Capacidad técnica y consistencia política. La condición del equipo que debe reemplazar a Martín Guzmán, y posiblemente al titular del Banco Central y al jefe de Gabinete de aquí al lunes, es inalcanzable para un presidente que no toma decisiones -la peor decisión es la que no se toma- y una vicepresidenta que lo tortura sin tregua.
Implosiona el gobierno del peronismo. Ha tenido inéditos acuerdos del FMI y respaldos legislativos de la oposición. De nada le sirvieron el entendimiento con acreedores privados ni el aval de Cristalina Georgieva o de los Estados Unidos. A esta altura el crédito que tomó el macrismo es el menor de los problemas.
Aferrada a la geopolítica del acercamiento a Rusia, la defensa de Venezuela, la representación de Cuba o la defensa de Nicaragua, la vicepresidenta dejó que Máximo se corriera de la escena y cortó los hilos que manipulaban su creación electoral. La agenda política de Cristina estuvo siempre menos ligada a la gravedad sociopolítica que a su situación procesal penal.
El albertismo nunca consolidó un músculo propio. La CGT terminó con gestos lastimosos, los gobernadores se encolumnaron a sus espaldas, los movimientos sociales lo rodearon menos por convicción que por necesidad. Léase por plata.
Los funcionarios cristrinistas que manejaron tarifas populistas, vendieron hace dos semanas bonos públicos para comprar tarde y caro los barcos con gasoil que el país no tiene. Eso mientras le pisaban la manguera -con complicidades políticas santafesinas- al biodiésel que se produce en la provincia. El gasoducto que debió estar hecho y que podría convertir la crisis en oportunidad, no está licitado.
Los bonos en pesos se dispararon, los surtidores vendieron el combustible decisivo para todo el sistema de precios al doble de su valor, la brecha del tipo de cambio trepó al 100%, la inflación se disparó a tasas que anualizadas alcanzan las tres cifras. La angustia se instaló en una sociedad que contempla cómo Alberto Fernández se aferra al crecimiento “pírrico” del PBI, mientras la pobreza crece y el salario se pulveriza.
Miguel Pesce armó el cepo del cepo e imprimió en julio cerca de 1 billón de pesos; la mitad para asistir a las cuentas deficitarias de la Casa Rosada; el otro 50% para comprar los bonos en pesos ajustables por CER (por inflación) que los bancos se sacan de encima porque intuyen desde hace un par de semanas que la Casa Rosada podría reperfilarlos, es decir “no pagarlos” a su vencimiento, sino postergarlos en el tiempo.
La última jugada fue la de darle a la maquinita y subir tasas, para evitar romper el único mercado de crédito que le queda(ba) a la administración central. Eso y no convalidar una devaluación brusca, a pesar de la sugenrencia de Carlos Melconian a la vicepresidenta sobre un “fabregazo” (devaluación del 15% en enero de 2014 y suba de tarifas) para ganar algo de tiempo. Bien leído, el economista se sumó a un coro de voces obvias: o el gobierno gobierna haciendo un ajuste, o el dólar se dispara.
Walter Agosto, el ministro de Economía de Santa Fe, presentó hace pocas horas un acuerdo técnico posible por la deuda de $151mil millones que Nación mantiene con Santa Fe, para que la homologue la Corte. Pero esa proyección ideal de fondos que la Casa Rosada iría desembolsando en la medida en que se vencen los bonos, es hoy una ilusión que se esfuma en el caos.
Acaso el endeble sentido de la oportunidad política de Omar Perotti para impulsar ese acuerdo, deba aún explicar si Santa Fe pasará de acreedora de una sentencia firme, a simple bonista sometida a las generales de la ley. Las consecuencias de un default de la deuda en pesos que Cristina menospreciaba, acecha y puede golpear duro a la Casa Gris, como a toda la sociedad.
Nombres danzan por estas horas alrededor de la “mesa ratona” a la que se reduce la casi insignificante expresión política del presidente. Si se resigna a poner un ministro del Instituto Patria o un amigo de Axel Kicillof, el mercado responderá despavorido de inmediato.
Pero aún si logra que un moderado (aunque según el cuervo Larroque ya no hay tiempo para eso) o un ortodoxo se hagan cargo, deberá tener el respaldo político de la central obrera, de los empresarios, de las organizaciones sociales, de los gobernadores, de legisladores de la oposición. Y sobre todo de Cristina, que de manera explícita se pronuncia poco afecta a las instituciones, descalifica a la Corte y cree que la Constitución tiene rémoras intolerables.
Principio y final de la lapicera, manejada por ella o a su autocracia caligráfica, se impone entonces la pregunta: ¿Existe la Cristina conciliadora?