De la redacción de El Litoral
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La presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió anoche anticipadamente al país. Afronta un paro de camioneros que, lejos de ser el reclamo de una paritaria, es la inminente amenaza de una verdadera implosión en la arquitectura de poder que sostuvo hasta aquí al kirchnerismo.
Hugo Moyano es un enemigo íntimo. Acumuló poder, caja y afiliados con las banderas de la resistencia de los ’90, el amparo de la Casa Rosada y mecanismos de obstrucción y extorsión para conseguir con bloqueos y por imposición de la fuerza, lo que ningún diálogo o marco legal pudo garantizar con medios más razonables.
Ahora, el camionero le da a Cristina una dosis de esa misma medicina. Y el gobierno por ahora no encuentra mejor reacción que la formalidad de una denuncia penal y una multa. No porque no corresponda, pero eso no le va a solucionar a la gente el problema de dónde ir a cargar nafta, dónde comprar leche, dónde conseguir medicamentos. Así de grave puede ser lo que pasa si no hay capacidad de gestión.
Menos republicana que ambiciosa, la carga está en la lucha por el poder, lisa y llana. El detonante es una discusión salarial atravesada por las tensiones entre el relato oficial y los hechos. El camionero y hasta hoy líder de la CGT pide 30 % para compensar los efectos de la inflación, pero además reclama que se elimine el impuesto a las ganancias de los trabajadores.
Inflación y carga impositiva. Un tema en el que la sociedad -más allá de los métodos de Moyano- está afectada a lo largo y a lo ancho. En la clase media, ante la góndola; en los sectores financieros y empresarios, ante el tipo de cambio, que genera problemas para producir y comerciar; en los menos favorecidos, ante la pérdida de efectividad de la ayuda social.
Ahora, el problema desafía no sólo la capacidad de gestión inmediata del gobierno; también le pone un límite infranqueable a la presidenta: no basta con negar los problemas para solucionarlos con el devenir de mejoras que en algunos casos se pueden contemplar, pero que no siempre se verifican.
La gendarmería y un puñado de camiones para reponer combustible parecen por ahora como los planes de milanesas o pescado para todos. Sirven para el cartel, pero no le dan soluciones “para todos y todas” . Es poco lo que el gobierno nacional exhibe por ahora para devolver el cauce razonable a la realidad.