La preocupación expresada por la CGT Rosario ante la Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión de la Cámara de Diputados tras la detención, el mes pasado, del secretario Gremial de esa seccional de Smata, Román Moyano a raíz de su actuación en el conflicto suscitado por el despido de 23 trabajadores en Guerrero Motors, derivó en una extensa reunión entre los legisladores y el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri.
El ministro recibió a los integrantes de la comisión que preside Fabián Palo Oliver y tras un pormenorizado análisis de la situación en particular y de otros casos, acordaron tener un mecanismo de trabajo en una especie de mesa cuatripartita donde estarán sentados el ministerios, legisladores, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) como actores permanentes más gremios o empresarios del sector donde se produzca un conflicto. "Definimos un patrón general de trabajo ante cada uno de los conflictos" reconoció Pusineri a El Litoral. "Acordamos trabajar en una agenda común que permita revalorizar los ámbitos de diálogo con el objetivo de evitar que se judicialicen las protestas sociales y laborales" señaló Palo Oliver.
La comisión legislativa había tenido el viernes último un encuentro con Jorge Baclini, titular del MPA con el mismo objetivo. El fiscal general explicó cuándo y por qué se llega a la actuación de un fiscal en algunas de las causas advirtiendo que la presencia se da ante la denuncia de la posible violación de la ley penal.
"No pretendemos reemplazar al Ministerio de Trabajo pero apostamos a abrir canales de diálogo para evitar judicializar conflictos laborales en la provincia" acotó Palo Oliver.
El tema Guerrero motivó ya varias presentaciones en la propia Cámara de Diputados cuestionando la criminalización de la protesta así como expresando preocupación por los despidos de esa firma dedicada al armado de motos y también requiriendo conocer cómo fue la actuación de la cartera laboral en ese conflicto.
Los dirigentes gremiales plantearon ante legisladores que los fiscales del MPA cuando un conflicto está en marcha, pidan en el Ministerio de Trabajo la historia total del hecho y no que solamente se manejen con la denuncia policial empresaria. El tema fue planteado luego a Baclini quien advirtió que los fiscales actúan ante una denuncia de posible violación del Código Penal y dio su consentimiento para trabajar en una mesa de diálogo.
La situación en la planta de Guerrero Motos se originó por el despido de 19 trabajadores y cuatro delegados de Smata. La patronal además denunció al secretario gremial, Román Moyano y el fiscal de San Lorenzo, Aquiles Balbis, ordenó su detención bajo las figuras legales de incumplimiento de mandato judicial y turbación de derechos.
Ya los legisladores habían advertido una situación similar el año pasado en el conflicto de Algodonera Avellanda, empresa ligada al grupo Vicentin.
La Comisión de Diputados encargada del seguimiento del caso Vicentin volverá a reunirse con el juez del concurso de la aceitera que se tramita en los tribunales de Reconquista. Fabián Lorenzini respondió afirmativamente al nuevo pedido de audiencia formulado por la comisión que encabeza el justicialista Luis Rubeo. El encuentro será este jueves por la mañana. En la fecha, los legisladores volverán a reunirse en el norte con los dirigentes gremiales de aceiteros, carne y algodoneros.
Integrantes de la Comisión de Asuntos Laborales de Diputados estuvieron ayer en la ciudad de Puerto General San Martín acompañando a trabajadores aceiteros de la firma Buyatti que horas antes habían recibido 73 telegramas de despido. Los legisladores escucharon quejas y denuncias por un proceso de vaciamiento de la empresa. Fabián Palo Oliver estuvo con los trabajadores junto a Lucila De Ponti, Leandro Busatto, Carlos del Frade y Matilde Bruera analizando alternativas para los despedidos.
Hubo compromiso de gestiones ante las carteras laborales tanto nacional como provincial y gestionar reuniones para que los aceiteros puedan formar parte de las plantas de otras empresas que trabajan a buen ritmo en la zona.
La planta de Buyatti trabajaba para Vicentin y ante el concurso preventivo de la segunda, paralizó sus actividades desde hace un año.
El gobierno provincial mantiene abierto los canales de conversaciones con los gremios estatales y docentes para acordar los términos salariales para el presente año. Hasta anoche no había fecha formal de convocatoria a reuniones oficiales. No obstante tanto voceros de la Casa Gris como de los diferentes gremios se mostraron optimistas en encontrar un punto de encuentro para el aumento tomando como referencia la paritaria nacional docente.
"Se revisan escalas y categorías minuciosamente" se dijo en ambos sectores ante la falta de convocatoria a reuniones oficiales.