Exigen una auditoría a la concesión de la autopista Rosario - Santa Fe

Mario Cáffaro

mcaffaro@ellitoral.com

El bloque de diputados justicialistas Primero Santa Fe intentará lograr esta tarde un pronunciamiento favorable de la Cámara de Diputados para que el Tribunal de Cuentas realice una auditoría integral de la concesión de la autopista Rosario - Santa Fe y que mientras tanto el Poder Ejecutivo se abstenga de ejecutar y financiar con recursos provinciales obras que le corresponden realizar a Arssa, la UTE conformada por empresas constructoras que tiene a su cargo la concesión.

Los detalles del proyecto fueron adelantados esta mañana por el jefe de la bancada, Héctor Cavallero, en rueda de prensa donde descargó fuertes críticas a las decisiones de los sucesivos gobiernos del Frente Progresista en torno al corredor que une a las dos principales ciudades de la provincia. Entre los fundamentos del proyecto de resolución, se exponen las declaraciones de los últimos días del ministro de Infraestructura, José Garibay, quien señaló que “los números no cierran para hacerse las obras necesarias”, “tenían que pavimentar 160 km de ambas manos pero se hicieron solo 70 km”, “hacer una revisión integral de los trabajos ya realizados”, “hay planteos de la empresa no ajustados a las tarifas”, etc.

Cavallero encabeza uno de los tres subbloques en los que se dividieron los diez diputados del Frente Justicialista para la Victoria. Lo acompañan Roberto Mirabella, Patricia Chialvo, Rosa Simoncini y Germán Baccarella.

Los puntos

El proyecto de resolución tiene cuatro puntos, el primero de los cuales solicita la auditoría del Tribunal de Cuentas para, entre otras cosas, determinar el grado de cumplimiento por parte de la empresa concesionaria de cada una de las obligaciones emergentes del contrato de concesión respectivo, detallando obras realizadas y monto de la inversión en el marco de dichas obligaciones; verificar la legalidad y justificación de los aumentos de tarifas acordados por el Poder Ejecutivo; informar la evolución de los recursos integrados al fondo de obras y el detalle de las obras atendidas con ese recurso; detalle de las obras hechas por la concesionaria adjudicadas en forma directa y financiadas con aportes del Tesoro provincial así como un dictamen sobre el estado general de situación de la concesión a la fecha, conforme a los términos del respectivo contrato.

En otro punto, requieren del órgano de control de la concesión, copia de los dictámenes técnico-jurídicos producidos durante todo el período de vigencia del contrato y al Tribunal de Cuentas los antecedentes relativos a los análisis de legalidad de las distintas normas dictadas por la autoridad de aplicación relativas a los distintos aumentos de tarifas autorizados así como de los actos dispuestos por el Poder Ejecutivo relativos a la ejecución de obras financiadas por el gobierno y adjudicadas en forma directa a la concesionaria.

En el último punto, los diputados justicialistas le piden al Poder Ejecutivo que se abstenga de ejecutar y financiar con recursos provinciales obras que le correspondan realizar a la concesionaria a su cargo hasta tanto se conozcan los resultados de la auditoría del Tribunal de Cuentas y se resuelva si es pertinente mantener la vigente concesión o bien encarar un nuevo proceso.

Cavallero hizo notar la preocupación “porque el gobierno provincial ha financiado en reiteradas oportunidades obras no comprendidas en la concesión mediante un encuadre de dudosa legalidad disponiendo la adjudicación en forma directa a la propia empresa concesionaria sin ningún tipo de licitación o proceso de compulsa de precios”. Además, observó que ahora la decisión “apuntaría a financiar específicamente obras de repavimentación que debe hacer la concesionaria conforme a los términos del contrato con recursos derivados de la tarifa por peaje que específicamente están previstas en los pliegos de licitación, y que la concesionaria no ejecutó a pesar que la realización se consideró al momento de justificar los sucesivos aumentos tarifarios”.

De y para mujeres

• La diputada oficialista Verónica Benas (Pares) presentó un conjunto de iniciativas vinculadas a la situación de las mujeres, entre ellas, que los Jueces de Falta puedan disponer medidas de restricción de cercanía para varones agresores. A tal fin sugiere modificar el Código de Faltas dándoles a esos magistrados la facultad de disponer medidas de “interdicción de cercanía” por un tiempo determinado.

El dato Puente

• Diputados aprobó un proyecto del radical Fabián Palo Oliver donde le solicita al Poder Ejecutivo que intensifique las gestiones ante Vialidad Nacional para lograr el urgente llamado a licitación de la nueva interconexión vial entre Santa Fe y Santo Tomé.