Sólo la Cámara de Diputados ha sido convocada a sesionar este jueves en el regreso de la actividad parlamentaria tras el receso de enero. En cambio, el Senado no ha sido convocado al recinto y recién lo haría la semana venidera en un acuerdo entre los jefes de bloques.
No obstante, este jueves, resolvieron realizar una reunión conjunta las comisiones de Seguridad de la Cámara de Diputados y Senadores para avanzar con el análisis del mensaje del Poder Ejecutivo para dictar una ley de emergencia en seguridad pública y sistema penitenciario pero también para analizar los problemas de inseguridad que se repiten en gran parte de la provincia, especialmente en Rosario.
En ámbitos legislativos se pretende lograr un acuerdo en la redacción del tema de Emergencia en Seguridad para llevarlo al recinto en las próximas semanas. Voceros parlamentarios dijeron que trabajan en un proyecto que abarque no solo al actual Poder Ejecutivo sino que también la herramienta esté disponible para los próximos meses del futuro gobernador. También trabajarán en establecer las cifras para habilitar trámites más rápidos en contrataciones y refacciones. "No podemos dar una norma especial y que después rindan que gastaron el dinero en comprar bicicletas para la policía y entregar dinero a las unidades regionales porque no pudieron o no supieron ejecutarlo en tiempo y forma" dijeron voceros de la oposición en Diputados.
En tanto, el presidente de la Comisión de Seguridad de Diputados, Juan Cruz Cándido, junto a legisladores de distintos bloques, instó al gobernador a que convoque para coordinar acciones entre los tres poderes del Estado y enviar un mensaje a las organizaciones criminales.
Cándido ingresó un pedido a Diputados de convocatoria para que se realice la Junta Provincial de Seguridad en Rosario.
"Queremos que se convoque a la Junta para coordinar entre los tres poderes del Estado y además enviar un mensaje a las organizaciones criminales: el Estado no va dejar que lo dobleguen con amenazas" expresó Cándido.
En caso de concretarse, sería la cuarta convocatoria a la Junta Provincial de Seguridad, espacio donde el Gobernador y sus ministros, legisladores, fiscales, jueces, jefes policiales y familiares de víctimas pueden coordinar acciones para – por ejemplo – reordenar criterios de custodias o agilizar trámites en cuanto a disposiciones en el servicio penitenciario.