El Gobierno Nacional emitió el Decreto 1084/2024, a través del cual introduce importantes restricciones sobre el uso de los bienes públicos. Esta resolución busca evitar que los recursos estatales sean utilizados para promoción personal, propaganda política o glorificación de figuras políticas, priorizando la neutralidad y el interés colectivo.
Boletín oficial
Adiós a la propaganda política en bienes del Estado: lo que establece el nuevo decreto
Según el documento, se busca erradicar el uso indebido de los recursos públicos y garantizar que la administración estatal esté al servicio de todos los ciudadanos.
La medida tiene como eje principal erradicar prácticas que, según el Poder Ejecutivo, atentan contra los principios republicanos y la equidad política. 10:15
La medida, publicada en el Boletín Oficial tiene como eje principal garantizar la transparencia en la administración pública y erradicar prácticas que, según el Poder Ejecutivo, atentan contra los principios republicanos y la equidad política.
El decreto prohíbe expresamente la colocación o difusión de imágenes, símbolos o cualquier otra referencia personal que pueda interpretarse como propaganda política en edificios, monumentos, obras públicas, oficinas y otros bienes estatales. Esta medida tiene como objetivo eliminar prácticas que promuevan la imagen de funcionarios públicos o partidos políticos mediante recursos financiados con dinero de todos los ciudadanos.
“La administración pública debe mantenerse neutral y ajena a los intereses partidarios o personales. Es fundamental garantizar que los bienes del Estado sirvan únicamente al bien común”.
Restricciones para nombrar bienes públicos
Uno de los puntos más destacados del decreto es la prohibición de utilizar nombres de personalidades políticas para denominar bienes públicos antes de que hayan transcurrido al menos diez años desde su fallecimiento. Esta restricción busca evitar el uso de estas denominaciones como herramientas de autopromoción o partidismo. Además, no podrán recibir homenajes aquellas personas que hayan ejercido cargos mediante actos de fuerza contra el orden democrático y constitucional.
Esta disposición responde a la necesidad de preservar la objetividad en las denominaciones públicas, evitando que las mismas sean influenciadas por decisiones políticas momentáneas. Según el Gobierno, el tiempo permite emitir un juicio más equilibrado sobre las figuras públicas, reduciendo el riesgo de personalismos antirrepublicanos.
Denuncias y sanciones
El decreto también habilita a cualquier ciudadano a denunciar violaciones a estas normativas a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), un mecanismo digital que busca facilitar el acceso a la justicia y promover la participación ciudadana en el control de la gestión pública.
Las infracciones a las disposiciones del decreto serán consideradas como faltas graves en el ejercicio de la función pública. Los funcionarios que las incumplan podrían enfrentar responsabilidades administrativas, patrimoniales e incluso penales, según lo establecido en las normas vigentes.
“Es fundamental que los recursos del Estado no se desvíen hacia intereses particulares o partidarios. Este decreto es un paso importante hacia la construcción de una administración más ética y transparente”.
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