El gobierno traza una estrategia para auditar a las universidades
Según la ley Nº 24.521 de Educación Superior, el Estado nacional, provincial o de la Ciudad de Buenos Aires, tienen la responsabilidad de "proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización".
"La educación pública no está en discusión. Lo que está en discusión son las auditorías, el adoctrinamiento, los curros y la crisis generada por los que gobernaron 16 de los últimos 20 años...", fue el mensaje del Presidente en redes sociales.
"La educación pública es un derecho. Auditar es una obligación", prometió Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, en consonancia con las intenciones del presidente Javier Milei. Si bien existen impedimentos legales para concretar la revisión de cuentas de las casas de altos estudios, el Gobierno juega sus cartas en instalar el tema para avanzar en la necesidad de transparentar el destino de las cajas.
En base a la Ley Nº 24.521 de Educación Superior, el Estado nacional, provincial o de la Ciudad de Buenos Aires, tienen la responsabilidad de "proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades", y la obligación de controlar a los establecimientos privados.
En su artículo 59, remarca que "las instituciones universitarias nacionales tienen autarquía económico-financiera que ejercerán dentro del régimen de la ley 24.156 de Administración Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional".
A raíz de un dictamen de la Procuración del Tesoro, liderada por Carlos Zannini, que data del 28 de noviembre de 2022, se estableció que los controles de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) no son aplicables a las universidades nacionales.
Por esto, las auditorías internas están a cargo de cada institución que, a su vez, en determinados casos, trasladan el detalle de sus cuentas a la Auditoría General de la Nación (AGN), órgano unipersonal dependiente del Consejo Superior, que reporta al Congreso.
La SIGEN es otro de los organismos que audita, aunque es la que cosecha mayores críticas de parte de las altas casas de estudio por depender del Poder Ejecutivo Nacional.
En noviembre de 2023, el entonces ministro de Educación, Jaime Perczyk, firmó un convenio con la SIGEN con el objetivo de "mejorar las auditorías internas", con la adhesión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). "Es bueno poder firmar convenios bilaterales y hacer acuerdos con el SIGEN porque la transparencia en las Universidades incluye también la validez de los títulos que es lo fundamental en una universidad", argumentó el exministro.
Dicho documento cosechó la adhesión de 20 de 56 universidades. La Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) se encuentra dentro de las que no suscribió.
La batalla cultural "por la transparencia"
"La educación pública no está en discusión. Lo que está en discusión son las auditorías, el adoctrinamiento, los curros y la crisis generada por los que gobernaron 16 de los últimos 20 años...", fue el mensaje que el Presidente optó por replicar en sus redes, publicado por el subsecretario de Prensa, Javier Lanari.
Minutos antes del tweet, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había planteado en conferencia de prensa la necesidad de auditar las universidades en la previa a la Marcha Federal Universitaria.
Lo cierto es que en Balcarce 50 saben que la autonomía universitaria es una clara traba para avanzar en concretarlo, por eso, apuestan a dar "la batalla cultural" de cara a la sociedad. Una fuente de la administración libertaria reveló ante la agencia Noticias Argentinas que no hay acciones concentras para avanzar en las auditorias, pero remarcó que el debate discursivo sirve para instalar el tema y presionar.
"La Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) no es sagrada", subrayó la misma fuente, y argumentó: "Aprendimos mucho de la experiencia de Macri". A pesar de la inacción, los distintos actores de gobierno insisten en "transparentar el sistema de gastos" con el objetivo de que los organismos correspondientes lo concreten.
"El último informe de la AGN es de hace diez años. Por algo no quieren hacerlo. Tal vez los números que arrojen las auditorias no sean significativos, pero son simbólicos", argumentaron por los pasillos de Casa Rosada.
Milei respondió por redes
El presidente Javier Milei reposteó una gran cantidad de mensajes de distintos funcionarios de su gobierno y de militantes libertarios que apuntaron contra la Marcha Federal Universitaria. Antes de que los participantes empezaran la movilización, el mandatario nacional volvió a mostrarse muy activo en su cuenta de la red social X.
"Así se prepara Plaza de Mayo para la marcha: logos de la CGT, y el símbolo de la hoz y el martillo comunista. Ah, pero no es política la marcha, eh", afirmó uno de los mensajes que retuiteó Milei, con el objetivo de mostrar la condición "política" de la protesta.
Junto a fotos de los manifestantes con algunas insignias partidarias, el Presidente compartió otro tuit: "¿Alguna duda de que es una marcha política y no estudiantil?". Además, el mandatario nacional publicó un posteo del legislador porteño de La Libertad Avanza (LLA) Ramiro Marra.
"La casta política secuestró la educación. CGT, kirchnerismo, Partido Comunista: lo peor de la política utilizando a la educación pública para atacar al Gobierno. El que no lo ve es porque no quiere. Defendamos la educación pública, pero vamos a eliminar el curro político", subrayó el libertario, reposteado por Milei.
El Presidente también compartió lo dicho por su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien expresó: "Hoy vamos a ir a cuidar a los estudiantes Sergio Massa, Axel Kicillof, Hugo Yasky y Pablo Moyano".
Transferencias con aumento del 70%
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, anunció que cumplió con el cronograma de pagos a las universidades nacionales "con un aumento del 70%" y resaltó que se concluyó "con la política de congelamiento presupuestario de la administración anterior".
"Las universidades públicas recibieron este lunes 22 de abril $21.888 millones del Estado Nacional para su funcionamiento", destacó el Ministerio a cargo de Pettovello.
"Tal como estaba planificado cuando se estableció el cronograma de pagos con el CIN, se realizó el depósito del 100% de los gastos de funcionamiento de las Universidades Nacionales, con un aumento del 70% y por un total de $10.075.851.955, concluyendo así con la política de congelamiento presupuestario de la administración anterior", indicó la cartera que lidera Sandra Pettovello.
En un comunicado, el Gobierno sostuvo que "se ejecutó en la presente jornada la totalidad de los gastos específicos para la función salud de las Universidades de Buenos Aires, Córdoba, Cuyo y La Rioja, además del refuerzo especial y extraordinario para el Hospital de Clínicas y demás hospitales universitarios de la UBA, lo que implica un desembolso de $11.812.261.781".
"De esta manera, las universidades públicas recibieron este lunes 22 de abril $21.888 millones del Estado Nacional para su funcionamiento", destacó el Ministerio.
"Este Gobierno defiende la educación pública a la vez que reitera el derecho del pueblo argentino de conocer el destino y ejecución de toda partida asignada. La Subsecretaría de Políticas Universitarias continuará trabajando en auditar y fiscalizar todo gasto que se apruebe, cumpliendo con lo dispuesto por el Art 2 de la Ley N° 24.521 "El Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las universidades privadas", agregó el comunicado.
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