Jueves negro para el DNU 70/23 de Javier Milei. Una serie de fallos dictados por la Justicia complican la estrategia que el gobierno nacional pergeñaba luego del primer freno recibido tras el amparo interpuesto por la central obrera.
La Cámara del Trabajo dictó otra cautelar contra la reforma laboral y el fuero contencioso habilitó la feria para tratar casos que buscan anular todo el decreto.
Jueves negro para el DNU 70/23 de Javier Milei. Una serie de fallos dictados por la Justicia complican la estrategia que el gobierno nacional pergeñaba luego del primer freno recibido tras el amparo interpuesto por la central obrera.
Mientras que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó una nueva medida cautelar que suspende la aplicación del capítulo laboral del DNU, un juez del fuero Contencioso Administrativo Federal habilitó la tramitación por separado de cada presentación judicial que se haga contra el decreto de necesidad y urgencia.
El primer fallo se conoció en horas del mediodía y conforma la segunda cautelar concedida por la cámara del fuero laboral, luego de que el miércoles le haya hecho lugar a un planteo de la CGT y este jueves a uno de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA).
En tanto que, dos horas más tarde, en el fuero Contencioso Administrativo Federal, el juez Enrique Lavié Pico habilitó la feria para tratar, por separado, distintos amparos presentados contra la totalidad del DNU, lo que complica el proceso colectivo en el cual el gobierno de Javier Milei pretendía que confluyeran todos los cuestionamientos a esa medida.
El magistrado declaró la inadmisibilidad formal de la acción como proceso colectivo -como había sido considerada la presentación del Observatorio de Derecho de la Ciudad- y comunicó al Registro de Procesos Colectivos, para su "desvinculación inmediata".
En esa dirección, Lavié Pico -quien se encuentra de turno en la feria judicial- ordenó que sean remitidas a "las jurisdicciones correspondientes" las "actuaciones que hubieran sido vinculadas al presente proceso" colectivo.
La resolución es contraria al pedido del gobierno nacional a través de la Procuración del Tesoro. Ahora, el gobierno podrá apelar esa determinación del juez que decide tratar cada uno por separado, el que él tiene que es contra la totalidad, y aquel del fuero laboral donde en dos cautelares ya se frenaron las demandas. De hacerlo, intervendrá la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que resolverá si los amparos siguen analizándose por separados o se concentran todos en este último fuero.
“Torna procedente la habilitación solicitada, toda vez que la demora impuesta por el receso judicial de enero en la tramitación de estos actuados entraña un riesgo cierto e inminente de la posible frustración de derechos que no podrían encontrar una protección oportuna en el caso de tener que esperar el transcurso de la feria judicial”, explicó el juzgado en su fallo.
Los jueces del fuero laboral, en tanto, resolvieron "disponer la suspensión cautelar de los efectos del DNU 70/23 en lo que hace a la operatividad de las previsiones contenidas en su Título IV (TRABAJO -arts. 53 a 97-) hasta tanto se dicte resolución sobre el fondo".
La decisión fue alcanzada con el voto de la jueza Andrea García Vior, al que adhirió su colega Alejandro Sudera, mientras que no votó la magistrada María Dora González. Ellos integran la sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
En la primera parte del fallo, los jueces aceptaron intervenir ante el planteo de la CTA y rechazaron enviar la causa al fuero Contencioso Administrativo, que es aquel al que el Gobierno nacional quiere llevar todos los planteos contra el DNU.
"En el caso planteado se dan a mi ver circunstancias graves y objetivamente impostergables que justifican la asunción de la competencia y la habilitación de la vía elegida en tanto la aptitud jurisdiccional de esta Justicia Nacional del Trabajo para entender en la contienda resulta inobjetable, no sólo en base a las normas procesales antes mencionadas que definen su ámbito material de actuación, sino también por su especial versación en materia de derecho social", señaló la jueza González Vior en su voto.
"No se trata meramente de derechos económicos, sino que lo que se alega es la grave vulneración de derechos humanos fundamentales", enfatizó González Vior en el voto al que adhirió el juez Sudera.
Además, la jueza remarcó: "Hecha pública la convocatoria a un paro general por las centrales obreras para el día 24 de enero en curso y habiendo dispuesto la CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación) no dar tratamiento inmediato al proceso originario habilitado ante su sede con motivo del DNU cuestionado, el peligro en la demora es aún mayor teniendo en cuenta las importantes modificaciones introducidas por el DNU a las leyes 25.877, 23.551 y 14250 -reitero, de aplicación inmediata, conforme la cuestionada ley 26122- y los graves riesgos de que el conflicto social -ya avizorado en los últimos días del año 2023- se acreciente y/o derive en hechos de violencia inusitada".
Tan pronto como se conoció el primer fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, desde el gobierno nacional habían dejado trascender que "los abogados del Estado apelarán la medida cautelar" y que la presentación ya está siendo elaborada por la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Rodolfo Barra.
Por su parte, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, ratificó este jueves que el gobierno apelará, mediante un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia, el fallo dictado por la Cámara del Trabajo en contra del DNU.
En la habitual rueda de prensa llevada a cabo en Casa Rosada, Adorni confirmó que el Gobierno también pedirá "la incompetencia" de la Cámara del Trabajo.
"El fallo se apelará. Habrá un recurso extraordinario ante la Corte y, además, se impedirá la incompetencia por entender que el fuero es el Contencioso y no el Laboral. Además, todo esto va en contra de la jurisprudencia conocida en esta materia", comunicó Adorni.
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