Miércoles 31.7.2019
/Última actualización 17:25
A horas de que se reanuden formalmente las conversaciones en el marco de la transición -la próxima reunión será este jueves a las nueve-, dos ejes temáticos se instalaron en la discusión pública respecto de cuáles serían las principales preocupaciones de la nueva gestión. El propio gobernador electo, Omar Perotti, alertó sobre la situación financiera de la provincia, que arrojaría un déficit de diez mil millones de pesos sólo en el primer semestre. La segunda inquietud -en buena medida, consecuencia de la primera- es el ritmo supuestamente “ralentizado” de la obra pública.
La situación es dispar de acuerdo con el ministerio que la lleve adelante. Consultado por El Litoral, el ministro de Obras Públicas, Pedro Morini, aseguró que en lo que respecta a su cartera no se han registrado inconvenientes, pero aclaró que los proyectos de mayor envergadura son promovidos desde otras reparticiones.
“Nosotros no tenemos ningún problema con los pagos; en nuestra cartera son, de hecho, muy pocas las obras que se tienen que terminar. Está casi concluido el Centro de Alto Rendimiento, está listo el Museo del Deporte; seguimos avanzando con el hospital de Rafaela y vienen muy bien otras obras, como la Casa del Brigadier”, enumeró. El funcionario describió como “totalmente normal” la situación en su ministerio, con plazos y licitaciones “que se están respetando”. Y aclaró que todo había sido proyectado en su área para que no trascendiera la actual gestión. “Tengo todos los pagos acordados con Economía, aunque es cierto que, tal vez, éste sea (en materia de obra pública) el presupuesto más acotado”.
La situación difiere, por ejemplo, en el Ministerio de Infraestructura. En diálogo con El Litoral, José Garibay negó que se hayan paralizado algunos trabajos, pero sí confirmó que se ha modificado el ritmo de las obras en función de la disponibilidad presupuestaria.
“Estamos adecuando el ritmo de obras de acuerdo con las expectativas de recursos que vamos a tener disponibles. Readecuar significa modificar los plazos originales y eso se traduce en bajar un poco el ritmo”, admitió. “Entonces -ejemplificó-, en una ruta que tiene movimiento de suelo y carpeta asfáltica, se avanza con el movimiento de suelo y se pospone el pavimento que es lo que implica un mayor costo. Ahí se baja el ritmo y en consecuencia, el certificado de obra. Evidentemente, esto resiente y modifica los plazos oficinales -insistió-, que en algunos casos terminarán trascendiendo nuestra gestión”. Garibay explicó que la ralentización en el ritmo de los trabajos se determina “de acuerdo con los recursos que nos pasa Economía. Los ingresos bajan, los gastos siguen aumentando y nuestras redeterminaciones quedan lejos de las expectativas que teníamos a principios de año, cuando se había presupuestado cada obra. Eso lo estamos manejando con las contratistas”, contó. “Hay una ralentización en función del presupuesto disponible -resumió-; una readecuación del ritmo de las obras que redunda en una extensión de los plazos, y que produciría demoras de entre dos y tres meses”, estimó.
Respecto de las licitaciones, dijo que “en general, el ritmo se sostiene”; aunque aclaró que no está resuelto si se adjudicarán las “obras de impacto”, es decir, aquellas que superan los 200 ó 300 millones de pesos. “Con las obras menores y aquellas que representan defensas en el tema hídrico, no hay problema en los procesos licitatorios. Pero las obras más costosas estamos viendo si se adjudican o no”, advirtió.
En cuanto a las obras viales, que fueron uno de los pilares durante la gestión de Miguel Lifschitz, se pospusieron en los últimos días y hasta septiembre una serie de licitaciones. De todos modos, el titular del área, Pablo Seghezzo, dijo que ello fue a pedido de las propias empresas interesadas. En diálogo con El Litoral, el funcionario reparó en el contexto económico de dificultad que debieron atravesar las últimas gestiones, a raíz de la dilación en el pago de la deuda que Nación mantiene con Santa Fe por coparticipación federal.
“Por un fallo de la Corte, la provincia es acreedora de unos 90 mil millones de pesos por una deuda que generó el gobierno nacional y que complicó las finanzas durante la gestión de Hermes Binner y sobre todo de Antonio Bonfatti. Esa deuda la tenemos para cobrar”, aclaró. En cuanto a las obras, aseguró que continúan en su mayoría “a ritmo normal; como siempre, hay algunas que tienen un mayor grado de dificultad porque han estado sobre todo en el norte con la emergencia hídrica y pueden estar más atrasadas. Otras vienen a buen ritmo con inauguraciones para los próximos días”.
Seghezzo advirtió, de todos modos, que Vialidad ha decidido frenar nuevas licitaciones. “Tenemos unos veinte proyectos ya listos y terminados como para licitar, pero donde nos parece que lo lógico es que esa decisión la tome la próxima gestión; si quiere continuar con esas obras que hemos priorizado o elige otras. La mayoría de esos proyectos tienen que ver con repavimentaciones y son estudios estructurales que se hicieron a toda la red. Hoy, Santa Fe tiene estudiada toda la red vial y eso da la posibilidad de saber qué hay que repavimentar hasta 2020, cuál aguanta hasta 2022, y cuál hay que tomar en 2025... Y eso no lo estamos licitando”, concluyó.
3.000 kilómetros de pavimento nuevo podrían financiarse, según estimó Pablo Seghezzo, con la acreencia de Nación -unos 90 mil millones de pesos-. En la actual gestión se pavimentaron 250 km, más de mil se repavimentaron y otros 250 se ripiaron.
En el ámbito de municipios y comunas, se reconoce un “cimbronazo” pero atribuible al período pos electoral. Así lo manifestó a El Litoral el subsecretario del área, Carlos Torres. “Hubo un pequeño parate en las obras después de las elecciones por la transición y para ver cómo se iba a dar ese camino. Pero el resto viene bien; el programa de Obras Menores se está moviendo, y están saliendo también las obras de pavimento que se adelantan por la deuda (de coparticipación). Tal vez hubo una ralentización hasta los primeros contactos por la transición porque era necesario saber cómo se iba a seguir -insistió-. En ese sentido, todo depende de los nuevos criterios y de los presupuestos disponibles”, afirmó.
Asimismo, recordó que aguardan la sanción legislativa de la norma que autoriza emplear parte del fondo de Obras Menores para gastos corrientes. “Ni bien esté la ley, lo vamos a circularizar a todos los intendentes. En todo caso se verá si lo cobran antes o después del diez de diciembre”, planteó
El ministro de Economía, Gonzalo Saglione, admitió que “los ingresos en la provincia crecen muy por debajo de la inflación”. De todos modos, ante la consulta de este diario, dijo que la obra pública “se viene pagando en los plazos normales, los que establecen los propios contratos, pliegos y la ley. Y el ritmo de certificación es el que se condice con las partidas presupuestarias disponibles en el ejercicio de cada uno de los ministerios. El ritmo depende de eso; estamos en el primer semestre con un crecimiento del gasto de capital del 65% en la ejecución devengada respecto de primer semestre 2018. Los recursos crecen muy por debajo de la inflación”, reiteró.