Cristina Kirchner negó cualquier vínculo con el lavado de dinero

Cecilia Caminos | polí[email protected]

“Podrán seguir vigilando mis movimientos y los de mi familia, escuchar de manera clandestina mis conversaciones telefónicas o excavar toda la Patagonia argentina o donde mejor se les ocurra, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme, porque jamás me apoderé de dinero ilícito alguno”, afirmó la ex mandataria.

Tras recibir el apoyo de decenas de seguidores, Fernández de Kirchner presentó un escrito ante el juez Sebastián Casanello en los tribunales federales del barrio de Retiro de Buenos Aires.

El magistrado la investiga en la causa conocida como “la ruta del dinero K” por la que está detenido el empresario Lázaro Báez, de estrechos vínculos con el poder durante los gobiernos kirchneristas y que obtuvo multimillonarios contratos de obras públicas.

La ex presidenta y actual senadora de la opositora Unidad Ciudadana peronista consideró “una grave irregularidad” haber sido citada a declarar a instancias de la Cámara Federal, que consideró que pudo haber sido coautora de los delitos de lavado de dinero que se le imputan a Báez. Según señaló en el escrito, el juez es el único habilitado por la ley procesal para citar a una declaración indagatoria.

“Por octava vez voy a prestar declaración indagatoria a (los tribunales federales de) Comodoro Py, lugar donde ya no rige ni la Constitución, ni los códigos de fondo ni de forma”, afirmó la ex presidenta en su cuenta de Twitter.

“Esta vez me encuentro en una situación inédita. El juez que me cita reconoció, en cuatro oportunidades, que no hay ningún hecho ni prueba que me vincule con la causa a su cargo. Pero tuvo que llamarme a indagatoria porque se lo ordenó la Cámara a pedido expreso de la UIF (Unidad de Información Financiera) que, por decisión de Mauricio Macri, está a cargo de Mariano Federici, ex asesor del FMI. O sea: es una indagatoria a pedido. Más claro, echale agua”, sostuvo.

Según señaló en su escrito, “lo que resulta aún más grave es que se me cita a prestar declaración indagatoria sin que exista ningún estado de sospecha sobre la comisión de algún delito que me pueda ser atribuido”.

Fernández de Kirchner sostuvo que la Cámara Federal “ha hablado genéricamente de que sería coautora de todas las maniobras por las que se encuentra enjuiciado Lázaro Báez -de cuyo patrimonio además y también según la Cámara, sería la dueña-” y aseguró no haber participado en esas operaciones.

“No hay pruebas”

“No sólo desconozco por completo esta supuesta maniobra, sino que no existe ningún elemento de prueba que me vincule a la misma. Jamás tuve cuentas bancarias no declaradas, ya sea sola, con Lázaro Báez o con cualquier otra persona. Todos los activos de nuestra familia están y seguirán estando en la República Argentina y siempre fueron incorporados a nuestras declaraciones juradas impositivas”, afirmó.

La nueva presentación de la ex presidenta ante la Justicia tuvo lugar un día después de haber sido acusada formalmente como supuesta líder de una asociación ilícita que entre 2003 y 2015 recaudó sobornos de empresas a cambio de beneficiarlos con contratos para obras públicas, en el marco de la causa conocida como “los cuadernos de la corrupción”.

La decisión fue adoptada por el juez federal Claudio Bonadio, quien procesó a Fernández de Kirchner y a otras 41 personas, entre ex funcionarios kirchneristas y empresarios. Bonadio también solicitó la prisión preventiva de la ex presidenta, quien goza de inmunidad como senadora, por lo que debe enviar el pedido de desafuero a la Cámara alta.

El magistrado se fundó en los testimonios de ex funcionarios y empresarios, que reconocieron el pago de sobornos. En particular, se basó en la declaración del ex secretario de Obras Públicas José López, quien dijo que Fernández de Kirchner era la dueña de los nueve millones de dólares que él intentó ocultar en 2016 en un convento de monjas.

El juez embargó los bienes de Fernández de Kirchner por 4.000 millones de pesos (99 millones de dólares).

Es el sexto procesamiento judicial que enfrenta la senadora y ex presidenta desde que finalizó su gestión el 9 de diciembre de 2015 en diversas causas por los supuestos delitos de corrupción e irregularidades en su gestión. Tres causas ya fueron elevadas a juicio oral.

Una vecina denunció dónde estaba Thomas

El exdirector de la Entidad Binacional Yacyretá resistió 48 días libre y cayó por una llamada este martes 18 de septiembre cuando estaba en un departamento en la ciudad de Buenos Aires.

Fue una vecina del edificio ubicado en Barrio Norte la que lo delató. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich señaló que además había recibido información por un mensaje que le llegó a su WhatsApp personal.

Thomas era buscado desde el inicio de la causa, y en Posadas se realizaron allanamientos en diferentes domicilios que serían del exdirector de la EBY, también en Candelaria. Luego se realizó un allanamiento en Uruguay.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich confirmó que días atrás recibieron dos datos concretos: “uno que llegó a mi WhatsApp personal, que inmediatamente lo pasé a nuestro sistema y a la Dirección Nacional de Inteligencia criminal; y el otro fue un llamado al 134”, indicó.

La ministra de Seguridad agregó que la Policía Federal pidió autorización al juez para hacer los allanamientos en Barrio Norte tras chequear que los datos eran verosímiles.

En el caso de la vecina que llamó, las autoridades analizan si jurídicamente corresponde que la Escribanía General de la Nación entregue el dinero y, de ser así, cobrará la recompensa. “En principio creemos que le corresponde porque dio el dato concreto que permitió llegar a Thomas. Los datos son confidenciales, nadie sabrá la identidad de la persona que dio la información”, concluyó.

Según el chofer Oscar Centeno, el exdirectivo de la EBY pagó una coima de US$ 1.100.000 en 2009 y otra en 2013.

En las anotaciones, el remisero que acompañaba al exfuncionario Roberto Baratta a cobrar los sobornos escribió: “Mientras viajábamos lo llamó al jefe y le dijo que entre Yacyretá y Transporte habían aportado para la corona US$ 657.000” .

Días atrás su abogado, José Manuel Ubeira, había asegurado en declaraciones radiales que su defendido no se entregaría hasta que la Justicia le garantizara la eximición de prisión ya que no quería presentarse en calidad de arrepentido “porque no vivió nada de lo que se dice” y “no tiene por qué involucrar a gente falsamente”.