladores elegidos por ambos bloques son la diputada Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz) y el senador Luis Juez (Pro-Córdoba). La decisión de Juntos por el Cambio se tomó este martes por la tarde ante la inminencia del vencimiento dado por la Corte Suprema de Justicia en el fallo en el que declaró inconstitucional la ley de 2006 del Consejo de la Magistratura.
Dicho plazo opera el próximo viernes (feriado) y, según el fallo del Máximo Tribunal, a partir de entonces se debe volver a la ley original de 1997, con 20 consejeros.
La ley de 1997 establece cuatro legisladores consejeros por cada una de las cámaras y actualmente sólo hay tres. Para cumplir con la integración original, tanto Diputados como el Senado deben designar un legislador consejero por el bloque que representa la segunda minoría, que son el radicalismo en la Cámara baja y el Pro en la Cámara alta.
Este martes, en tanto, en las horas previas al plenario, un juez federal de Paraná, Entre Ríos, falló en contra de lo que decidió la Corte Suprema de Justicia y le prohibió al Congreso, mediante un fallo, enviar sus representantes al Consejo de la Magistratura. Lo hizo al hacer lugar a una medida cautelar interina que solicitó el diputado del Frente de Todos de esa provincia Marcelo Cassaretto.