El secretario de Coordinación Administrativa, Gustavo Bode, aseguró que se invirtió el 99,45% de los fondos dispuestos por la Emergencia en Seguridad de 2022 en Santa Fe, en tanto que para este año se pide que esa condición alcance a la totalidad del presupuesto en la materia.
Tras la controversia suscitada en la última reunión, y particularmente la intervención de la saliente secretaria de Administración Ana Morel, Bode acompañó al ministro de Seguridad Rubén Rimoldi, que dialogó con los miembros de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia de la Legislatura.
En diálogo con la prensa, el funcionario detalló que, de los montos autorizados, un 81 % se destinó a la fuerza policial, el 9% a convenios con municipios y comunas, y el resto al Servicio Penitenciario, el Iapip y el Isep.
Bode también hizo notar que un 89 % de la inversión estuvo destinada a bienes de capital, lo cual “es muy importante, porque incrementa el capital de la provincia, y en su gran mayoría fue para compra de camionetas, además de reparaciones de móviles y edilicias”.
Al ser consultado por El Litoral acerca de la observación del Tribunal de Cuentas a la partida de 6 millones de pesos a las unidades regionales de la Policía, indicó que “está en análisis, porque nos llegó ayer a última hora. El Tribunal objeta que las partidas especiales no están contempladas en la ley de Emergencia, pero la verdad es que son una forma de solucionar de inmediato los problemas. Santa Fe es una provincia grande, y hay muchos problemas que deben ser atendidos lo antes posible”, justificó.
Bode también confirmó que otro tema sujeto a controversia, como es la compra de chalecos antibala, quedó zanjado con la adquisición de 5500 de ellos a Fabricaciones Militares, con lo cual se va dar de baja el anterior y objetado proceso. Por lo demás, informó que para fin de mes se va a contar con los 1500 chalecos necesarios de manera urgente, y el resto en un plazo de 60 días.
El funcionario también expresó la satisfacción por la manera en que se ejecutaron los fondos, en un “porcentaje altísimo”, pero además adecuadamente dispuestos para satisfacer las necesidades en una materia tan delicada.
En cuanto al nuevo pedido de emergencia formulado para este año, consignó que no establece un monto determinado, sino que la aspiración es que esa condición (que permite flexibilizar y acelerar los procesos de disposición de recursos) se extienda a todo el presupuesto del Ministerio de Seguridad.
La Comisión de Seguimiento de la Emergencia en Seguridad está integrada por los diputados Juan Cruz Cándido (UCR), Lionella Cattalini (PS) y María Ximena Sola (JxC); y por los senadores Miguel Rabia (PJ), Armando Traferri (PJ) y Lisandro Enrico (UCR).