Ya analizan la reforma integral al Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe
Los ministros Bastia y Cococcioni encabezaron la reunión donde se fijaron pautas de trabajo. El objetivo es tener el anteproyecto definido en febrero.
"Hacer más eficiente, sencillo y ágil el procedimiento, procurando optimizar la calidad del servicio judicial", el desafío planteado por el Poder Ejecutivo. Foto: Prensa Gobierno
Los ministros de Gobierno, Fabián Bastia, y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, encabezaron el encuentro para poner en marcha la comisión que deberá elaborar un anteproyecto de ley de reforma integral del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia.
Una extensa mesa en el Salón Blanco de Casa de Gobierno para la reunión sobre el futuro Código. Foto: Prensa Gobierno
"A los fines de preservar la unidad, integridad y coherencia que implica dicha reforma, también se podrán redactar los anteproyectos de modificaciones a leyes complementarias que se estimen pertinentes", dispone el decreto N° 1363 firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y ambos ministros el pasado 20 de agosto.
El diseño del derecho procesal santafesino constituye una política de estado transversal a todas las áreas de gobierno y por ende son los dos ministros los encargados de encabezar la comisión reformista.
Eficiente, sencillo y ágil
El decreto llama a "hacer más eficiente, sencillo, ágil, expeditivo y previsible el procedimiento, sin afectar el debido proceso y procurando optimizar la calidad del servicio judicial". La reforma, en principio tiene una doble función, por un lado incorporar las transformaciones ya ocurridas y anticiparse a las que vendrán para evitar que el sistema sea obsoleto en poco tiempo. ¿Qué busca y qué necesita el ciudadano?; ¿Cuál es el rol del sistema? son las preguntas que disparan el compromiso de reforma.
En la reunión realizada en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, los distintos sectores se comprometieron a trabajar durante enero para intentar tener definido el tema en febrero. El anteproyecto acordado será luego enviado a Legislatura para que las cámaras hagan la respectiva ley. Son 90 los días de trabajo que le fija el decreto con la posibilidad de tener una prórroga con un plazo máximo similar al original.
"La estrategia es con enfoque en el ciudadano y el compromiso con la innovación y la eficiencia. Debemos hacer un rediseño del modelo de gestión de conflictos. Este reto transicional requiere un abordaje de mirada humana y colaborativa con el empleo de herramientas tecnológicas", dijo uno de los participantes.
Reforma integral
Además de los dos ministros, estuvieron en el encuentro el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, y la secretaria legal de Gobierno, Julia Tonero; representantes de la Corte Suprema de Justicia; autoridades del Colegio de Magistrados, de los colegios de abogados y legisladores, entre ellos la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García.
Además de funcionarios de Gobierno, también asistieron representante de la corte y de los colegios de abogados y magistrados y legisladores. Foto: Prensa Gobierno
El actual Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia data del año 1962, "siendo en su momento una norma innovadora, pero que actualmente necesita una reforma integral", señala el decreto de convocatoria a la comisión. Admite que "desde hace varios años se han intentado reformas integrales, todas sin éxito, entre ellas la del Decreto Nº 2505 del 18 de agosto de 2017".
Algunas de las reformas intentadas tuvieron la media sanción de la Cámara de Diputados pero se frenaron luego en el Senado. "Se impone un cambio de paradigmas ante el proceso de 'convencionalización del Derecho Privado', lo que acarrea una necesaria modificación del derecho procesal que resulta ser un instrumento indispensable para su efectivización", acota en los considerandos el decreto.
Nuevas tecnologías
El decreto señala que "se han emitido un sinnúmero de herramientas de creación pretoriana vinculadas con situaciones de urgencia y de tutela anticipada, que contempla todo un universo de vulnerabilidades; que la garantía del debido proceso conlleva el derecho de los justiciables de acceder a la tutela judicial efectiva de sus derechos; que este principio constitucional y convencionalmente previsto impone repensar las reglas procesales, pues prevé el desarrollo de un procedimiento que respete los principios básicos y las garantías fundamentales, toda vez que concluya en un fallo justo, razonable, proporcional y oportuno".
Entiende el Poder Ejecutivo que el desafío es implementar nuevas normas tendientes a la simplificación y estandarización de los procedimientos, los que, además, deben estar adaptados a las nuevas tecnologías.
Seguridad informática
La comisión tiene el propósito de recepcionar las voces de los actores interesados en el quehacer de la justicia civil y comercial, conciliando posiciones jurídicas y filosóficas que puedan parecer antagónicas, aunque consolidadas funcionalmente.
Los avances tecnológicos a través de los medios electrónicos, expediente digital, firma electrónica y digital, inteligencia artificial, blockchain, en el centro del debate. Foto: Prensa Gobierno
El decreto no deja de mencionar que es necesario tener en cuenta a las tecnologías informáticas y de comunicaciones, las que imponen pensar en una reingeniería de procesos para el siglo XXI, así como procurar mayor celeridad y oralidad en los procedimientos judiciales en la Provincia.
Es así que los avances tecnológicos de los últimos tiempos han hecho surgir realidades que hacen necesaria su adaptación a los fines de lograr una mayor eficiencia y modernización en la tramitación de los procesos judiciales a través de los medios electrónicos, expediente digital, firma electrónica y digital, inteligencia artificial, blockchain como forma de registro y otras, por lo cual es oportuno contemplar el uso masivo de las TIC con certificaciones de calidad y seguridad informática.
Objetivo: El decreto marca que "la reforma tiene como finalidad preservar la unidad, integridad y coherencia que implica como norma de fondo el nuevo Código Civil y Comercial Argentino establecido por la Ley Nº 26944 y modificada por Ley Nº 27077".
Cinco ejes
El Poder Ejecutivo entiende que la reforma debe tener como objetivo cumplir con 5 ejes:
Simplificar la estructura reduciendo la cantidad de moldes procesales incluyendo allí el abreviado oral, proceso de pequeñas causas, de familia y especiales como desalojos, sucesorios, etc.
Simplificar, agilizar y flexibilizar los modelos procesales, incluso facilitando acuerdos procesales entre las partes.
Oralidad para optimizar el funcionamiento general en cualquier etapa.
Digitalizar el modelo y pasar de una dinámica operativa pensada para el papel (analógica) a una específicamente digital. Se incluyen la plataforma de gestión digital, el expediente electrónico, las notificaciones electrónicas, los sistemas de avisos y alertas, entre otros.
Optimizar el subsistema "probatorio".
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