El Poder Ejecutivo remitió a Legislatura, por Cámara de Senadores, un mensaje con proyecto de ley que propone reformas parciales a diversas normativas procesales penales y del Servicio Penitenciario de la Provincia.
Las modificaciones “buscan mejorar la eficiencia del sistema judicial y corregir discrepancias normativas surgidas de sucesivas reformas", señalan desde el Ministerio de Justicia y Seguridad.
El Poder Ejecutivo remitió a Legislatura, por Cámara de Senadores, un mensaje con proyecto de ley que propone reformas parciales a diversas normativas procesales penales y del Servicio Penitenciario de la Provincia.
"Este proyecto ha sido elaborado por el Ministerio de Justicia y Seguridad, con el objeto de armonizar sucesivas modificaciones, subsanar errores materiales y adaptar el marco normativo a las nuevas realidades y desafíos propuestos por el Gobierno de la provincia en lo que respecta al sistema de seguridad y justicia", señala en los fundamentos la iniciativa firmada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno, Fabián Bastia.
Son ocho las leyes que apunta a reformar la iniciativa. Entre otras cosas, el mensaje pretende regular la utilización comunitaria de inmuebles inactivados, como medio para desalentar la reanudación de la actividad ilícita y promover su aprovechamiento en beneficio de la comunidad. "Esta medida se enmarca en una política más amplia de prevención del delito y de promoción del bienestar social", se explicó a El Litoral.
Además busca compatibilizar la mecánica de los recursos a la regulación de las audiencias diversas al juicio penal con la normativa vigente, mejorando la eficiencia y coherencia del proceso judicial.
Otra de las reformas busca ampliar la actuación unipersonal en ambas instancias judiciales, y prevé expresamente la audiencia por videoconferencia, lo que permitirá una mayor flexibilidad y celeridad en los procedimientos judiciales, reduciendo así la carga sobre los tribunales y facilitando la participación de las partes.
Otra reforma adecúa diversas disposiciones para concordarlas con el nuevo marco legal de la ejecución de la pena; corrige las exigencias de la titulación universitaria para ascender en la carrera penitenciaria; armoniza el Código Procesal Penal con la introducción del "Juicio por Jurados", según lo establecido en la Ley 14.253 para garantizar su adecuada implementación y coherencia con el resto del marco legal.
"La justificación de las modificaciones específicas propuestas buscan mejorar la eficiencia del sistema judicial, adaptándose a las nuevas necesidades del contexto social y legal, como así también corregir discrepancias normativas surgidas de sucesivas reformas", aclaró un vocero de la cartera que conduce Pablo Cococcioni.
El mensaje apunta a modificar algunos artículos de las leyes: Código Procesal Penal; la 13.018 sobre nueva Justicia Penal de organización de los Tribunales; la Ley N° 14.234, Orgánica del Servicio Penitenciario; 14.239 de Adhesión a la desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes; la 14.243 de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad; también las Leyes 13013 y 13014, orgánica del MPA y de la Defensa y la Ley 13.164.
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