La comisión de Diputados para recabar información y hacer el seguimiento de las causas judiciales de la empresa Vicentin SA cumplió la agenda de trabajo pautada para Reconquista y Avellaneda donde se reunieron con el juez en lo Civil y Comercial Fabián Lorenzini; representantes de los gremios de aceiteros, carne y textil; los intendentes de ambas ciudades - Enrique Vallejos y Dionisio Scarpin- y con los principales directivos de la empresa que presentaron un informe sobre la situación del grupo que hoy enfrenta una deuda de 1.350 millones de dólares.
Tanto el presidente de la Comisión, Luis Rubeo (PJ) como los restantes integrantes del grupo coincidieron en calificar de muy importante la actividad y destacaron especialmente el encuentro con el juez que entiende en el concurso preventivo, Fabián Lorenzini quien dio detalles de la causa, plazos, expectativas y les anunció que desde la semana próxima toda la información que se vaya produciendo estará en una página web que se habilitará para ese objetivo. La etapa final del recorrido fue un prolongado encuentro con directivos de Vicentin los que se encargaron de presentar un informe de situación y de responder preguntas sobre el futuro del grupo.
Además de Rubeo estuvieron en la zona norte Rubén Giustiniani (Igualdad), Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), Betina Florito (Somos Vida); Fabián Palo Oliver (UCR), Ariel Bermúdez (Creo), Laura Corgnali (PS), y Walter Ghione (Somos Vida y Familia).
“Pudimos dimensionar el peso de la empresa en la zona tanto en generación de mano de obra, de crecimiento; el sentido de pertenencia de los trabajadores y la incertidumbre que hoy tienen por el futuro” señaló Palo Oliver a El Litoral.
Rubeo, Palo Oliver y Giustiniani coincidieron en destacar la buena impresión que dejó a la comisión el juez Lorenzini quien recibió al grupo acompañado por el presidente de la Cámara Civil y Comercial de Reconquista, Santiago Dalla Fontana. “Tomamos contacto con el proceso concursal en marcha y el juez se preocupó por recalcar la importancia del concurso y de darle transparencia al proceso” señaló Giustiniani. El magistrado anunció que cada 30 días habrá un informe sobre el avance del concurso, considerando uno de los mayores tramitados en la historia judicial de Santa Fe.
Rubeo señaló que el magistrado convocó a la comisión del concurso que los integran representantes de los cuatro principales acreedores y dos de los trabajadores. El Banco Nación y otras dos entidades más ACA, estarán sentados en ese grupo mientras que se discute como definirán los delegados de los empleados, cuestión analizada también por la comisión en la reunión con los dirigentes gremiales.
Precisamente la situación laboral es diferente aunque todos los sectores están al día en lo salarial. Los aceiteros discuten el pago de un bono de 50 mil pesos acordado con la cámara del sector; los textiles están percibiendo con el 25% de descuento debido a que la actividad estará paralizada por la pandemia y el sector cárnico está en buen momento especialmente en los mercados externos. Es más, la empresa Vicentin además de la reunión llevó a los diputados a recorrer las plantas de la zona para conocer cómo operan hoy. Hoy, en la planta de Friar en Reconquista trabajan 1.300 empleados. Cuando la compró Vicentin tenía 400. En la reunión, admitieron que debieron invertir 200 millones de dólares para modernizar ese frigorífico.
Sergio Nardelli y varios integrantes del directorio de Vicentin recibieron durante varias horas al grupo de diputados a los que presentaron un informe.
sobre la relación histórica del grupo con el Banco Nación, una explicación sobre la situación actual y alternativas que analizan para superar este momento donde el pasivo es de 1.350 millones de dólares, según informaron. “Banco Nación fue uno de los pilares de la operatoria de Vicentin desde su fundación en 1928” se señaló. Recalcaron que es el principal banco con que opera el grupo desde hace muchísimos años.
Los funcionarios de Vicentin informaron que hoy la deuda financiera es de 1.050 millones de dólares y la comercial es de 400 millones de dólares. Mencionaron el fuerte nivel de inversiones de los últimos años tanto en el norte como en el sur provincial incluso asociado con Glencore en la planta de Timbúes. También en la actividad frigorífica, textil y vitivinícola.
En el encuentro se habló de la posible venta total de la planta Renova al Glencore que podría significar un ingreso de 300 millones de dólares. No obstante, el tema todavía no fue presentado ante el juez del concurso que debería validar la operación.
Los diputados insistieron en señalar que el objetivo de la Comisión es ayudar en evitar que se pierdan fuentes de trabajo; que no haya extranjerización de uno de los principales grupos nacionales en la comercialización de granos y saber cómo saldará la deuda con el Banco Nación.
“Nos dicen que solos no salen, que necesitan alternativas” resumió Giustiniani. “Hay mucho espíritu de pertenencia de los trabajadores pero también incertidumbre” dijo Palo Oliver.
Rubeo destacó la importancia de la información colecta y citó a la comisión para el miércoles próximo para analizar la visita y fijar la agenda futura de trabajo.
Los directivos de Vicentin informaron a los diputados que hoy la única actividad afectada -parcialmente- por el concurso es la aceitera, las demás se realizan con normalidad. “Todo el personal cobra regularmente el sueldo, no existen deudas impositivas ni de seguridad social” se informó. Los 5.568 trabajadores se distribuyen entre 2.215 de la industria aceitera; 920 de la algodonera; 376 de la vitivinícola y 2.057 de la frigorífica.
El juez Fabián Silvano Lorenzini resolvió habilitar el proceso de verificación no presencial de créditos en el marco del concurso preventivo de Vicentin S.A. Estableció que la Sindicatura deberá continuar recibiendo los pedidos de verificación presentados con posterioridad al 9 de junio. También encomendó a la Sindicatura que reciba los pedidos de verificación de créditos en forma presencial, cumpliendo estrictamente las normas sanitarias. La verificación presencial se puede realizar en Reconquista, Santa Fe y Rosario.
Se estima que entre 2.500 y 2.600 son los acreedores que deberán verificar su situación ante el juzgado.
El magistrado espera una aclaración de la Corte Suprema de Justicia sobre la suspensión de los plazos procesales durante el aislamiento para producir el corrimiento del calendario de trámites que desembocarán en su informe final el 30 de junio de 2021.