Luis Rodrigo | politica@ellitoral.com
El ministerio de Educación piensa reemplazar la licitación de los viajes por un pago a los maestros. Si cada uno contrata su transporte puede perderse escala.
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“No se entiende que algo que funciona correctamente, que resultó una solución, se busque cambiarlo y me temo que complicar las cosas”, resumió a un grupo de periodistas el senador Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal), luego de la sesión del jueves pasado.
El jefe del oficialismo presentó e hizo circular entre sus pares de distintas bancadas un proyecto de declaración que fue aprobado por unanimidad, y declara la preocupación de la Cámara alta por el fin del sistema de traslados pagos a docentes rurales.
El Delegado de la Regional IX de Educación en el departamento San Cristóbal, Rubén Porcel de Peralta, confirmó que el Ministerio decidió no volver a licitar los viajes en remises a los docentes secundarios de los llamados núcleos rurales.
En su lugar, a los maestros que dan clases en el campo -en especial en el centro norte santafesino- contarán con la debida compensación económica: el pago del 100% del rubro zona desfavorable, “según la cantidad de horas cátedra, para cubrir el gasto de movilidad”, expresa en sus fundamentos el propio proyecto de Michlig.
Sin ómnibus
Del tema ya se han ocupado los gremios docentes y no parece ser el dinero el problema mayor. El funcionario de Educación mencionado ha dicho a los medios de San Cristóbal que desde el gobierno se comenzaron a verificar una serie de irregularidades como sobreprecios de parte de las empresas de remises o la utilización de vehículos no autorizados para circular, con lo que la provincia se expondría a demandas legales ante cualquier accidente, ya que no estaría cumpliendo con la Ley de Transporte.
Por otra parte, si cada docente resuelve como puede sus viajes donde no hay servicios de transporte de larga distancia (en ocasiones de hasta 80 kilómetros) la demanda se verá dispersa y eventualmente la calidad del servicio (sin el Estado de por medio) resulte aún peor.
Además de Michlig, al proyecto lo firmaron los radicales Hugo Rasetto (Iriondo), Rodrigo Borla (San Justo), Orfilio Marcón (Gral. Obligado) y Germán Giacomino (Constitución); lo mismo que el jefe de la bancada mayoritaria del PJ Armando Traferri (San Lorenzo), y los también justicialistas Rubén Pirola (Las Colonias), Joaquín Gramajo (9 de Julio), Osvaldo Sosa (Vera), Alcides Calvo (Castellanos), Guillermo Cornaglia (Belgrano) y Eduardo Rosconi (Caseros).
El Senado declaró “su preocupación ante las medidas que implementaría el Ministerio de Educación” con respecto a “la suspensión del pago a las empresas prestatarias del servicio de traslado de los docentes rurales de la educación secundaria” a los lugares donde dictan clases.
La medida “resentiría el normal desarrollo de los contenidos académicos y la calidad educativa”, dicen los fundamentos de la declaración, votada por unanimidad.
Tras destacar que el sistema aún en uso funcionaba adecuadamente, “en el marco del proyecto de fortalecimiento de la educación rural”, se subraya que muchos maestros no cuentan con vehículo propio o no manejan.
“Los traslados de los docentes eran realizados por empresas o particulares, mediante el sistema de concurso de precios, con apertura de ofertas y control de documentación exigida en el pliego, con el objetivo de asegurar el traslado de los educadores hacia el lugar de trabajo”.
Michlig destaca que el cambio que pretende Educación “no contempla las particularidades que presenta la educación secundaria rural en departamentos de mucha extensión y con problemas de conectividad”.