La titular del MPA ordena investigar la recusación de Traferri a dos fiscales

Un comentado pedido de recusación del senador Armando Traferri (PJ-Nes-San Lorenzo) sobre los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra -que lo acusan de mantener vínculos y haber recibido dinero del juego ilegal- ahora muestra nuevas derivaciones.

Es que el legislador además de realizar ese pedido a la fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, también dio vista del escrito a la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, seguramente para guardarse la chance de ir ante la mayor autoridad del organismo acusador de ser necesario.

La titular del MPA decidió llevar ese documento de 84 páginas a la Auditoría General del propio organismo y también, "a la Fiscalía Regional de la Primera Circunscripción", es decir de la ciudad de Santa Fe, donde se tramitan varias investigaciones que podrían interesarse en el contenido de los presuntos hechos aportados por la defensa del representante en el Senado del departamento San Lorenzo, cuyo objetivo es sacarse de encima a Edery y Schiappa Pietra y exhibir lo que considera "una persecución política en mi contra" desde el Ministerio de Seguridad en épocas de Marcelo Sain y del propio MPA.

En la capital provincial se tramitan la llamada causa Sain por presunto abuso de autoridad durante el gobierno provincial saliente, por realizar tareas que generalmente se describen como de espionaje a personalidades del mundo de la política, las empresas y los medios de comunicación, que no tenían causas judiciales en su contra. Y también en esa jurisdicción, a cargo de las fiscales María Laura Urquiza y Bárbara Ilera, se investiga el caso que complica al fiscal Edery por sus vínculos con "una informante", Mariana Ortigala, hoy presa por integrar según la justicia federal la banda llamada "Los Monos".

Mientras tanto, la cuestión más relevante que plantea Traferri sigue sin cuestionamientos en poder de la fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren. Lo que pide el senador es el apartamiento de los dos fiscales que lo han acusado desde diciembre de 2020 de mantener contactos con un capitalista del juego ilegal, con "fundadas sospechas" de haber recibido dinero. Pero el senador reelecto dice que lo han acusado con procedimientos ilegales: desde la tergiversación de declaraciones de imputados en otras causas para acceder a escuchas telefónicas hasta allanamientos ordenados a partir del mismo procedimiento.

Como se sabe, desde hace tres años Traferri se refugió en sus fueros y evitó ser imputado y así tener que declarar. Ahora, tras las elecciones provinciales, decidió enfrentar a la justicia y sentarse en el banquillo de los acusados para lo que la Cámara alta autorizó el desafuero. Días después, sus abogados defensores solicitaron a Iribarren que nombre a otros fiscales y fundaron su posición a los dos señalados en un extenso documento que contiene "hechos con apariencia de delito", según cita Vranicich al resolver en una carilla enviar las copias mencionadas, como es de práctica, ante semejante extremo para la tarea de dos fiscales.

Así, el auditor general Leandro Mai recibe el PDF ante "los hechos expuestos sobre prácticas fiscales relacionadas con la figura del informante a los fines de ser tratado en el marco del proceso de monitoreo dispuesto" por su conducción.

En tanto, la misma información que recibe el fiscal regional de Santa Fe, Jorge Nessier solo describe como recomendación de la conducción del MPA que allí se tramitan "diversas investigaciones".

Competencias

Un vocero oficial del MPA subrayó que es competencia de Iribarren si siguen o no los fiscales Edery y Schiappa Pietra sobre la causa contra Traferri. Cabe recordar que ahora sí puede quedar imputado y ser citado a declarar porque se autorizó desde el Poder Legislativo autorizar la inmunidad de proceso ("no de arresto").

El decreto de Vranicich tiene fecha 20 de octubre y dispone remitir copia del pedido ingresado por los abogados Oscar Romera y Juan Murray a la Auditoria General de Gestión en razón de la "incumbencia disciplinaria del art 28 inc. 3 Ley 13.013, como en relación a los hechos expuestos sobre prácticas fiscales relacionadas con la figura del informante, a los fines de ser tratado en el marco del proceso de monitoreo dispuesto en las Resoluciones FG Nro 337/2023 y R.IECT 8/2023".

A continuación, la fiscal General de la provincia también determinó: "Advirtiendo que en el escrito de apartamiento acompañado se refiere que 'del relato fáctico que forma el corpus de este escrito, se desprenden hechos con apariencia de delito. De allí que es función inexcusable de ese MPA -como titular de la acción pública, promover la correspondiente instancia criminal (art. 16 CPP y art. 277 CP)' y que los hechos relatados y la evidencia fundante se relacionan con el objeto de diversas investigaciones a cargo de órganos fiscales de la Fiscalía Regional de la Primera Circunscripción, remítase copia a dicha Fiscalía Regional a sus efectos".

Foco

Hasta hoy, la lupa interna del MPA se había posado sobre el fiscal Edery. Pero la acusación de Traferri que contiene su pedido de apartamiento pone en el mismo plano a Schiappa Pietra, titular de la Agencia de Investigación Criminal.

En el decreto de Vranicich se hace mención a que el escrito firmado por Traferri "refiere a hechos oportunamente abordados por la Auditoria General de Gestión mediante la Resolución AGG Nro. 164/2021, señalando evidencias que no se encontraban disponibles durante la tramitación del Legajo Disciplinario".

Este mes se inhibió de resolver sobre Edery por encontrar que "de confirmarse los extremos de la acusación" sobre su relación con Ortigala corresponderían sanciones por sobre sus facultades y de inmediato pasó el expediente a la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa. La bicameral de doce integrantes (8 diputados y 4 senadores) ya votó su avocamiento y votó proponer a una diputada saliente, la socialista Lorena Uleldin que asuma el rol de acusadora aunque su mandato concluye en diciembre.