Desactivar a los jueces "de Macri" y "la libertad de los compañeros"

En declaraciones a un medio oficialista, el ex juez federal Rodolfo Canicoba Corral afirmó que en la justicia aún hay "grupos o fuerzas de tareas que de alguna manera trabajaron con el gobierno de (Mauricio) Macri" y aseveró que los tribunales superiores, como las Cámaras Federal y de Casación y la Corte Suprema "son los dueños del juicio".

Sobre el lawfare (guerra judicial), término importado por el kirchnerismo para encuadrar las causas por corrupción contra ex funcionarios de ese signo político, dijo que "hay una clara manifestación de defensa propia" del sector "que supo realizar todas esas operaciones".

Además sostuvo que "no pareciera que el peronismo ha ganado las elecciones, pues no se ha podido desarmar a este tipo de grupos. Claramente el Gobierno actual no tiene una mayoría que le permita actuar en Diputados para avanzar con leyes para desarmar ese mecanismo", dijo.

Las declaraciones del ex magistrado, que está investigado en varias causas y se retiró de la función el 29 de julio pasado, luego de procesar a varios ex funcionarios macristas, resume sin tapujos la estrategia y la fundamentación de ella que sustenta diversas acciones promovidas desde el ala cristinista del gobierno.

Mirando a quién

En ese orden, este mismo miércoles el fiscal federal Franco Picardi, quien lidera la investigación sobre presuntas presiones de la llamada "mesa judicial" del Gobierno de Cambiemos a jueces de distintos fueros, solicitó los registros sobre los ingresos y egresos de la Casa Rosada y de la Quinta de Olivos durante 2018.

La información fue requerida a la Jefatura de Gabinete y busca reconstruir posibles ilícitos en el marco de la causa que tramita en el juzgado de la magistrada María Eugenia Capuchetti.

Los registros permitirían determinar los movimientos de entrada y salida de funcionarios judiciales en la Casa de Gobierno y en la quinta presidencial, además de dilucidar con quiénes se reunían.

La causa fue iniciada por los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade, Martín Soria y Eduardo Valdés, e incluyó testimonios de jueces que denunciaron presiones del Gobierno durante la gestión de Mauricio Macri.

En este marco, la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, aseguró que en 2015 recibió la visita del subsecretario de Justicia de Macri, Juan Bautista Mahiques, quien le habría reclamado que apurara un fallo judicial vinculado a la causa sobre el memorándum de entendimiento con Irán firmado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y luego ratificado por el Congreso nacional.

También están imputados en la causa el expresidente, su ex jefe de asesores José Torello, el exministro de Justicia Germán Garavano, al ex secretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas, el abogado Fabián Rodríguez Simón, el último Procurador del Tesoro del anterior Gobierno, Bernardo Saravia Frías, el exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas, el expresidente del Boca Juniors Daniel Angelici, el ex jefe de Gabinete Marcos Peña, el ex ministro de Trabajo Jorge Triaca.

Para la libertad

En los últimos días, una sucesión de declaraciones encadenadas da cuenta del accionar promovido por el oficialismo para, simultáneamente, desbaratar el entramado judicial que consideran adverso (o cuanto menos no alineado), avanzar en la generación de vacantes y cobertura de cargos (incluyendo la Corte Suprema) y, por efecto o como causa de todo eso, lograr la libertad de dirigentes y ex funcionarios condenados o juzgados por corrupción.

En ese orden, el ex juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni cuestionó fuerte al Poder Judicial, luego de que el máximo tribunal dejara firme la condena contra la dirigente jujeña Milagro Sala y de que la Cámara de Casación pasara las causas por supuesto espionaje ilegal macrista a Comodoro Py, medida que ahora fue revertida por el propio tribunal a pedido de Cristina Fernández. El penalista, en tanto, también pidió una "ley de amnistía" para presos K.

Antes de eso, la propia Milagro Sala salió este lunes feriado de Carnaval a pedir que Alberto Fernández la indulte a ella "y a todos los compañeros". En el mismo sentido se había pronunciado horas antes la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort: "En el caso específico de Milagro Sala, Alberto debería indultarla", dictaminó.

Luego de eso fue el senador Oscar Parrilli el que volvió a insistir con la necesidad de una reforma judicial y la urgencia de cambiar al jefe de los fiscales, el procurador Eduardo Casal, para manejar los procesos desde el inicio.

A jubilarse

En lo últimos días, la Anses emitió una resolución para que aquellos funcionarios judiciales que hayan iniciado los trámites jubilatorios pero siguen trabajando (una medida habitual en la Justicia), renuncien a su cargo. El organismo -conducido por la dirigente de La Cámpora, Fernanda Raverta- dispuso que, si no se van, esos jueces verán caer sus gestiones previsionales. Hay unos 200 magistrados que se encuentran en esa situación. Por eso, en los tribunales leyeron la medida como una "apretada".

Rémora

El Presidente ya se manifestó contrario a la figura del indulto, a la que calificó como "rémora monárquica". Pero sí vería con buenos ojos la creación de un tribunal intermedio de revisión, que ataje las causa antes que lleguen a la Corte. En tanto, la reforma procesal que puso en vigencia la comisión bicameral hizo que el Alto Tribunal ya no tenga la última palabra para que una sentencia quede firme: los condenados todavía podrán demorar el cumplimiento de la sentencia apelando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Boudou en casa, para que cuide a sus hijos

El ex vicepresidente Amado Boudou insistió esta semana ante la Justicia para que le mantenga la prisión domiciliaria de la que goza desde principios del 2020, luego de que quedara firme la condena de cinco años y diez meses de prisión por el caso Ciccone Calcográfica.

Sus abogados, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, apelaron este miércoles la decisión que en diciembre pasado dispuso el juez Daniel Obligado, por pedido de los fiscales del caso, para que el ex funcionario volviera a la cárcel a seguir cumpliendo con la pena.

El magistrado es el mismo que había concedido el arresto domiciliario porque en su momento la condena no estaba firme y porque había considerado que por la pandemia había un estado de vulnerabilidad de los dos hijos de Boudou.

Ahora, Obligado fue reemplazado por Ricardo Basílico, ante quien la defensa del ex ministro de Economía interpuso el recurso para que eleve a Casación y sea este último tribunal el que defina la situación respecto a la prisión domiciliaria.

"El tribunal omitió ponderar lo dictaminado por la Unidad Funcional para la Asistencia de Menores de 16 años, quien además mantuvo los argumentos en esta instancia y peticionó expresamente que se conceda la detención domiciliaria, en función del interés superior de los hijos menores" del dirigente kirchnerista, argumentó la defensa.

En ese sentido, los letrados de Boudou invocaron informes de defensores de menores respecto a que "resultaría beneficiosa para que sus hijos vuelvan a contar con la presencia diaria de su progenitor y recibir el acompañamiento, cuidado, atención y contención emocional necesaria para su adecuado desarrollo y crecimiento" y advirtieron que "la separación puede repercutir en su salud psicofísica".

Durante la feria de enero, el juez Obligado también le había concedido a Boudou una reducción en el cumplimiento de la condena por estímulo educativo, a raíz de los distintos cursos que realizó mientras estuvo detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. Los estudios realizados por Boudou son de organizador de eventos y un taller de filosofía.