El Litoral
Estiman que un procedimiento policial de este tipo cuesta entre 40 y 50 mil pesos.
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La provincia de Santa Fe estudia la posibilidad de sancionar económicamente a los responsables de las falsas amenazas de bomba a establecimientos educativos. En concreto, se estudia la iniciativa de cobrar el costo estimado de los operativos desplegados por la policía a los padres de los alumnos involucrados en estos episodios que se repiten a lo largo de este 2017.
Por un lado, la ministra de Educación Claudia Balagué admitió -en diálogo con medios locales- que la movilización que involucra cada amenaza de bomba en un establecimiento educativo implica un “gasto enorme” y no descartó que los padres de los chicos que realizan esas “bromas” tengan que pagar los costos.
“Lo estamos trabajando con el ministerio de Seguridad”, señaló la titular de la cartera educativa, quien aseguró que “las escuelas siguen ocupadas en prevenir que esto suceda por la gravedad que significa para cada institución educativa, y para la sociedad en general porque se movilizan las fuerzas de seguridad, los bomberos. Un resarcimiento económico a todo esto nos parece importante”, concluyó.
En cuanto a las estrategias para evitar estos hechos, sostuvo que “hay que explicar la gravedad que tiene el tema; hay que hacer, incluso, un trabajo de actualidad, de lo que significan los ataques terroristas en el mundo y las amenazas de bomba, una problemática que es mundial. Los chicos tienen que entender que esto no es una broma, que es grave, que fomenta la violencia, que destruye la calidad de vida de los ciudadanos”, advirtió la ministra quien confirmó que en Santa Fe ya fueron citados familiares de los autores de estas amenazas.
Por su parte, Darío Chávez (Jefe de Investigación Criminal de la PDI) explicó en diálogo con CyD Litoral que un operativo cuesta alrededor de los 40 y 50 mil pesos.