El gobierno nacional anunció que el aumento del 28,3% del gas en boca de pozo será por única vez en 2023 y que a 3,5 millones de usuarios no se les tocará "el valor del m3". Pero nada ha dicho de los otros "dos reajustes transitorios" que también impactarán en las facturas del servicio, para actualizar lo que corresponde a transporte y distribución.
Un confuso anuncio del gobierno nacional merece algunas explicaciones respecto de qué pasará en 2023 con las tarifas de gas natural por redes. La secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, dijo este 6 de enero en sus redes que durante 2023 "el gas no aumentará para tres millones y medio de hogares", y que habrá una "única actualización" en todo el año para los demás clientes residenciales de los niveles 1 y 3 de la segmentación, del 28,3%.
Ambas expresiones son exactas, pero parciales. Debe aclararse que se trata solo del valor del gas natural en el nivel mayorista, lo que técnicamente se denomina "en boca de pozo" (sector hidrocarburífero o de producción), es decir, antes de la compresión e inyección del combustible en los gasoductos troncales (sector del transporte), para su posterior rebaje y distribución por redes urbanas y suburbanas (sector de la distribución).
La realidad es que este año habrá subas para mejorar los ingresos en los tres sectores: para quienes extraen y venden gas en un mercado que a nivel internacional ha tenido precios extremadamente altos por la invasión rusa a Ucrania, para las empresas que lo transportan y para las que lo distribuyen. Sobre estos dos últimos sectores ya tuvo lugar la audiencia pública en la que se pidieron aumentos que deberán evaluar las autoridades regulatorias.
Royón publicó un hilo de twitter que luego convirtió en un comunicado la Casa Rosada y posteriormente citó la agencia oficial Telam en uno de sus despachos. Esas comunicaciones tuvieron lugar apenas horas después de que se conocieran los reclamos de aumentos de los otros dos sector del gas: el de la distribución y el del transporte. Como informó el El Litoral, sin contar el valor por metro cúbico del fluido, también irán al bolsillo de los usuarios, con subas de entre el 45 y el 55% si se suman ambos.
Los retoque a las tarifas de gas en definitiva serán tres y quedarán impresos en las boletas de los meses cálidos. Dolerán en las del período de mayor consumo, cuando llegue el frío.
Segmentación, la decisión de 2022
A diferencia de lo que ha ocurrido con la energía eléctrica, con el gas siguen siendo todos actores privados los que intervienen en esos procesos (y negocios). Y aunque el marco legal de las privatizaciones del gobierno peronista de Carlos Menem subsisten, otras regulaciones posteriores del kirchnerismo y del macrismo tampoco han cambiado el fondo de las reglas de juego.
Los primeros impusieron congelamientos tarifarios que se compensaron (en parte) con aportes del Estado durante las presidencias de Néstor y Cristina.
Los segundos sacaron esos valores del frezar y buscaron mecanismos de actualización, incluso semestrales, que pronto fueron caracterizados como un "tarifazo" por la oposición pero no pudieron mantenerse. Entre ambas políticas y por sobre la grieta se interpuso la Corte Suprema que obligó mediante un fallo trascendente -en 2016- a cumplir con los criterios de transparencia, para que todo se haga con audiencias públicas que permitan acceder a información confiable en servicios monopólicos naturales; gradualidad, para evitar un shock sobre los usuarios; y razonabilidad, para que la posición dominante en el mercado no signifique precios exorbitantes, ni que las tarifas sean extremadamente bajas respecto de sus costos reales.
Es curioso: en la actual gestión del justicialismo, en 2022, mediante el esquema de la segmentación Sergio Massa pudo hacer lo que no se le permitió durante años a Martín Guzmán: seguir esa doctrina que fijó la Corte. Subsidiar solo a quienes lo necesitan y actualizar tarifas con moderación.
Seguramente, a ambos ministros de Economía los impulsaron los números en rojo del déficit fiscal más que aquellos sentenciosos principios jurídicos de cuando nadie discutía los fallos de la Corte.
Los subsidios comienzan a recortarse en 2023 bajo la declaración jurada de la segmentación. Es racional que no tengan una ayuda estatal los usuarios con altos ingresos. Lo que salió a explicar la secretaria de Energía es que para el nivel dos (con el mayor subsidio) en el que se encuentran 3,5 millones de usuarios de gas no tendrán aumento. Olvidó aclarar que solo se refería al precio que reconoce el estado para la producción de gas.