Domingo 14.5.2023
/Última actualización 10:56
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de suspender las elecciones de gobernador y vice en San Juan y Tucumán modificó las expectativas políticas puestas en el "superdomingo" electoral previsto para este 14 de mayo, y en cuyo transcurso el oficialismo esperaba encadenar cinco triunfos. También desató una tormenta de interpretaciones (políticas y jurídicas, reivindicativas y furibundas) que se incribieron en el contexto del enfrentamiento del kirchnerismo con el Poder Judicial, y con la Corte en particular, a la que intenta someter a juicio político. Una sucesión de reacciones que viraron del acatamiento más o menos resignado, a la diatriba encendida e indignada, funcional al relato de la saga proscriptiva y persecutoria. Pero que, principalmente, pretendió potenciar el supuesto factor escandaloso asignándole la condición de arbitrio e intempestividad.
Concretamente, la Corte hizo lugar a medidas cautelares para impedir que se materialice una posible violación a las disposiciones constitucionales, ordenadas a fin de garantizar la alternancia en el poder a través de la renovación de mandatos, mediante cláusulas que limitan las posibilidades de reelección. Una medida precautoria mientras se resuelve el planteo de fondo; cosa que ocurrirá en un lapso no demasiado largo, para permitir que la secuencia electoral se complete debidamente en tiempo y forma, cualquiera sea la determinación sobre las candidaturas impugnadas de Sergio Uñac en San Juan y Juan Manzur en Tucumán.
La candidatura de Juan Manzur fue impugnada en Tucumán. Mientras el presidente de la Nación inscribía el episodio en la guerra santa que torpemente lleva adelante contra el Tribunal, la vicepresidenta y principal interesada en esa conflagración estableció por Twitter el marco interpretativo de la medida: el antiperonismo apátrida de los jueces, que por la misma razón (y no por las ventiladas en el juicio oral) están obsesionados por sacarla a ella del camino. Lo que han dado en llamar "el partido judicial".
Más deportivamente (en términos de respeto de las reglas institucionales, las maniobras electorales y hasta comparativamente los juegos de estrategia y destreza), Uñac y Manzur acataron la decisión, aunque no se privaron de fingir una sorpresa que en realidad no era tal. Como advirtió el principal rival del mandatario sanjuanino, su ex mentor José Luis Gioja, "nos cansamos de advertirle" sobre la inconsticionalidad de su jugada, pero aún así prefirió arriesgarse a hacerla; acaso especulando con que la Corte optase por quedarse al margen. No sucedió, y la decisión de la justicia electoral de su provincia derivó en un efecto inesperado: no será candidato, aunque se usará para votar en las demás categorías la boleta que lleva su rostro. Manzur, que también debió prever ésto, fue más allá y directamente bajó su postulación, para despejar el camino electoral; a la vez que en su provincia directamente las elecciones quedaron para más adelante.
La candidatura de Sergio Uñac fue impugnada en San Juan. Pero al margen del debate sobre la oportunidad y lo estrecho de los plazos, casi nadie se anima a sostener aún con seriedad el argumento de la incompetencia de la Corte para actuar como último interprete y garante final de la constitucionalidad del sistema. O de blandir un federalismo de pancartas para discutirle esa atribución. Mucho menos, para presuponer que en este caso "cambió su jurisprudencia", como deslizaron algunos comentarios presurosos e interesados.
Desde 2013 con Gerardo Zamora en Santiago del Estero (con otra composición), y pasando por los de Weretilneck en Río Negro y Casas en La Rioja, la Corte estableció una línea de interpretación de las normas constitucionales restrictiva en cuando a las posibilidades de reelección. Lo único que hizo en este caso fue, primero, ejercer su rol. Y segundo, aplicar su propia jurisprudencia. En todo caso, sí puede ser opinable y hasta discutible la cuestión de los plazos (¿debió o pudo expedirse antes?). Lo demás se ajusta a la lógica y los antecedentes del sistema institucional. Ése que a nadie debería tomar desprevenido, ni provocarle sorpresa.