El ministro de Seguridad, Jorge Lagna, participó esta semana de una reunión interminsiterial para analizar las derivaciones de la balacera al Centro de Justicia Penal de la ciudad de Rosario, y la situación penitenciaria en general. Asistieron, también, representantes del Ministerio Público de la Defensa, de la Acusación, de la Corte y del Colegio de Magistrados. La principal preocupación está centrada en el penal de Piñero; allí se produjeron fugas masivas y desde allí, se planifican y cometen delitos a partir de la tenencia indebida de teléfonos celulares. Frente a ello, el ministro reveló que se ha decidido que el propio secretario del Servicio Penitenciario de la provincia, Walter Gálvez, traslade y "mude" su oficina al menos tres días a la semana al propio penal.
"Hemos armado una Unidad de Gestión conjunta de ambos ministerios (Seguridad y Gobierno) para trabajar el tema cárceles, principalmente en Piñero. Gálvez se va a instalar allí con su oficina desde la semana que viene; además, se trasladarán alojados por causas federales a prisiones de Buenos Aires y otros lugares del país. Hubo cuatro (traslados) la semana pasada y va a haber ahora tres más. Y dentro del penal, se hará una reasignación de internos y lugares para los presos de alto perfil", comentó.
- ¿Cuál es el objetivo de que el secretario del Servicio Penitenciario traslade su oficina allí?
- Éste no es un relato mío, sino de los fiscales. Estamos reuniéndonos con ellos y nos lo dicen. En tribunales se han esclarecido muchísimos hechos altamente lesivos, incluso homicidios, que dan cuenta de una actividad muy profusa en este penal. Es decir que la génesis de la violencia de afuera está adentro (de la cárcel) y hay que obrar en consecuencia; toda medida es poca. El foco está en Piñero, pero atendemos todo el servicio penitenciario provincial. Estamos obrando ambos Ministerios (Seguridad y Gobierno) porque creemos que la violencia de afuera la podemos ir atenuando con un control más estricto dentro de los penales.
- Se ha cuestionado, de hecho, que el Servicio Penitenciario haya dejado de depender de Seguridad para pasar a la órbita del Ministerio de Gobierno. ¿Usted qué opina?
- Hay una decisión política que se tomó en su momento y sinceramente no me la he puesto a pensar. Uno está con el devenir constante del trabajo. Quizá es una opinión valedera ésa, y se podrá repensar. Lo importante son las medidas de fondo que se están llevando adelante. Sobre todo, la decisión política del gobernador de invertir sumas muy importantes en la construcción de cárceles y alcaidías. Se abre desde el mes que viene una Unidad para 320 alojados en Rosario, otra similar en Las Flores; se prevén módulos de construcción rápida en no más de siete u ocho meses en Santa Felicia para condenados por delitos sexuales… Estos módulos elevarán la capacidad del Servicio Penitenciario para desalojar comisarías, y hemos reactivado gestiones con Nación por la cárcel federal de Coronda que estaba totalmente parada. El año que viene deberíamos tener más de mil nuevas plazas para alojar a detenidos. Eso va a descomprimir la superpoblación carcelaria y mejorará la seguridad de las cárceles.