Crece la controversia por la cobertura médica de personas con discapacidad

En el ámbito de la salud crece la controversia por un decreto que el Gobierno nacional estudia implementar mediante el que pretende avanzar con la desregulación de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

La semana pasada se desarrolló una manifestación en distintos puntos del país para pedir que no se concrete este proyecto. Y este miércoles la preocupación de familiares y prestadores fue respaldada en la Cámara de Diputados de la Nación.

Durante la reunión, los diputados manifestaron preocupación por la posible desregulación de aranceles en las prestaciones. Sin embargo, desde el oficialismo se transmitió que no saldrá el mencionado decreto.

La comisión de Discapacidad de la Cámara baja dictaminó un proyecto de ley referido al sistema de prestaciones básicas para ampliar las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad.

El proyecto instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral donde se contemplan acciones de prevención, asistencia, promoción y protecciones para brindar una cobertura integral.

El dictamen contó con un amplio respaldo de todas las bancadas parlamentarias y se alcanzó luego de unificar dos proyectos de los diputados de Unión por la Patria, Daniel Arroyo y Eduardo Valdes; y de Natalia de la Sota de Hacemos Coalición Federal.

Los legisladores se comprometieron en pedir "rápidamente" el tratamiento en la comisión de Presupuesto y Hacienda, que conduce el libertario José Luis Espert, más reticente a a tratar iniciativas que comprometen los recursos del Estado nacional, en el marco del programa de ajuste fiscal implementado por el presidente Javier Milei.

Reunión con ANDIS y la garantía de Lemoine

En la reunión de la comisión de Discapacidad, los legisladores pusieron de manifiesto la preocupación que genera el proyecto del Ejecutivo de desregulación de los aranceles de las prestaciones.

De todos modos, Arroyo informó que, como se había fijado en el último encuentro, se llevó a cabo una reunión en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) con su director, Diego Spagnuolo, quien se comprometió a revisar el proyecto de desregulación del Sistema Único de Prestaciones Básicas de las Personas con Discapacidad.

En el mismo sentido, la diputada oficialista Lilia Lemoine expresó el compromiso de que el cuestionado decreto no avanzará. "Reiterar lo mismo que comunicamos en la reunión de ANDIS: el decreto no va a salir. Es un borrador que no se va a firmar. No tienen de qué preocuparse porque no se van a limitar las prestaciones", aseguró Lemoine, que además propuso una capacitación sobre lengua de señas para "demostrar compromiso en la integración".

A continuación, el diputado Valdés agradeció la comunicación de Spagnuolo y Lemoine, pero pidió que sea el propio Ejecutivo quien transmita de manera oficial la intención de no avanzar con el decreto. "Sería muy bueno que la fuerza política que gobierna comunique la noticia de que no va a avanzar con el borrador, porque en el colectivo de las personas con discapacidad existe una gran preocupación en torno a este tema".

Francos denunció pensiones "irregulares"

El tema de la cobertura de las personas con discapacidad tuvo un segundo capítulo por la tarde cuando el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a denunciar el otorgamiento "irregular" durante las gestiones anteriores del 80% de las pensiones por invalidez.

En su cuenta de la red social X, Francos publicó una serie de mensajes en el que indicó que “una auditoría de @andiscapacidad sobre 3mil pensiones tomadas al azar demostró que el 80% no reunía los requisitos mínimos para ser otorgadas. Proyectado al total de las pensiones, esto implica un gasto de USD2400 millones anuales sin fundamento".

“En 2003 había 79 mil pensiones por invalidez. Año a año se incrementaron, con excepción del período del presidente Macri, hasta llegar a 1.215.000 en 2023, lo que representa un costo anual de USD 3 mil millones”, ahondó el Jefe de Ministros.

En el gráfico anexado por Francos se detalla que Buenos Aires es la provincia que tiene la mayor cantidad de pensionados por invalidez con 302.794. Luego la sigue Chaco con 99.088 personas que perciben esta asignación. A continuación señala que en Córdoba son 85.599 el total de la población pensionada por invalidez. Y Santiago del Estero le sigue con 83.823 beneficiarios del programa.

La pensión no contributiva por invalidez es una asignación monetaria pagada por la Anses y su monto equivale al 70% de una jubilación mínima. Es decir, $144.851,77. En el Gobierno calculan que si se le sumara el bono de $70.000, la prestación superaría los $200.000.

El gobierno de Javier Milei comenzó a implementar a mediados de marzo la auditoría en el área de Discapacidad, que integran más de un millón de personas en el país. En este primer corte de 3000 personas difundido por la administración libertaria da datos globales de los beneficiarios poniendo el foco en las presuntas irregularidades de las pensiones otorgadas.

Acceso integral y un Directorio

El proyecto que obtuvo dictamen de comisión fija que “la universalidad deberá garantizarse de manera tal de asegurar el acceso integral a prestaciones, servicios de igual calidad, sin discriminación para todos los beneficiarios del Sistema a través de una política arancelaria única”.

Además, crea el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad que tendrá como misión asistir a la Agencia Nacional de Discapacidad en la administración e implementación del sistema de prestaciones básicas de atención integral y universal a favor de las personas con discapacidad, diseñando la formulación de la política prestacional y la determinación de los valores arancelarios.

De aprobarse, ese directorio será presidido por el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad e integrado por un representante del ministerio de Salud, el ministerio de Economía, de las secretarias de Educación y trabajo, de la superintendencia de la Superintendencia de Servicios de Salud, de la Super intendencia de Riegos del trabajo, del Pami, del Consejo Federal de Salud, y dos representantes beneficiarios del Sistema de Prestaciones Básicos de las organizaciones de la sociedad social.