A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 829/ 2002 el gobierno nacional modificó el presupuesto 2022 y, entre otras partidas, reasignó fondos para el transporte del interior del país.
Es una partida de 48 mil millones de pesos que servirán para atenuar la difícil situación del sector. Los actores habían advertido la posibilidad de paros que quedarían desactivados con este dinero.
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 829/ 2002 el gobierno nacional modificó el presupuesto 2022 y, entre otras partidas, reasignó fondos para el transporte del interior del país.
Según el artículo 19 de la norma, que lleva la firma de Alberto Fernández y los ministros de su gabinete, se prorroga el ”Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País, por un importe de $48.000.000.000”.
En ese sentido, en el DNU explicaron que el objetivo de este reasignación presupuestaria es “continuar brindando un marco transicional que tienda a compensar posibles desequilibrios financieros a aquellas jurisdicciones asistidas en tal sentido por parte del Estado Nacional”.
Al mismo tiempo, aclaran que será el Ministerio de Transporte “el encargado de establecer los criterios de asignación y distribución de dicho fondo, como asimismo toda la normativa complementaria que resulte menester”.
Y cierra el artículo 19°: “Las provincias que adhieran a dicho fondo deberán juntamente con las empresas de transporte implementar el sistema de boleto único electrónico”.
La semana anterior, una de las partes intervinientes en el sistema de transporte urbano del interior del país había manifestado su preocupación por no saber si iban a contar con los fondos que finalmente se reasignaron este miércoles.
A través de un comunicado de prensa, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), advirtió que ante la falta de estos recursos no podrían afrontar la segunda cuota del aguinaldo y podrían realizar medidas de fuerza, concretamente, restringir los servicios.
El DNU estableció una partida de $ 69.802.050.728 destinada al pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial por la parte que corresponda abonar en efectivo por todo concepto, como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones correspondientes a retirados y retiradas y pensionados y pensionadas de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal.
Además, destinó $ 72.577.242.261 como crédito presupuestario para transferencias a cajas previsionales provinciales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Por otra parte, el decreto también incrementó en $ 5.500 millones el monto destinado al pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial y administrativa y aquellas deudas previsionales establecidas en los acuerdos transaccionales, como consecuencia de retroactivos originados en ajustes practicados en las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a cargo de la Anses, quedando en consecuencia determinado en $ 84.777 millones.
En otro orden, se determinó que los ministerios del Interior, de Economía y de Turismo, y Jefatura de Gabinete deberán constituir una aplicación financiera gratuita a favor del Tesoro Nacional por $ 82.000 millones, $ 7.000 millones, $ 6.000 millones y $ 75.000 millones.
A efectos de su instrumentación, el decreto dispuso la emisión de pagarés del Gobierno a esos organismos, por los mismos montos, con fecha de emisión el 15 de diciembre próximo, y vencimiento el 15 de marzo de 2023.
Por otra parte, se determinó un incremento por $ 1,1 billones para operaciones de crédito público con plazo mínimo de amortización de 90 días.
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