Para aliviar a municipios y comunas, el Senado prepara otra excepción a la Ley de Obras Menores
Apenas comenzado el período ordinario de sesiones se piensa autorizar el uso del 50% de los recursos destinados a infraestructura para mejorar las cuentas de los gobiernos de pueblos y ciudades. Acuerdo entre la oposición y el oficialismo.
Para aliviar a municipios y comunas, el Senado prepara otra excepción a la Ley de Obras Menores
Con las firmas de los senadores del justicialismo, en la segunda sesión ordinaria del año legislativo, se presentó un proyecto de ley que habitualmente se propone, trata y aprueba en la segunda mitad del año: la autorización a las municipalidades y las comunas beneficiarias de la llamada Ley de Obras Menores a utilizar hasta el 50% de esos flujos para sus gastos corrientes.
La iniciativa de Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) llegó al reciento en el momento de ingresar proyectos y de inmediato se agregaron en las libretas de apuntes de los cronistas parlamentarios y los asesores un dato relevante: ya lo ha acompañado con su firma el presidente provisional del Senado Felipe Michlig (y lo mismo otros miembros del oficialismo mayoritario).
"Como todos los años estamos planteando facultar a los municipios y comunas a usar hasta el 50% de los ingresos provenientes del Fondo para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamientos y Rodados creado por Ley 12.385, para ser aplicado a gastos corrientes", explicó Pirola.
El asunto, como en 2023, se ha presentado en las primeras reuniones y pasó a comisiones para su tratamiento.
En el caso de esta norma, la excepción es la regla en los últimos 15 años. Desde su sanción en 2004 pasaron apenas unos años para que, una y otra vez, producto de las crisis económicas o las emergencias causadas por factores climáticos se permita que dineros públicos que solo debían servir para mejorar la calidad de vida de los contribuyentes sea finalmente imputado al alivio de las cuentas. Se privilegia lo urgente frente a lo importante.
La ley en cuestión beneficia a todas las comunas y solo a las ciudades de segunda categoría. En pocas palabras, solo Rosario y Santa Fe quedan excluidas. En 2019 la Legislatura pasó por un intenso debate para que las dos urbes más pobladas reciban sino esos beneficios al menos otros (de una norma a crear), lo que no prosperó. Esa polémica evitó que se puedan autorizar las habituales excepciones al destino de la norma.