Controles más simples de legalidad sobre los detenidos en Santa Fe

Sobre tablas y sin debate, la Cámara de Senadores de Santa Fe completó el trámite legislativo para la sanción de una ley que procura liberar de tareas que se consideran burocráticas a los jueces penales, a los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, a los defensores del Servicios Público Provincial de la Defensa Penal y a la Policía. Se busca "optimizar el uso de recursos humanos, respetar los principios constitucionales y mejorar el sistema de justicia", de acuerdo con lo expresado en Diputados por el radical Martín Rosúa, autor de la iniciativa.

Se trata de una enmienda al recientemente reformado artículo 214 del Código Procesal Penal (Ley 14.258) que antes pasó el filtro de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja y que en la alta logró una veloz aprobación, sin disidencias.

Al momento de la media sanción a fines de mayo, seis diputados justicialistas se abstuvieron y los tres del bloque Frente Amplio por la Soberanía votaron en contra. Al oficialismo y otras fuerzas más afines al movimiento celeste y el gobierno nacional no le resultó un problema reunir 31 votos (Unidos para Cambiar Santa Fe tiene 28 diputados).

Hoy, "en menos de 96 horas, un detenido es llevado dos veces ante un juez y en la primera audiencia, que dura entre dos y cuatro minutos y se carece de litigio", explicó el diputado en su momento. Y aclaró que con la modificación que ahora es ley (solo resta su promulgación): "No eliminamos la instancia y se puede realizar a pedido de las partes".

No solo se distraían recursos del MPA. También, un móvil policial debe trasladar al detenido al edificio de Tribunales para comparecer ante el juez y ser llevado nuevamente al lugar de detención. En pocas palabras, "en lugar de estar afectado al control de calle, un móvil policial está afectado a llevar y traer detenidos", indicó.

Tal como la norma estaba redactada se creaba "un aumento exorbitante en el número de audiencias de trámite de cumplimiento obligatorio", que ocuparían de no corregirse "gran parte del cronograma diario realizado por la Oficina de Gestión Judicial, dinamitando así la agenda diaria del sistema".

Con la modificación que modifica la reforma hecha hace apenas un par de sesiones, la audiencia para que se controle la legalidad de la detención del imputado se realizará cuando lo pida el acusado privado de su libertad. No de manera obligatoria o como "mero ritualismo", según el impulsor de la corrección.

"En todos los casos que medie pedido de parte interesada, el imputado deberá ser llevado ante los estrados judiciales a fin de que el Tribunal controle sumariamente la legalidad de la detención, lo que deberá realizarse dentro de las 24 horas desde la formulación del pedido de control", reza el nuevo texto

"Ni el Ministerio Público de la Acusación (MPA), ni el Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP), ni las fuerzas policiales asignadas, tienen los recursos materiales y humanos para hacer frente a ese incremento exponencial del audiencias diarias", apuntó Rosúa.