El Colegio Público de Abogados porteño se sumó a las reacciones por la embestida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra el Poder Judicial y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ante el avance de las causas en su contra, y alertó sobre los riesgos de “socavar la confianza y la credibilidad de la sociedad en sus sistema de Justicia”.
Colegio Público de Abogados porteño
Nuevo repudio al ataque de Cristina contra la Justicia
La institución que encabeza Ricardo Gil Lavedra remarca que el mal accionar de los jueces puede ser subsanado dentro del sistema, y no socavándolo a través de la deslegitimación.
Diputado Ricardo Gil Lavedra /Crédito: Juan Vargas 14:44
Ante las recientes declaraciones públicas de Cristina con dos videos en Twitter, de las que inmediatamente se hicieron eco el ministro de Justicia Martín Soria y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, “que ponen en duda la independencia e imparcialidad de las/los juezas/ces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y otros tribunales inferiores”, los abogados consideraron necesario señalar que “cualquier cuestionamiento al acierto de las decisiones judiciales o a la conducta de las/los magistradas/os encuentra su subsanación en el derecho positivo argentino o, incluso, a través del sistema convencional de protección de los derechos humanos. En cambio, deslegitimar públicamente a las/los juezas/ces, aprovechando la alta investidura que confiere el voto popular, no hace más que desprestigiar la función judicial, así como también socavar la confianza y la credibilidad de la sociedad en su sistema de justicia”.
En tal sentido, la entidad que encabeza Ricardo Gil Lavedra remarcó que “no hay democracia posible sin una justicia creíble y eficaz. Todos los ciudadanos y las ciudadanas, y especialmente las/los funcionarias/os públicas/os, debemos contribuir al respeto que merecen las decisiones de las/los juezas/ces y a fortalecer la percepción popular en la independencia e imparcialidad del poder del Estado que imparte justicia en su nombre.
“El Estado de derecho vigente en la República Argentina contempla los mecanismos adecuados para anular o modificar las sentencias que no se ajusten a la ley y, asimismo, para separar a aquellas/os magistradas/os que incurran en mal desempeño de sus funciones. Ese es el camino que corresponde, no el de la denostación pública”, concluyeron
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