El interventor de la EPE, Mauricio Caussi, estimó que la caída en el uso de energía está entre 10 y 15% desde el inicio de las restricciones por el aislamiento social, obligatorio y preventivo; que la recaudación de abril ya está en el orden del 50% de lo emitido y dejó interrogantes sobre la negociación de la deuda con Cammesa, la distribuidora eléctrica nacional.
Finalmente ayer se realizó la reunión que había solicitado Rubén Giustiniani (Igualdad) y votado en febrero por la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Cámara de Diputados. La presidenta de la comisión, Clara García (PS) invitó a los jefes de bloque para tomar parte del encuentro que se hizo en forma virtual y que se prolongó durante casi tres horas. Entre los participantes estuvo Fabián Bastia (UCR) quien hasta diciembre del año pasado ocupó la vicepresidencia del directorio de la EPE, ahora intervenido. El radical optó por dejar de lado la polémica por la deuda con Cammesa aunque tras la reunión señaló que la EPE perdió autonomía y vio supeditadas muchas de las decisiones a las que adopte el gobierno nacional.
La reunión de ayer la inició Giustiniani con una batería de preguntas sobre política tarifaria, cortes, deuda con Cammesa, facturación y pagos. Luego hubo preguntas de otros diputados, entre ellos Alejandro Boscarol (Juntos por el Cambio) quien quiso conocer las razones de la intervención a la empresa dispuesta en el inicio de la gestión de Omar Perotti. “No piensan cosas raras, queríamos saber con qué nos encontramos. Como interventor tengo las mismas atribuciones que tiene un directorio” aclaró. Luego, García dijo esperar que la próxima reunión sea ya presidente del directorio.
“Tenemos muchos números que nos dejó el interventor” valoró Giustiniani, tras el encuentro.
Caussi recordó que las tarifas de la EPE vienen congeladas desde principios de 2019 y “en campaña el gobernador (Perotti) planteó su predisposición para que esto siga así”. Hizo notar que la prórroga por 120 días dispuesto días atrás lleva hasta mediados de julio la medida, plazo superior al dispuesto por el gobierno nacional. Señaló que a futuro se está conversando con el gobernador pero todo estará muy supeditado a la decisión que adopte Cammesa y el gobierno nacional. “Vamos a ir viendo la evolución de los números de la empresa y las novedades de Cammesa”. No obstante calificó de “aventurado” decir que continuará el congelamiento.
Caussi fue muy cauto en cuanto a la política de corte por falta de pagos. “La EPE venía con dinámica de no corte especialmente en sectores vulnerables, tampoco para afectar la actividad económica e incluso tomamos la decisión de no proceder a los cortes residenciales en condiciones normales. Le pedimos a la gente que permanezca en sus hogares y no podemos cortarle el suministro”. Después explicó el nuevo decreto del gobernador que ordena cortarle el servicio a las empresas que no respeten los protocolos de seguridad sanitaria. Explicó que se acordó una mecánica de trabajo con los ministros de la Producción y de Trabajo y después se comunicará la decisión a la autoridad municipal o comunal donde esté radicada la empresa infractora. “Hasta ahora, gracias a Dios, no debimos poner en práctica ese decreto”, afirmó.
Sobre la situación con Cammesa, evitó meterse en la polémica de meses atrás y expuso las deudas y la mirada hacia el futuro. “Adeudamos a Cammesa la factura de diciembre que es sobre consumos de octubre y que totalizó 2.100 millones; la de enero sobre consumos de noviembre de 2.200 millones; se debate una parte de febrero donde pagamos mil millones de una factura de 2.600 milloines. Habíamos empezado a pagar la factura de marzo y se desató la pandemia por lo que quedan 600 millones y en abril vencerán unos 2.400 millones”, detalló. Sobre la cancelación habló de que parte será deuda consolidada en el marco de la ley de Necesidad Pública y el resto están negociando pagos con cheques diferidos y un horizonte de financiamiento de 18 a 30 meses. Aclaró que hay conversaciones con el resto de las distribuidoras y Cammesa.
En cuanto al cobro de facturas, Caussi se detuvo en que el presupuesto 2020 de la provincia estableció un ingreso a la EPE de 50.600 millones aunque la gerencia comercial previó menores ingresos entre 6 y 7 mil millones. “La cobranza de enero y de febrero estuvo cercana a lo previsto por la gerencia comercial. Marzo tuvo una caída estrepitosa en los últimos once días cuando apenas cobramos el 30%. Hoy en abril ya estamos en el 50%”.
Los números del consumo los encuadró en que dos tercios de los grandes usuarios que están en la provincia y que tienen el 80% del consumo está exceptuados del aislamiento. En tanto, la permanencia de la gente en sus viviendas permitió el aumento del consumo domiciliario. “La caída no fue tan pronunciada en el sector productivo y aumentó en el domiciliario. El balance es una caída de 10 a 15%”, afirmó.
“No hay plan de obras para este año y el Fondo de Electrificación Rural (FER) no sabemos quien lo lleva adelante porque desmantelaron la Secretaría de Energía” cuestionó Bastia. El radical entiende que el gobierno provincial supeditará la tarea de energía a las políticas nacionales.
Julián Galdeano (Juntos por el Cambio) insistió mucho en los aspectos de legalidad del decreto que permite cortarle el servicio a empresas que estén violando la cuarentena. “Esto puede generar mayores perjuicios en virtud de futuros litigios judiciales” le advirtió. Caussi les dijo que el gobernador lo llamó antes de tomar la decisión y señaló que Perotti tiene un equipo de abogados que tuvo en cuenta los aspectos legales del decreto.
Uno de los datos que suministro Caussi a los legisladores es que durante abril facturó 28 mil millones a todas las distribuidoras de energías del país y cobró menos del 10%. “El sistema está jaqueado”, señaló.
El pleno de la Cámara de Diputados votó este jueves un pedido para que la EPE suspenda la aplicación de los contratos de compra fija de potencia de energía vigentes, suscriptos con los usuarios imposibilitados de ejercer su actividad económica, como consecuencia y durante el tiempo que se encuentre vigente la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio. La minuta, elaborada por Bastia, solicita además que la empresa “se abstenga de emitir facturas sin realizar la medición precisa acudiendo al mecanismo conocido como estimación, particularmente a los usuarios imposibilitados de ejercer su actividad económica, como consecuencia y durante el tiempo que se encuentre vigente la medida de aislamiento.