Sobre tablas, por unanimidad, la Cámara de Diputados rechazó el veto con texto alternativo del Poder Ejecutivo a una ley que le otorgaba instrumentos para reconocer la situación de docentes y asistentes escolares reemplazantes que se quedaron sin ingresos desde la pandemia y lo giró al Senado que tendrá la palabra final. La unanimidad implica que la propia bancada justicialista sumó su objeción a la observación del gobernador.
También por unanimidad, Diputados sancionó una ley declarando en emergencia el transporte automotor por colectivos tanto urbano como suburbano e interurbano acompañando la iniciativa que se originó en el senador Rubén Pirola (PJ - Las Colonias). La medida mantendrá su vigencia en forma paralela a la ley nacional 27 .541 de emergencia pública en materia sanitaria.
En cambio, en votación dividida, la Cámara Joven construyó una fuerte mayoría para votar un proyecto que regula el derecho de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la provincia a una Educación Sexual Integral laica, con perspectiva de Derechos Humanos, género y diversidades sexuales; en los establecimientos públicos, de gestión estatal, privada, cooperativa y social, conforme a su desarrollo, atendiendo a su realidad sociocultural y a sus necesidades, en virtud de lo establecido en la Ley Nacional Nº 26150", según el artículo.
El voto contrario al texto fue expresado por los bloques de "Somos Vida y Familia" y "Somos Vida" que expresaron fuertes disidencias con el texto. Sumaron su rechazo los macristas María Ximena Sola y Gabriel Chumpitaz.
El Poder Ejecutivo vetó la ley 13992 sancionada a fines de agosto, norma que dispuso el pago de una asignación a docentes y asistentes escolares que habitualmente realizan reemplazos y que en función del Covid 19 se quedaron sin ingresos. La Legislatura entendió que el monto y el universo del beneficio serán definidos por las mesas paritarias de los sectores.
Son seis los artículos vetados por el Ejecutivo que además dejó fuera del sistema a los asistentes escolares. Además, la Casa Gris ofrece un texto alternativo y propone que se faculte al Poder Ejecutivo para que a través del Ministerio de Desarrollo Social "con carácter de ayuda social compensatoria, disponga el pago de una suma de dinero de carácter excepcional a los docentes inscriptos y escalafonados como aspirantes a suplencias con carácter de reemplazante en los establecimientos de gestión oficial del sistema educativo provincial que, encontrándose en derecho de turno y sin que mediare impedimento para su aceptación no hayan tenido ofrecimientos y asignación de suplencias para desempeñar funciones en lugar de un titular, de un interino o de otro reemplazante; como consecuencia de la entrada en vigencia" de la pandemia.
La propuesta de Casa Gris es que el monto será determinado por el Poder Ejecutivo, a propuesta de los Ministerios de Educación y Desarrollo Social. Además sugiere en otro artículo encomendar al Ministerio de Educación el relevamiento y registro de docentes inscriptos y escalafonados como aspirantes a suplencias con carácter de reemplazo en condiciones de acceder al beneficio.
El autor del proyecto que dio origen a la ley, el radical Juan Cruz Cándido y la ex ministra de Educación, la socialista Claudia Balagué se encargaron de ratificar la postura parlamentaria. Ya sobre el final, Leandro Busatto (PJ) dijo que el objetivo de su bancada es buscar consensos "para unir, no para desunir".
Cándido insistió en advertir el desamparo total en que se encuentra un sector de trabajadores que no tuvieron ingresos del estado provincial ni pueden acceder al IFE utilizado para el gobierno nacional para aquellos trabajadores que se quedaron sin posibilidades de ejercer su profesión o arte debido a la pandemia. "El Ejecutivo tenía herramientas en la ley para trabajar con libertad, en la reglamentación y no aplicar el veto excluyendo a los asistentes escolares" añadió.
"El voto de hoy es un llamado de atención más que un rechazo al Ejecutivo, es un pedido para que abandone la actitud conservadora, que se arriesgue en estos momentos extraordinarios, que muestre sensibilidad, disposición a escuchar y acordar con la Legislatura", remató Cándido.
Balagué recordó que se viene reclamando desde abril una solución para el sector. "Las necesidades son críticas; son muchas familias que no han recibido ingresos desde el inicio de la pandemia. Hay fondos disponibles" y se preguntó porqué no se habilitó el trabajo y porqué no se asiste en un momento tan crítico como el actual. "Esperamos que el Senado nos acompañe y haga realidad el apoyo a docentes y asistentes", concluyó.
Con un minuto de aplausos en el inicio de la sesión, la Cámara de Diputados rindió homenaje a Héctor Cavallero, fallecido el pasado viernes en Rosario. El ex intendente de Rosario fue hasta diciembre del año pasado integrante de la Cámara Baja encabezando el bloque justicialista. Hubo luego emocionadas palabras de Leandro Busatto (PJ), Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), Matilde Bruera (PJ), Gabriel Real (PDP), Clara García (PS) y Rubén Giustiniani (Igualdad). Honestidad y valentía fueron las cualidades repetidas del dirigente fallecido.
ESI con posturas divergentes
La Cámara de Diputados pudo conformar una sólida mayoría para votar un proyecto de ley de Educación Sexual Integral (ESI) para regular el derecho de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a esa educación laica, con perspectiva de Derechos Humanos, género y diversidades sexuales.
Sobre la base de cinco proyectos de ley el tema se discutió en tres comisiones pero fue clave el trabajo en Educación donde hubo dictámenes de mayoría y de minoría, posiciones luego que se expresaron en el recinto en una larga lista de expositores.
Si bien la ley nacional tiene 16 años, la mayoría de los bloques entienden que Santa Fe debe tener su propia norma.
El proyecto fue votado en forma contraria por los bloques Somos Vida y Familia; Somos Vida y los macristas Sola y Chumpitaz, sectores que entienden que se discrimina a la familia a la hora de la educación.
"Somos Vida y Familia" votó en contra cuestionando que "se establece la obligatoriedad para estudiantes de todas las edades, instituciones de gestión pública o privada, de impartir contenidos referidos a la sexualidad humana plagados de un enfoque sin sustento científico, especialmente en cuanto a los postulados de la ideología de género". Además objetan que el texto "transforma radicalmente del concepto de familia, incorporando la supuesta enseñanza de derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, dejando a la familia de lado, quitando a los padres el derecho de educar a sus hijos de acuerdo a sus valores y principios éticos y morales, además de abrir de par en par las puertas del aborto a nuestros jóvenes consagrando falsos derechos a tomar decisiones reproductivas libres".
La socialista Gisel Mahmud, la radical Silvana Di Stéfano y la justicialista Lucila De Ponti fueron las primeras voces en respaldar la iniciativa y valorizar el trabajo realizado para aprobar el texto que deberá revisar el Senado. La primera subrayó que "estamos aprobando una herramienta más que importante". Para la socialista hablar de ESI "es hablar de derechos, hablar de docentes capacitados, de información científica, de romper mitos y tabúes, es hablar de salud, es romper el silencio y es libertad".