Causa Vicentin: el pedido de avocación busca "evitar fraude" y propicia el salvataje estatal

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe avanza esta semana con el trámite del pedido de avocación en la causa Vicentin, mientras ahora desde la empresa se sumó el planteo para que el expediente sea devuelto al juez del concurso, Fabián Lorenzini. Desde el gobierno nacional, específicamente a través del Banco Nación y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), la expectativa es que por esa vía se impida el acuerdo con los acreedores (mediante una propuesta que califican como "fraudulenta") y se pueda avanzar con el proceso de "salvataje" o "cramdown" desde el Estado.

El cramdown es, precisamente, la posibilidad que se abre una vez agotado el llamado "período de exclusividad", durante el cual es sólo la empresa quien formula propuestas a los acreedores. Para lograr un acuerdo en un concurso preventivo se requiere la mayoría absoluta de personas y dos tercios de capital con los acreedores quirografarios. En este caso, la empresa asegura que estaba en condiciones de lograrlo antes de que venciera el plazo el día 30 de junio; mientras que algunos acreedores (entre ellos los bancos oficiales) impugnan la manera en que se iba a producir ese acuerdo y buscaron bloquearlo, para forzar la búsqueda de otro mecanismo que, a su entender, sí garantice la continuidad de la empresa, la preservación de los puestos de trabajo, los intereses de todos los acreedores e incluso el orden público.

El proceso especial de cramdown habilita a que los acreedores o cualquier tercero puedan ofrecer otra propuesta de pago sustituta que, en caso de ser aprobada y cumplida, le da al oferente la propiedad de la empresa en crisis. Es decir: el que paga a los acreedores se queda con la empresa, que es la manera de "salvarla", ya que de fracasar esta última posibilidad, el paso siguiente es la quiebra.

De qué se trata

En esa línea se produjo el pedido de avocación presentado por Commodities SA, al que se sumaron el Banco de la Nación Argentina y el BICE, y en orden a ella el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, suspendió los plazos procesales del concurso, para que el Tribunal resuelva si hace lugar o no a ese planteo. La medida dispuesta por Gutiérrez se limita a pedir el expediente al juez y a suspender en tanto los plazos procesales. En tanto tal, no está fundada, pero se basa en las razones invocadas por quienes piden la avocación.

A su vez, la avocación que se solicita es una medida que, en Derecho Administrativo, implica la intervención de un órgano superior, cuando el inferior incurre en alguna irregularidad o arbitrariedad que debe ser subsanada. No es de uso frecuente en el Poder Judicial, donde cada magistrado avanza con el proceso sin intervención de otro órgano, excepto para revisar a posteriori sus decisiones a partir de la presentación de un recurso por quien se sienta perjudicado.

En este caso el grupo Commodities lo pide invocando "gravedad institucional, ineficacia de cualquier otra vía y excepcionalidad", atento a la "magnitud de la insolvencia de Vicentin". Invocan también la configuración de un supuesto de afectación del "orden público económico".

En la argumentación, mencionan, entre otras cosas, que la propuesta formulada por la firma a sus acreedores es "fraudulenta", por cuanto Vicentin venció el 33 % de las acciones de Renova S.A. (empresa que forma parte del grupo) a Viterra (uno de sus socios, controlada por un grupo extranjero), mientras pesaban dos medidas cautelares de no innovar. También sostienen que la propuesta de pago es "abusiva", por cuanto para algunos acreedores implica una quita del 80 %. Y cuestionan el accionar del juez Lorenzini, por haber permitido estas operaciones.

Interés público

El Banco Nación se sumó a este planteo, sobre la base de coincidir en que en "el exorbitante proceso colectivo (…) se hallan comprometido no sólo los intereses de los acreedores individuales, sino los de la comunidad local y nacional en su conjunto".

Tras detallar lo que entiende como irregularidades y "un sinnúmero de antijuridicidades" en el proceso, que justifican la intervención inmediata de la Corte, avanza en la consideración de que "la única salida alternativa a la inevitable falencia y con extensión de quiebra (…) es transitar prontamente la 'segunda ronda concordatoria', 'salvataje' o 'cramdown', dado que a todas luces es inviable lo que ha ensayado hacer la multideudora colectiva en el estadio del período exclusividad de su amañado (y estéril) proceso concursal, tal como se viene insólitamente desarrollando hasta el presente".

En su presentación adhiriendo también al pedido, el Bice tampoco ahorró adjetivaciones para considerar a la última propuesta de Vicentin "un diáfano intento de pretender solapar cláusulas abusivas en fraude a los acreedores y contrarias a la ley". Y considera que "luce a ojos vista que es irracional y abusiva por su oscura complejidad, y porque impone una quita que excede toda pauta mínima de índole moral y acorde a las buenas costumbres, provocando una licuación absoluta y arbitraria de los créditos y un despojo patrimonial inaudito e inaceptable".

En las últimas horas, además de la presentación de Vicentin para que se devuelva el expediente a Lorenzini, el propio juez hizo su descargo por escrito ante la Corte. Desde el Tribunal, en tanto, corrieron traslado de esa presentación a la empresa concursada, a los síndicos y los acreedores. En tanto, continúa con el análisis de si se avoca o no a la cuestión. Una decisión que, más allá de la premura de algunos de los actores, no se produciría hasta después de la feria judicial de julio o incluso en los primeros días de agosto.

Piden audiencia pública en Diputados

En la Cámara de Diputados, la Comisión de Seguimiento del caso Vicentin resolvió impulsar una audiencia pública en el recinto para el 10 de agosto, al mismo tiempo que este miércoles recibirán a los fiscales que llevan adelante las causas penales económicas, Miguel Angel Moreno y Sebastián Narvaja.

La propuesta de la audiencia pública fue realizada por el diputado provincial Rubén Giustiniani y será presentada en la próxima sesión del cuerpo el jueves 7 de julio.

La reunión de la comisión sirvió para intercambiar información sobre la medida de la Corte Suprema de Santa Fe, que suspendió los plazos del concurso mientras resuelve si le saca el expediente al juez de Reconquista Fabián Lorenzini.

También para analizar "los movimientos que determinan la suerte de la empresa Renova en todo este proceso, y la necesidad de revalidar los tres puntos básicos que desde el inicio ha marcado este grupo de legisladoras y legisladores: defensa de las fuentes laborales, presencia nacional en el mercado exterior de granos y devolución del dinero fugado al pueblo argentino a través del Banco Nación", explicaron sus integrantes.

Por otro lado la comisión insiste con el pedido a los gobiernos, nacional y provincial, para que "se involucren activamente en la reactivación de Vicentin", dijeron.

Participaron de la reunión los diputados María Laura Corgnialli, Betina Florito, Luis Rubeo, Rubén Giustiniani, Fabián Palo Oliver, Ariel Bermúdez y Carlos del Frade