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En el conteo previo se imponía el rechazo al proyecto que cuenta con media sanción de Diputados.
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Este miércoles es la jornada donde el Senado de la Nación, luego de la ronda de consultas, debatirá respecto de la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo, según el proyecto aprobado y girado desde la Cámara Baja.
Según los conteos previos hay una mayoría de 37 votos en contra de la iniciativa que logró la aprobación en Diputados.
Una de las decisiones conocidas en la víspera es el adelantamiento de una hora para el inicio de la sesión. De tal modo será a las 9.30 la hora en que se abra el debate. Además, se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria, que cada senador cuente con 10 minutos para argumentar su voto, salvo los miembros informantes, que dispondrán de 15 minutos y los presidentes de bloques, que son los últimos oradores, que dispondrán de media hora cada uno.
Cabe recordar que, si los senadores aprueban cambios en el texto legislativo, deberá regresar a la Cámara baja para que éstos sean refrendados. En cambio, si la mayoría de los senadores vota en contra del aborto, el proyecto caerá de forma definitiva por este año legislativo y recién podrá volverse a debatir el año próximo.
La agencia de noticias DPA destaca cuáles son los aspectos legales que contempla el texto que será debatido en el Senado:
Recuerda que el Código Penal argentino, que entró en vigor en 1921, establece los siguientes casos en los que no se debe penalizar la interrupción del embarazo: cuando se practica con el objetivo de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, cuando el embarazo haya sido producto de una violación o de un “atentado contra el pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”, según la norma.
En 2012, la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal del país, consideró en un fallo que las mujeres víctimas de una violación, ya sean “normales o insanas”, pueden interrumpir un embarazo sin autorización judicial previa ni riesgo a sufrir una sanción penal; sólo es necesaria una declaración jurada en la que conste el delito del que fue víctima la persona que quiera detener el embarazo.
Las reformas
La iniciativa sostiene que toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación y a contar con la posibilidad abortar, en un plazo máximo de cinco días, en cualquier hospital o clínica del sistema de salud del país.
Después de ese lapso, el aborto estará garantizado sólo para los casos de embarazo producto de una violación, si estuviera en riesgo la vida o salud de la mujer o si se diagnosticara la muerte del feto. La práctica del aborto no requerirá de una autorización judicial previa. Los profesionales de la salud podrán negarse a practicarlo, aunque deberán informarlo y los hospitales, reemplazarlos. En tanto, las adolescentes menores de 16 años deberán tener el consentimiento de sus padres.
La iniciativa fue presentada por más de 300 organizaciones sociales, científicas, políticas y de derechos humanos agrupadas en la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que fue creada en 2003. En seis ocasiones anteriores el debate del proyecto no prosperó en el Parlamento por no contar con el aval mayoritario de las bancadas. La Campaña levanta como consigna “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. Además, exhibe como símbolo un pañuelo de color verde.