El diputado Nicolás Mayoraz (bloque Vida y Familia) propone que se sancione una amnistía para los delitos, faltas y contravenciones cometidos por el incumplimiento de las restricciones impuestas en el marco de la pandemia de coronaviurs.
La iniciativa del legislador Nicolás Mayoraz (bloque Vida y Familia) contempla la devolución de todo vehículo, rodado o efecto personal que haya sido secuestrado y el reintegro de las multas.
El diputado Nicolás Mayoraz (bloque Vida y Familia) propone que se sancione una amnistía para los delitos, faltas y contravenciones cometidos por el incumplimiento de las restricciones impuestas en el marco de la pandemia de coronaviurs.
El proyecto de ley, que también lleva la firma de los legisladores Natalia Armas Belavi y Juan Argañaraz, contempla la devolución de todo vehículo, rodado o efecto personal que haya sido secuestrado y el reintegro de las multas.
La iniciativa excluye a aquellas personas que hayan sido imputadas, procesadas o condenadas por organizar fiestas o reuniones sociales con finalidad de lucro.
Los diputados consideran que el Gobierno “en pos del supuesto resguardo de la salud pública, restringió en forma arbitraria derechos fundamentales de los ciudadanos sin marco de razonabilidad alguno que lo justifique”.
Entre los fundamentos del proyecto, nombran una serie de hechos en los que consideran que las autoridades tomaron “decisiones irresponsables”: la convocatoria a miles de jubilados y pensionados a cobrar sus prestaciones en forma presencial en el mismo día (3 de abril), el velatorio multitudinario de Diego Armando Maradona y el festejo de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos en julio de 2020, que se conoció en los últimos días por la filtración de una serie de imágenes.
“Por ello, en este desafío por encontrar una forma de equiparar tratos discriminatorios –que no es otra cosa que llevar justicia donde no la haya- arribamos a la propuesta de conceder una amnistía a todos los ciudadanos”, sostienen Mayoraz, Armas Belavi y Argañaraz.
“No se puede admitir que luego de la burla que significa la participación consentida –y hasta ahora impune- del Presidente de la República en fiestas clandestinas se pretenda una persecución penal a quienes incurrieron en incumplimientos como los de la familia presidencial”, agregan.