Martes 31.12.2019
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Sabor agridulce para la Casa Gris sobre el final del año legislativo. La Cámara de Diputados aprobó el mensaje sobre reforma tributaria con moratoria incluida pero rechazó el otro mensaje que pretendía se dispongan una serie de emergencias en la provincia. Si bien ambos temas fueron atenuados durante el debate en el Senado, ayer en la Cámara Alta, el Frente Progresista impuso su criterio y si bien avaló la reforma fiscal, entendió que el gobernador Omar Perotti en el Presupuesto 2020 tiene herramientas para administración una etapa complicada en las finanzas nacionales y provinciales.
Fue el corolario de una larga sesión “extraordinaria” en el marco del Período de Sesiones Extraordinarias donde no hubo votaciones lineales. Solo dos temas para más de cinco horas de debate. Las declaraciones de funcionarios del Poder Ejecutivo sobre temas a debate en Legislatura encresparon las aguas y llevaron al mayoritario Frente Progresista a unificar una postura directamente de rechazo al megamensaje de emergencias y ni siquiera girarlo a comisiones para discutirlo desde febrero. De nada valió el intento de Ariel Bermúdez (Creo-Frente Progresista) en mocionar el pase a comisiones del mensaje, fuertemente respaldado por Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación). El Frente se mostró unido y bajó el martillo al tema no sin antes esgrimir fuertes argumentos en el debate. También hubo fuertes argumentos desde el justicialismo en respaldo a la Casa Gris y el acompañamiento del izquierdista Frente Social y Popular.
El Frente pidió someter a votación en primer término la emergencia. El Senado había limado el mensaje del Ejecutivo. Mantenía las emergencias social, alimentaria y sanitaria; de las contrataciones públicas; económica, financiera y fiscal y en seguridad pero con menores facultades que las pretendidas por la Casa Gris y dándole más tiempo de revisión al Tribunal de Cuentas.
Fue el ex ministro de Gobierno, Pablo Farías (PS) quien durante cuarenta minutos se ocupó de rebatir el mensaje aclarando en principio que, en la Argentina, bajo la excusa de las emergencias, “se han producido lesiones institucionales al sistema republicano y a la división de poderes”. Más adelante, Nicolás Mayoraz (Unite) dijo que la emergencia ya debería ser materia obligatoria en las facultades de Derecho debido al continuo uso de esa herramienta que hacen habitualmente los gobiernos.
“No vemos en el mensaje del Poder Ejecutivo justificativo alguno a la emergencia que se plantea” subrayó Farías para volver a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que habla de situaciones imprevisibles. El ex integrante del gabinete de Lifschitz admitió que ha caído la recaudación, que hace 19 meses que la producción está a la baja y otros datos negativos de la situación económica. Sin embargo utilizó comparaciones con ejercicios anteriores en la relación entre déficit y gastos y aseguró que “están las herramientas para atender esta situación”. Fue entonces cuando se detuvo en el Presupuesto 2020 sancionado por la Legislatura donde los equipos técnicos de Omar Perotti -todavía electo- hicieron aportes que fueron aceptados por el Frente Progresista. Subrayó que el Presupuesto del año próximo tiene herramientas que en su conjunta nunca tuvo la gestión saliente: libre disponibilidad de recursos sobrantes; posibilidad de endeudamiento en más de 12 mil millones de pesos; derivación de partidas de gastos de capital a gastos corrientes y la posibilidad de consolidar deudas del Estado con contratistas. “Tienen las herramientas para pasar una crisis sin mayores dificultades”.
Farías destacó que pese a las críticas que se le hizo al Frente, el gobierno actual pagó el aguinaldo en tiempo y forma y hará lo propio con los sueldos de diciembre y en cuanto al déficit dijo que estará en línea con la deuda de Anses para con Santa Fe. El legislador socialista remarcó allí parte de lo hablado con el ministro Walter Agosto en la visita a la Cámara de la semana pasada en cuanto a la posibilidad de acercar números entre una gestión y la otra.
También aseguró que la emergencia alimentaria la puede afrontar el gobierno provincial con el decreto de adhesión a la ley nacional que dictó el ex gobernador Miguel Lifschitz y si cuestionó duramente los alcances de artículos de la ley de seguridad al señalar que pretenden tener facultades para volver a pagar sumas en negro, algo que Santa Fe dejó de lado.
Enseguida, Julián Galdeano (Juntos por el Cambio) se sumó al rechazo al mensaje. “No compartimos facultades extraordinarias ni superpoderes al Poder Ejecutivo ni la salida del control institucional por parte de la Legislatura”. Destacó las diferencias entre las miradas del gobierno anterior y el actual sobre la situación de la provincia. “No sabemos si es una película de terror o una comedia”, afirmó.
El radical frentista Sergio Basile advirtió que la ciudadanía no dio un cheque en blanco a ninguna fuerza política “y a nosotros nos dio la mayoría y el equilibrio del poder. Una emergencia rompe los canales de diálogo y de consenso”.
La oficialista bancada justicialista argumentó con Oscar Martínez, Lucila De Ponti y Leandro Busatto. “El Frente ha tomado este mensaje de emergencia como una critica a su gestión de gobierno y no es así. Es un mensaje prudente” aseguró el primero. Destacó que la provincia tienen deudas por 628 millones en Infraestructura; 966 en Obras Públicas; 1.030 en Vialidad y 28 millones en Vivienda y aseguró que en once meses el gasto creció al 50% y los ingresos al 41%. “Quién puede negar una emergencia en seguridad” clamó luego con cifras de muertes en Santa Fe y Rosario.
Enfática, De Ponti se detuvo en datos de pobreza e indigencia de la provincia para reclamarle a la bancada mayoritaria el pase a comisión o el voto afirmativo. Mencionó dos o tres veces al ex presidente Raúl Alfonsín para apelar a la ética de la solidaridad y para dar una respuesta desde la política a las necesidades de la población. Más adelante Busatto aseguró que no hay superpoderes en la ley. “Queremos darle herramientas al Poder Ejecutivo para tomar medidas ante la crisis severa que atraviesa Santa Fe” y subrayó el cambio de modelo económico que se impuso en la Nación.
Del Frade buscó el voto positivo desde el dolor que atraviesan miles de santafesinos y si bien dijo no haber votado al gobierno actual creyó importante respaldarlo por su reconocimiento a la situación de crisis.
Amalia Granata (Somos Vida) también rechazó el proyecto. “Más que una emergencia es una crisis derivada de una mala praxis en la que los costos - aumento de impuestos y del gasto público - los siguen pagando los que producen y trabajan. No puede ser que la solución siempre sea pedir más dinero, cobrar mas altos y distorsivos impuestos que atentan contra el bolsillo de los trabajadores y los recursos de aquellos que invierten y generan empleo genuino”, afirmó.
Alejandro Boscarol y Gabriel Chumpitaz sumaron argumentos de rechazo desde Juntos por el Cambio. Mayoraz y Giustiniani para devolverlo a comisión y desde la mayoría Mónica Peralta y Fabián Palo Oliver insistieron con argumentos por la negativa.
El tablero final dio 30 votos de rechazo; apenas 11 voluntades de apoyo y la abstención de 3 legisladores.
Con subas en el Impuesto Inmobiliaro; en Ingresos Brutos especialmente a cerealeras y bancos; aumento de sellos y una moratoria quedó sancionada la reforma tributaria 2020. No obstante, una nota del Ministerio de Economía firmada por el secretario de Ingresos Públicos, Jorge Simón y el titular de API, Martín Avalos, girada al Walter Agosto y que el ministro remitió a la Cámara permitió destrabar la sanción de la norma. En esa nota, el equipo económico se comprometió a mantener la estabilidad fiscal a un grupo de 200 empresas radicadas en la provincia que podrían tener una suba de Ingresos Brutos. El caso comprende a empresas de magnitud como lácteas, molinos harineros e incluso frigoríficos. “”Es la desprolijidad de votar leyes a las apuradas y arregladas en pasillos” destacó un legislador opositor que pidió reserva de su nombre.
La reforma tributaria logró 33 votos positivos (uniendo voluntades el Frente Progresista y la bancada justicialista) 8 negativos (Juntos por el Cambio, Somos Vida y Unite) con las abstenciones de sectores de la izquierda.
Fue Ricardo Olivera el encargado de presentar el proyecto de reforma en nombre del oficialismo y destacar la progresividad de la reforma que hará que paguen mayores tributos los sectores que ganaron con el anterior modelo económico y se refirió al sector agropecuario, el cerealero y el sistema financiero. “Es un proyecto progresista porque carga a los sectores que más tienen” señaló. También Busatto insistió con el argumento de cobrarle a los sectores que más ganaron con el modelo económico anterior.
El argumento fue luego refutado por Mayoraz. “A quién se creen que los bancos le van a cobrar la suba de Ingresos Brutos; a quién las cerealeras descargarán la mayor presión” le preguntó al recinto.
Dos mujeres se sumaron al rechazo de lo que calificaron como “impuestazo”. Betina Florito (Somos Vida) consideró “ilegítimo el proyecto del Poder Ejecutivo por atentar contra los intereses del contribuyente que son los que con el enorme esfuerzo de su trabajo generan la riqueza de esta provincia. Lo que esta norma plantea no es más que otro impuestazo que asfixia al santafesino que produce y trabaja”.
Ximena Solá (Juntos por el Cambio) también habló de impuestazo y descalificó la carga tributaria sobre el campo ya afectado por suba de retenciones desde el gobierno nacional.
Varios radicales hicieron uso de la palabra para justificar la adhesión al mensaje no sin destacar los cambios introducidos en el Senado. Fabián Bastía, Maximiliano Pullaro y Adrián González hicieron aportes. “Votamos por la ética de la responsabilidad, la institucionalidad y por la solidaridad para con los que menos tienen” dijo el primero. Pullaro habló de los consensos y le pidió al gobierno que deje “de hacer terrorismo, que deje de quejarse y se ponga a trabajar que tiene los instrumentos para hacerlo.
Los alcances de la reforma
*Impuesto Inmobiliario: aumentos son progresivos. El rural entre el 10 y el 40% y el urbano del 10 al 44%. La ley no toca los avalúos. Los incrementos no pueden superar el 65%. El mensaje del PE tenía partidas que llegaban al 110%. Para el buen contribuyente habrá un descuento del 10%.
* Patente automotor: Faculta al Ejecutivo incrementar un porcentaje que no supere el índice de precios al consumidor del Ipec desde el 1º de octubre de 2019.
* Ingresos Brutos: 2% a la actividad industrial de transformación de cereales y oleaginosas, transporte de cargas y pasajeros, construcción de inmuebles y el comercio al por mayor y menor de agroquímicos, semillas y fertilizantes.
* Ingresos Brutos : Los bancos tendrán alícuotas diferenciales. El Municipal de Rosario y los cooperativos el 5,5 %; el resto pagará 7 %.
* Sellos: Vuelven a subir los módulos tributarios que habían sido congelados por el Consenso Fiscal 2017.
* Moratoria impositiva. Será muy amplia, incluye a todos los impuestos provinciales: ingresos brutos, inmobiliario, sellos, contribución de mejoras, actividades hípicas, patente automotor, tasa retributiva de servicios, aportes al Instituto Becario, impuesto a las embarcaciones deportivas.
Ariel Bermúdez -con línea directa con Pablo Javkin- intentó salvar el mensaje del Poder Ejecutivo y mandarlo a comisión. Bermúdez integra la bancada del Frente Progresista pero sabe de las necesidades del intendente rosarino.
Su salida no encontró eco mayoritario aunque desde el Frente y desde el Justicialismo coincidieron en apodarlo Corea del Centro.