Denuncian a Cristina y Timerman por encubrimiento en el caso Amia

De la redacción de El Litoral
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El fiscal federal Alberto Nisman imputó hoy a la presidente de la Nación, Cristina Fernández, por el delito de “encubrimiento” a raíz de la firma del tratado de cooperación con Irán para avanzar en el esclarecimiento del atentado contra la Amia. Nisman sostuvo que la firma del tratado tenía como finalidad desvincular a Irán de la responsabilidad por el ataque, a cambio de obtener una contraprestación energética del gobierno de Teherán.

Además de denunciar a Cristina y otros dirigentes, Nisman pidió también su indagatoria y que sus bienes sean embargados por 200 millones de pesos. La presentación recayó en el juzgado de Ariel Lijo, el mismo que procesó por cohecho al vicepresidente Amado Boudou.

En declaraciones a la Agencia Judía de Noticias (AJN), Nisman sostuvo que Cristina y su canciller, Héctor Timerman, acordaron “la impunidad de Irán” antes de la firma del polémico e inconstitucional Memorándum de Entendimiento entre ambos países, en paralelo a la causa judicial.

“Esto lo vengo trabajando hace más de dos años porque está involucrado personal de la Secretaría de Inteligencia cuyos nombres no puedo dar”, agregó sin especificar.

“Confabulación criminal”

El fiscal presentó una dura denuncia de casi 300 páginas -reproducida parcialmente este mediodía en sus ediciones digitales por los diarios Clarín y La Nación- en la cual afirmó que existe una “confabulación criminal” para “desvincular en forma definitiva” a la República Islámica del ataque terrorista que provocó la muerte de 85 personas el 18 de julio de 1994 que incluye, entre otros, al diputado Andrés Larroque, el dirigente ultrakirchnerista Luis D’Elía y el líder de Quebracho, Fernando Esteche, estos últimos reiteradamente sindicados como voceros oficiosos de Teherán.

Nisman dijo que los nombrados fueron interlocutores de la negociación para cerrar el caso con falsos culpables y permitir que la Argentina intercambie con Irán petróleo por granos. Y también involucra al ex fiscal federal y ex juez de instrucción Héctor Yrimia, y al referente comunitario iraní, Jorge “Yussuf” Khalil, por ser autores y cómplices del encubrimiento agravado de los acusados iraníes por el atentado terrorista contra la Amia.

La denuncia se basa en interceptaciones de comunicaciones telefónicas en las que se habla con agentes iraníes llevando y trayendo datos sobre los avances de las negociaciones.

Acercamiento

Nisman sostiene que el plan dirigido a borrar a Irán del caso Amia, desincriminando a los ex funcionarios iraníes acusados, tuvo su origen en la previa decisión de la presidente de acercarse geopolíticamente a la República Islámica de Irán y restablecer relaciones comerciales plenas de Estado a Estado para aliviar la severa crisis energética argentina, mediante un intercambio de “petróleo por granos”.

“Este acercamiento, que en sí mismo nada tiene de ilegal y está fuera de cuestionamiento, fue considerado inviable mientras subsistiera la acusación efectuada por la Justicia argentina en la causa Amia contra los ex jerarcas del régimen iraní. Entonces, para despejar el obstáculo, y he aquí lo delictivo, la Sra. presidente ordenó desviar la investigación, abandonó años de un legítimo reclamo de justicia y buscó librar de toda sospecha a los imputados iraníes, contradiciendo su probada vinculación con el atentado. Decidió fabricar ‘la inocencia de Irán’ ”, agregó Nisman.

Diplomacia paralela

Las pruebas recolectadas permitieron afirmar que “el gobierno puso en marcha un canal de comunicación paralelo entre Argentina e Irán a fin de transmitir e instrumentar las ordenes emitidas por la presidente y, de ese modo, alcanzar los objetivos ilícitos. Este canal clandestino, que operó como una diplomacia paralela, estuvo integrado por funcionarios, ex funcionarios y otros sujetos, que ninguna vinculación guardaban con la función diplomática, pero que estaban estrechamente ligados al centro del poder de donde emanan las decisiones más trascendentales de la política argentina”.

“La calidad delictiva del encubrimiento necesitó contar con estos canales paralelos, no oficiales, como vías concretas, eficientes y confiables para avanzar con la impunidad de los acusados iraníes. La actividad de estos canales configuró, sin más, una diplomacia paralela de facto, que desde las sombras permitió llevar adelante el plan criminal, por expresas directivas y órdenes de la Sra. presidente”, señala el fiscal.

Textual

En definitiva, “el gobierno instaló y se valió de una diplomacia paraestatal, integrada cuanto menos- por personal de la Secretaría de Inteligencia, por el diputado nacional Andrés Larroque, por los dirigentes Luis D’Elía y Fernando Esteche y por el referente comunitario y nexo local del régimen iraní, Jorge “Yussuf” Khalil.

Estos canales paraestatales transmitieron continuamente mensajes que partían de Cristina Fernández, pasaban por Andrés Larroque y/o por personal de la Secretaría de Inteligencia, luego por Luis D’Elía, para llegar inmediatamente a Jorge “Yussuf” Khalil, y de allí eran enviados a las autoridades persas, tanto al encargado de negocios en Buenos Aires como a altos funcionarios de Teherán. Y cada paso del plan, cada mensaje presidencial y cada avance fue consultado y comunicado detallada y minuciosamente al prófugo Moshen Rabbani, ex agregado cultural de la embajada de Irán en Argentina para la época del atentado y cuyo poder decisorio, tanto en la comunidad iraní local como dentro del régimen, se ha mantenido incólume hasta la fecha.

Es decir, más allá de los intermediarios puestos por ambos Estados, los encargados que idearon y llevaron adelante este plan criminal terminaron acordando sus ilícitos objetivos no sólo con el Estado que protege al terrorismo sino con el principal acusado terrorista, Moshen Rabbani”, argumenta el fiscal.

En contexto

Los gobiernos de Argentina y de Irán firmaron un acuerdo en el cual se creó la denominada Comisión de Verdad para investigar el atentado y que le dio facultades para interrogar a los iraníes acusados por la Justicia argentina y que su país se niega a detener y extraditar.

El memorándum con Irán fue firmado el 27 de enero de 2012 en Addis Abeba, Etiopía, por los cancilleres de ambos países, Héctor Timerman y Ali Akbar Salehi, quien ya no está en el poder iraní. Cristina Kirchner lo calificó de “un hecho histórico” y lo defendió en la ONU. Luego fue avalado por el Congreso mediante la Ley 26.843, pero el Parlamento de Irán nunca lo ratificó por esa vía.

Por el atentado a la mutual judía en 1994, que se cobró 85 víctimas, están acusados los iraníes Ahmah Vahidi -imputado como coautor ideológico del atentado-, Mohsen Rabbani -ex consejero de la embajada iraní y acusado de ser el cerebro del ataque-, Ali Akbar Ashemi -ex presidente iraní entre 1989 y 1997 y acusado de dar instrucciones a Hezbollah de llevar a cabo el ataque-, Ali Fallahijan -ex ministro de Inteligencia al momento del atentado-, Ali Akbar Volayali -ex canciller iraní-, Mohsen Rezai -ex jefe de la Guardia Revolucionaria y acusado de haber organizado el atentado-, y Ahnmad Reza Ashgari o Mohsen Randjbaran -tercer secretario de la embajada iraní en Buenos Aires y acusado de haber liderado el operativo.