Mediante el Decreto 696/2024, se dispuso la disolución del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), una entidad descentralizada que se encargaba de formular y ejecutar políticas públicas para combatir estas problemáticas. El decreto, firmado este martes, marca el fin de una gestión marcada por graves irregularidades y falta de eficacia en el cumplimiento de sus objetivos.
El INADI, creado por la Ley N° 24.515 en 1995, tenía como misión la implementación de políticas para erradicar la discriminación racial, xenofobia y otras formas de intolerancia. Sin embargo, a lo largo de los años, se acumularon denuncias y problemas en su funcionamiento que llevaron al gobierno a la decisión de disolver el organismo.
La disolución del INADI responde a una serie de irregularidades y deficiencias detectadas en su gestión. Según el informe realizado por las nuevas autoridades del instituto, se encontraron serios problemas en la administración de recursos, contratación de personal y gestión de bienes. Entre los hallazgos más preocupantes se incluyen:
Ineficiencia y Sobrecarga Administrativa: El informe reveló un sobredimensionamiento excesivo en la estructura del INADI. En el momento de la intervención, el instituto contaba con 431 empleados distribuidos en 44 sedes en todo el país. En marzo de 2024, el Estado Nacional gastó más de 315 millones de pesos en salarios, una suma equivalente a aproximadamente 2,347 jubilaciones mínimas.
Irregularidades en Contratos y Pagos: Se descubrieron graves irregularidades en la contratación de personal y en la gestión de inmuebles. Además, hubo retrasos significativos en el pago de servicios y gastos operativos, lo que generó intereses y costos adicionales para el Tesoro Nacional.
Desorganización y Falta de Control: El instituto presentaba alrededor de 7,788 actuaciones administrativas sin resolver desde 2016. Las campañas de sensibilización y capacitación ejecutadas carecían de documentación y expedientes administrativos necesarios para respaldar su ejecución.
Ineficiencia en la Gestión de Recursos: La gestión del INADI no contaba con registros fidedignos ni procedimientos adecuados para el control y fiscalización de los recursos, lo que llevó a una administración ineficiente y al incumplimiento de sus funciones esenciales.
Reestructuración y transferencia de funciones
Todos los recursos materiales y financieros del INADI serán transferidos al Ministerio de Justicia. Este ministerio asumirá ahora la responsabilidad de diseñar y ejecutar las políticas nacionales para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo.
La disolución del INADI implica también la reubicación del personal del instituto que se encuentra en régimen de estabilidad. Según el decreto, este personal deberá ser reubicado de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley N° 25.164 y sus modificatorias.
El Ministerio de Justicia será el encargado de elaborar y poner en marcha nuevas políticas para abordar estas cuestiones, y dictará las normas necesarias para la implementación de estas políticas. Esta medida busca optimizar el uso de recursos y asegurar una gestión más eficiente en el combate contra la discriminación.