La ministra de Infraestructura, Silvina Frana, confirmó este lunes públicamente algunos números que habían comenzado a trascender el fin de semana sobre la delicada situación financiera en la que recibió la cartera. Encabezó una conferencia de prensa en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, rodeada por los funcionarios que integran su gabinete; y por el interventor de la EPE, Mauricio Caussi.
“Antes de asumir, soñábamos con muchas obras para la provincia. Pero claramente este estado de situación hace que todo aquello que habíamos soñado debamos postergarlo para culminar con las obligaciones que derivan de esta situación”, fue la expresión de la funcionaria para graficar la magnitud del rojo encontrado.
Según detalló, el ministerio registra una deuda -provisoria- general de 3.094 millones de pesos que se desagrega de la siguiente manera: Infraestructura 846.747.068 pesos, Obras Públicas 976 millones de pesos, Viviendas 236.971.086 pesos, y Vialidad 1.033.839.935 pesos. Ello, sin contemplar las gestiones realizadas pero no registradas por no contar con el presupuesto necesario por unos 500 millones más.
Frana alertó también sobre una situación deficitaria en las empresas del estado tanto EPE como ASSA. Esta última cerró el ejercicio 2019 con un rojo de 1.323 millones de pesos. “Vamos a revisar ese resultado en una situación en la que no sería una buena noticia tener que tocar las tarifas”, adelantó la funcionaria. En cuanto a la Empresa Provincial de la Energía, tiene a la fecha una deuda por facturas por vencer con Cammesa más intereses “del orden de los cinco mil millones”.
Consultada en términos generales sobre cuál será la política tarifaria de las empresas de servicio de la provincia, Frana dijo que esperan contar con el marco legal provincial para poder sumarse al “congelamiento” tarifario que propone el gobierno nacional.
Un tramo de la exposición en el Salón Blanco estuvo destinado a describir en qué condiciones de halló la Secretaría de Asuntos Hídricos. Su flamante titular, Ricardo Gioria, aseguró haber encontrado una planta de personal “diezmado”, con aproximadamente treinta vacantes de profesionales técnicos. También relató una situación comprometida en materia de maquinarias; dijo que sólo se cuenta con 17 retroexcavadoras en la repartición de las cuales funcionan doce.
“Queríamos que el pueblo de Santa Fe tuviera en claro cuál era la situación actual de este ministerio; que lo tuviera en claro la sociedad y también las contratistas. Y sobre esa base, pudieran interpretar por qué estábamos planteando, al igual que la Nación, una ley de emergencia”, dijo Silvina Frana. “Lamentablemente -continuó-, se ha planteado en algún medio que esta ley de emergencia quería defaultear a los contratistas; creo que es al revés. Lo que pretende es generar un marco legal para hacer los acuerdos necesarios sobre esto que no empezó hace menos de un mes con la gestión de Omar Perotti, sino hace mucho tiempo, a partir de la falta de incumplimiento con las obligaciones del estado”, insistió.
Consultada por El Litoral sobre cuál será el futuro de las obras iniciadas en la provincia, la ministra dijo que “la idea es darle continuidad a las que se consideran prioritarias. Los acueductos lo son. Por eso, queremos dejar planteado el estado real de las cuentas, y la verdad es que no nos pareció un gesto de altura política mandar al archivo la ley de emergencia”, reiteró la ministra, en un claro reproche al Frente Progresista, que rechazó el proyecto en la Cámara de Diputados. “Porque creo que ésta y otras situaciones que se van a ir expresando en otros ministerios -prosiguió- van a poner en claro que se necesita una ley para generar acuerdos y poder cumplirlos. Éste y otros argumentos son más que suficientes para poder aprobarla”, concluyó.
Enfáticamente, Silvina Frana consideró imperioso que la Legislatura, particularmente la Cámara de Diputados, reconsidere su posición frente al paquete de emergencias planteadas por el Poder Ejecutivo.
“Aspiro a la responsabilidad política de la oposición; aspiro a que la ley salga. Esta ley se va a volver a mandar a las cámaras, y si en el Senado las diferentes expresiones que representan diversos espacios territoriales y políticos comprendieron la necesidad de la emergencia, creo que bien puede repensarse el debate sobre ese tema. Me parece que basta salir un poco de nuestras oficinas y hablar con la gente para entender porqué la ley. Hay gente que no come. Está más que demostrada la emergencia social y alimentaria; la sanitaria está dada con proveedores de medicamentos que no cobran desde mayo y hay faltante de vacunas y medicamentos básicos. Este estado de situación en obras públicas no generado por esta gestión amerita rediscutir y renegociar esta ley, precisamente, porque no queremos defautear a las contratistas -insistió-; al contrario, queremos empezar a cumplir”.
3.094 millones de pesos es la deuda del Ministerio por Infraestructura, Obras Públicas, Vivienda y Vialidad
5000 millones de pesos es la deuda de EPE por facturas vencidas con Cammesa e intereses.
1.323 millones de pesos es el déficit con el que cerró ASSA el ejercicio 2019.