La senadora radical Carolina Losada presentó el mes pasado un proyecto de ley para endurecer las penas por la compra y venta de menores (incluidas en el Código Penal). El 4 de julio, su proyecto recibió media sanción por unanimidad (con 63 votos afirmativos), pero el texto volvió a comisión para la revisión particular del artículo 139 bis. Según este artículo, las penas por compra y venta de menores se elevaban de 5 a 15 años en el caso de funcionarios públicos y profesionales.
Endurecer las penas
Se firmó el proyecto de ley que implementa cambios en la penalización de venta de menores
Luego de obtener media sanción por unanimidad, se discutieron en detalle los artículos sobre agravantes de penas en caso de funcionarios públicos y en caso de compra y venta de menores con fines adoptivos que no cumplan con la ley vigente.
Foto: Juan Mambromata / AFP. 18:33
La senadora riojana Florencia López, del partido Unión por la Patria, objetó que esta pena debería aplicar a cualquiera que participara en esta actividad ilícita, independientemente de su cargo. La importancia de este punto es principalmente debido a que “las sanciones de 4 a 10 años permiten acceder a distintos beneficios”, según explicó. En este sentido, cuestionó al presidente de la comisión Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza, que consideraba que el aumento de la pena debería aplicar a funcionarios públicos únicamente.
Sobre esta discusión interna, la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri aseveró que “para subsanar el agravante hay un delito base, que tiene una escala, y los agravantes de un funcionario público van con el tercio superior de la pena”.
Finalmente, Losada y Pagotto cedieron a las modificaciones con el objeto de que el dictamen saliera lo antes posible. El proyecto de ley ahora establece que las penas serán de 5 a 15 para quienes entreguen a menores de edad, como para "los denominados intermediarios, para profesionales y funcionarios públicos”.
Además, se modificaron otros dos puntos: en caso de que el delito sea cometido por funcionarios públicos, la pena implicará también la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En segundo lugar, fue aceptada la petición de la senadora de Unión por la Patria María Eugenia Duré de añadir un párrafo para los casos de compra y venta de menores “con fines adoptivos sin haber cumplido con la ley vigente”. Esta modificación se hizo considerando un pedido de Marisa Graham —titular de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente— en la última reunión informativa en relación a este proyecto de ley.
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