Lunes 16.9.2024
/Última actualización 21:11
Un panel sobre herramientas para los ciudadanos, en el marco del Segundo Congreso Anticorrupción organizado por la Organización Civil Río Paraná, mostró las diferencias entre una ex funcionaria del gobierno de Mauricio Macri y otro actual, del presidente Javier Milei, respecto de las decisiones centrales de la Casa Rosada frente al tema central de la convocatoria.
María Eugenia Talerico, ex vicepresidenta de la Unidad de Investigación Financiera durante la gestión de Juntos por el Cambio y vicepresidenta de Será Justicia dijo lo suyo y luego, a su turno, lo mismo Miguel Blanco, el titular de la Sindicatura General de la Nación. El intento del oficialismo actual por llevar a la Corte al juez Lijo y la declamada persecución al kirchnerismo que no llegó a la justicia por parte de aquel gobierno, fueron los puntos calientes de ese intercambio.
El contrapunto no fue tenso, ni mereció más comentarios de sus protagonistas y quizás haya pasado inadvertido para parte del muy nutrido auditorio que concurrió a la reunión en el Club del Orden, pero ilustra sobre los temas que separan al jefe de Estado libertario Milei del diputado nacional liberal (de origen radical), Ricardo López Murphy, que tiene su propio bloque. En definitiva, que son más que diferencias personales las que subyacen entre el presidente y el ex ministro de Economía de Fernando de la Rúa.
El panel tuvo cuatro expositores y ciertamente lo central fue advertir a los ciudadanos que cuentan con las herramientas propias de la democracia para rechazar los actos de corrupción que, en parte, fueron mostrados como problemas centrales incluso en términos económicos para los argentinos.
Además de Talerico y Blanco, hablaron Cecilia Goyeneche ex procuradora adjunta y ex fiscal anticorrupción de la Provincia de Entre Ríos (desplazada tras llevar a juicio al ex gobernador…) y Marcos Gómez Martin, asesor en el Congreso del diputado López Murphy, que se extendió sobre las denuncias del legislador sobre el caso "Chocolate…
Coordinó el debate la ex diputada provincial, hoy subsecretaria de Inclusión Educativa de la Provincia, Betina Florito.
Miguel Blanco, debutante en la función pública como titular de la Sigen, recordó que ningún gobierno antes llevó a juicio informes de ese organismo. Y expuso las irregularidades de los fondos fiduciarios creados hace décadas por 2.500 millones de dólares."Me vetó el Kirchnerismo"
María Eugenia Talerico cerró su discurso (ver aparte) con fuertes acusaciones sobre la actual gestión en la Casa Rosada y narró un finalmente abortado ofrecimiento para que sea funcionaria de Milei.
"Si este gobierno, en el que tenemos muchas esperanzas, lleva a Lijo a la Corte y pone a una persona sin ninguna experiencia a cargo de organismos tan importantes como la SIDE, ¿a dónde nos están llevando…", expresó tras recordar la discusión parlamentaria por los 100 millones de pesos asignados al Servicio de Inteligencia del Estado.
Más adelante, aseguró: "yo tuve la propuesta de este gobierno para ser directora de Migraciones… me bajó el kirchnerismo. Y esto es así: me bajó el kirchnerismo. Pero ¿cuánto tiempo hubiera estado yo en el cargo?, ¿cuánto hubiera tardado yo en renunciar, en dar el portazo? Sin dudas, en cuanto propusieran a Lijo a la Corte. Lijo es el triunfo de los corruptos en la mafiocracia", sostuvo.
"Vengo batallando" contra el pliego del juez Lijo como miembro de la Corte nacional, cuya postulación por el presidente Milei "es el premio a todo esto que se tiene que terminar".
"Lijo es el producto de todos esos acuerdos de la políticos, de los sectores judiciales y de la inteligencia que están hundiendo a nuestro país: ¡cómo lo vamos a poner en el superior tribunal de justicia de nuestro país!", bramó.
"Hay vocación de mejorar el control"
Luego de otra exposición, fue el turno de Miguel Blanco, quien acudió por segunda vez a la convocatoria de la Asociación Civil Río Paraná. En 2023 habló como ex coordinador del Foro de Convergencia Empresarial, ahora como sindico general de la Nación.
Su discurso fue más bien descriptivo de su labor en estos primeros nueve meses de gestión, pero dio respuestas generales a las críticas que había escuchado antes sobre el gobierno nacional. E incluso deslizó críticas a sus antecesores.
Describió la auditoría sobre la administración pública hecha al iniciarse la gestión, ordenada por el presidente Milei sobre las gestiones anteriores, y luego agregó: "Soy un asiduo lector de diarios y no recuerdo que haya existido alguna vez en el pasado alguna presentación desde la Sigen para que la Justicia investigue. Ahora cuando hay indicios de corrupción todo va a la Oficina Anticorrupción", comparó.
Más adelante, se extendió: "¿qué pasaba antes?, que las cosas estaban dichas, pero nada más…", que la Sigen producía sus informes, "que hoy uno puede encontrar" sobre incumplimientos que "eran elevados a jefatura de Gabinete y a Presidencia", pero "ahí quedaban, yo creo que iban a un cajón" sin resultados. "Ahora se les está dando importancia", aseguró.
Dijo que en los servicios de auditoría en general, en el ámbito público o privado, hay un concepto central, llamado "ambiente de control" que siempre "se define desde arriba", desde la cabeza de cualquier organización. Sostuvo que eso es lo que ha cambiado.
Puso como ejemplo la histórica asignación de "muchísimo dinero" en los llamados Fondos Fiduciarios que ya fueron cortados y que provocaron fuertes debates en el Congreso. "Había 30 fondos y leí cada uno de los informes" al respecto y "realmente me shockearon". Por décadas hubo "recursos que salían de nuestro alcance y quedaban fuera del alcance de la Ley 24.156", de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
"En buena parte quedaban ahí con muy poca utilización, para que se den una idea hablamos de unos 2.500 millones de dólares. Estaban en cuentas corrientes, en plazos fijos y la utilización real para los objetivos con que fueron creados era mínima (…) Cuando uno revisa los objetivos con que fueron creados verá que eran planes faraónicos, sin plazos, sin metas, sin cronogramas, sin evaluaciones previas, sin beneficiarios identificados o que no definen qué papeles deberían presentar estos beneficiarios, eran unos objetivos generales sin proyectos. Sumados, el Plan Marshall era poca cosa", graficó.
"Algunos van a seguir, con mejores controles. La mayoría se cortó", dijo y se recordó entonces desde el panel que esos fondos fueron lo que provocó el fracaso del proyecto de ley bases.
"En todos los casos en que hemos detectado indicios de corrupción vamos a la Oficina Anticorrupción para que vayan a la Justicia. En todos los gobiernos anteriores no hubo ninguna denuncia de la Sigen que se investigara judicialmente", advirtió.