Desde mayo de 2022, con la finalización del período de cuatro años de dos exdirectores, y dos alejamientos, el Ente Regulador de los Servicios Sanitarios (Enress), se encuentra sin el quórum necesario para tomar decisiones.
El Ente que regula los servicios sanitarios tiene múltiples vacantes en su directorio, lo que la impide tomar acciones concretas, como sanciones a prestadores o actualizaciones de tarifarias.
Desde mayo de 2022, con la finalización del período de cuatro años de dos exdirectores, y dos alejamientos, el Ente Regulador de los Servicios Sanitarios (Enress), se encuentra sin el quórum necesario para tomar decisiones.
Ante esta problemática, la diputada provincial del Bloque UCR Evolución, Silvana Di Stefano presentó un nuevo proyecto para que la provincia regularice la situación y ocupe las vacantes que ayuden al normal funcionamiento del organismo.
En este sentido, Di Stefano explicó que la falta de integración del Directorio repercute en acciones concretas, como por ejemplo que pueden continuar las intimaciones a un prestador, pero no podrá haber sanciones.
“Tampoco podrá haber actualizaciones tarifarias, lo que significa un problema muy serio en medio de un proceso inflacionario vertiginoso para las cooperativas, las municipalidades y las comunas prestadoras de los servicios de agua potable y cloacas, que pueden verse en serios riesgos financieros”, precisó la legisladora del bloque de la UCR, presidido por Maximiliano Pullaro.
Conforme lo establecido en el artículo 22 de la Ley 11.220, el Enress será dirigido y administrado por un directorio de cinco miembros titulares, sin embargo, en diciembre de 2019, Horacio Bertoglio renunció para cumplir su mandato como concejal de Sunchales, y en marzo de 2021, el entonces presidente, Oscar Urruty, dejó su cargo para convertirse en funcionario del Poder Ejecutivo.
Y en mayo de 2022, finalizado el período de cuatro años de los ahora exdirectores, Anahí Rodríguez y Oscar Pintos, el directorio del ente ha quedado sin el quórum necesario para tomar decisiones.
“Es nuestro deber como legisladores tomar acciones concretas que garanticen el normal funcionamiento de las instituciones, ya que, de lo contrario, como en este caso puntual, repercuten aparejando problemas concretos que no pueden ser resueltos”, aseguró Di Stefano.