El diputado justicialista Marcos Corach (Hacemos Santa Fe) salió a cuestionar el mensaje del Poder Ejecutivo que apunta a declarar la emergencia a la prestación del servicio público de agua potable, desagües y saneamiento por parte de Aguas Santafesinas S.A (Assa)., tema que fue girado a comisiones en la Cámara Baja tras la media sanción del Senado. La semana pasada, el directorio completo de Assa se reunió con la comisión de Obras y Servicios Públicos ampliada de la Cámara Baja para dar a conocer la situación de la empresa y las razones que movieron al Poder Ejecutivo a pedir la emergencia en el servicio de agua potable, desagues y saneamiento.
"Más que declarar la emergencia hay que discutir el nuevo marco de regulación para Assa cuyo contrato con el Estado vence sobre fines del año próximo" le dijo el legislador a El Litoral. El justicialista se preguntó "si las cuentas de Assa ya quedaron saneadas a fuerza de un tarifazo por encima del promedio histórico, ¿para qué esta emergencia?" y en un hilo de Twitter se planteó una serie de interrogantes. Esta semana, el legislador se reunió con varias cooperativas e incluso con intendentes y concejales advirtiendo sobre los efectos que la ley puede tener en las cuentas municipales. "Facúltase al Poder Ejecutivo a retener a los Municipios y Comunas, de los montos que les corresponda en concepto de coparticipación de impuestos, los valores que se devenguen desde la publicación de la presente ley, en concepto de venta de agua en bloque y a la tarifa correspondiente, conforme las previsiones incluidas en los artículos precedentes", señala el artículo 9 de mensaje del Poder Ejecutivo.
El cuestionamiento de Corach pasa además por los aumentos -más allá de los autorizados por Enress- aplicados en las facturas de Assa en lo que va del año, el aumento del costo de la venta de agua en bloque a municipios, comunas y cooperativas prestadoras del servicio de agua así como la obligación que tomen agua del acueducto aquellas localidades servidas por el sistema que está en plena expansión. Pero además, Corach cuestionó la designación -por decreto- de un director del Enress (Ente Regulador de Servicios Sanitarios) que se conoció esta semana, cuando los directores deben ser designados con acuerdo legislativo. "Se está vaciando de funciones al Enress y encima colocan un director por decreto; se viola la ley y lo que hay que discutir es el nuevo marco legal que tendrá la provincia para el sistema de aguas", lamentó el legislador que pretende abrir una discusión en comisiones del mensaje y no llevarlo en forma inmediata al recinto. "Esta Legislatura saca leyes rápidas, pero no sé si están bien dictadas" y refiere a la enmienda que debió votar Diputados la semana pasada a la reforma del Código Procesal Penal de la provincia.
Corach integró, en 2006, el primer directorio de Assa cuando se constituyó -de urgencia- la empresa para tomar la concesión que dejaron los empresarios franceses. En ese momento, Corach era funcionario de la municipalidad de Rafaela ya que los municipios servidos por Assa tuvieron participación accionaria y en el directorio de la flamante empresa. Con el paso de los años, el Estado provincial tiene el control casi total de la firma que está en situación financiera muy delicada, a decir de los actuales integrantes del directorio.
Enseguida, Corach cuestiona a la presidenta del directorio de Assa, Anahí Rodriguez quien años atrás presidiera el Enress. "¿Por qué la directora de Aguas, que hasta hace poco dirigía el organismo de control hoy borra con el codo lo que escribía con la mano? Si hasta ayer firmaba resoluciones oponiéndose a cualquier aumento de tarifas por encima del porcentaje otorgado por el gobierno en paritarias. ¿Por qué ahora aplica un aumento ridículamente superior a ese índice?" preguntó públicamente. Los incrementos en las tarifas de Assa fueron del 190% en el primer bimestre, 52% en el segundo y ahora 24,9%. Pero además, la empresa subió el valor del metro cúbico que le vende a municipios y cooperativas servidas por el sistema de acueductos. La gestión anterior cobraba $ 4,57 el metro cúbico que ahora pasó a costar $ 180,96. El justicialista admite que el valor que facturaba la administración de Assa durante el gobierno de Omar Perotti era muy baja pero considera excesiva la suma teniendo en cuenta la facultad extraordinaria que le daría la emergencia al gobierno central para descontar esa factura de las cuentas coparticipables.
Mirá tambiénNuevo director del ENRESS de Santa Fe designado transitoriamente y por decreto del EjecutivoEs así que en Twitter se pregunta "¿por qué la obligatoriedad, para comunas y municipios pequeños, de conectarse a los nuevos acueductos luego de aumentar más de 4600% el precio del metro cúbico de agua a granel? ¿Por qué hacer solidariamente responsables a los municipios y comunas con las cooperativas que prestan el servicio local de agua de red, garantizando el cobro del agua a granel que le distribuye por acueducto?" y enseguida defiende a la población que se organizó para proveerse agua en una cooperativa, que hizo las excavaciones, que armó sus plantas potabilizadoras y tendió la red de agua potable, ahora tiene que cerrar todo y comprarle agua cara a la Assa, según la interpretación.
En esta semana, Corach advirtió a cooperativas y a intendentes que "ni la municipalidad de Rosario, ni la de Santa Fe, ni la de Rafaela se hacen cargo del déficit de Aguas en su territorio. Con la emergencia, las más pequeñas sí lo serán e incluso se les va a retener hasta el 5% de la coparticipación provincial para cobrarse dicha deuda".
Por último, plantea la posibilidad que se trabaje para ordenar la empresa y deja abierto el interrogante "si dibujan una emergencia y arman todo para privatizar la empresa". Le dice a El Litoral "le quitan potestades al organismo de control, aumentan exorbitantemente las tarifas, recurren a ilegalidades administrativas, aseguran la conexión a los acueductos, retienen la coparticipación de municipios y comunas para garantizar el cobro y todavía quieren emergencia.
Enress
Corach cuestionó también la designación, por decreto, de Jorge Alberto Bachur, como director del Enress. "¿Por qué recurren a la ilegalidad de nombrar a un nuevo director sin pasar por la Legislatura y en el mismo decreto modifican de manera inconstitucional leyes provinciales referidas al control sobre la empresa?, se pregunta.
El decreto 687 conocido esta semana y ya publicado por El Litoral dio cuenta de la decisión del Poder Ejecutivo de completar por un año el directorio para poder avalar tarifas especialmente de prestadores locales de servicios de agua y de cloacas.
Sesión
Diputados no fue citada en la semana debido a que la mayoría de los integrantes de la Cámara agendaron actividades en Agroactiva. En tanto, se confirmó que el cuerpo será convocado para el jueves venidero a sesión ordinaria donde el oficialismo impulsaría el tema de la emergencia sanitaria.
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