Gobierno y PRO hilvanan estrategias, pero chocan por información pública

La controvertida reglamentación de la ley de Acceso a la Información Pública dictada por el gobierno nacional hace un mes, cuestionada de manera instantánea por entidades periodísticas y ONGs ciudadanas por las restricciones que impone, se convirtió en un punto de fricción con el PRO, en el marco de las conversaciones para coordinar acciones en el Congreso.

El apoyo del partido de Mauricio Macri fue fundamental para que las exiguas fuerzas del oficialismo lograsen "blindar" sendos vetos de Javier Milei a leyes sancionadas con amplio respaldo parlamentario (incluso del PRO) en materias tan sensibles para la opinión pública como el cálculo de la fórmula jubilatoria y el financiamiento de las universidades públicas.

Sin embargo, pretendió no ser simplemente una muestra de que el Ejecutivo tiene "carta blanca" para avanzar en contra de la voluntad del Congreso siempre que quiera y contar con ese respaldo, sino como el preludio de la instrumentación de un funcionamiento acordado.

Mesas y sillas

En esa dirección parecen haber ido dos reuniones desarrolladas al inicio de la semana en curso. Una de ellas fue a solas entre Santiago Caputo, principal armador de las estrategias del Gobierno, y el jefe del bloque de Pro, Cristian Ritondo.

Pero antes de eso tuvo lugar una suerte de "cumbre" de funcionarios con representantes de la oposición más dialoguista. Fue encabezada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. También participó en algún momento el propio Caputo, además del vicejefe de Gabinete, José Rolandi.

El oficialismo parlamentario estuvo representado por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y los diputados Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Santiago Santurio y Carlos Zapata. Por el PRO, además de Ritondo, Silvia Lospennato y Silvana Giudici. A ellos se sumaron Eduardo Falcone y María Cecilia Ibañez, del MID.

DNU y Presupuesto

Lo que más interesa al gobierno es bloquear otra iniciativa parlamentaria, la modificación de la ley 26.122 de trámite reglamentario de los DNU. Precisamente, la que permite que una decisión presidencial de ese tipo, aunque no cuente con la aprobación de la mayoría del Congreso, solamente pueda quedar sin efecto si ambas cámaras la rechazan con el voto de dos tercios de los presentes. Una regulación que, lejos de funcionar como una atenuación al presidencialismo (que alentó la introducción de esa figura en la Constitución Nacional en 1994), operó como un dispositivo para que un DNU tenga operatividad con menos requisitos que un proyecto de ley. Fue impulsada por la senadora Cristina Fernández durante la gestión de Néstor Kirchner y nunca fue modificada, a pesar de que acumuló proyectos para ello, incluso del PRO.

Ahora, frente al escenario político institucional planteado por la actual gestión, el grueso de la oposición (kirchnerismo incluido) motoriza cambios contrarreloj, para ponerle plazos al trámite y permitir que baste el rechazo de una sola cámara para "tumbar" el DNU. El tema se debate en las s comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, y la idea es emitir dictamen el próximo 30 de octubre, para tratar de llegar con una sanción al final del período ordinario, el 30 de noviembre. La paradoja es que esa misma ley puede ser vetada por el Ejecutivo en los términos actuales, y el interrogante es si el PRO también contribuirá a blindar ese eventual veto, considerando los proyectos en dirección contraria oportunamente presentados.

La discusión abarcó naturalmente el debate del proyecto de Presupuesto, que ya arrancó en comisiones de la Cámara de Diputados, y sobre el cual el Gobierno adelantó la disposición a aceptar modificaciones bajo la forma de redistribuciones de partidas, siempre que no comprometan el objetivo central del déficit cero. Por otra parte, no es una cuestión que desvele a las autoridades, ya que un hipotético rechazo de la ley de leyes lo único que haría es permitir una nueva reconducción del actual presupuesto (que ya viene del de 2023) y la consiguiente libre disposición de recursos que en los hechos ello significa.

Durante las reuniones en la Casa Rosada se abordaron también cuestiones en las que el Ejecutivo lleva la iniciativa, como la posible privatización de Aerolíneas Argentinas, la Ley Hojarasca y el proyecto de ficha limpia, que impide ser candidatos a los políticos con una sentencia firme en causas de corrupción.

Información pública

Pero el punto en que sí existen discrepancias declaradas es en cuanto a la reglamentación de la ley de Acceso a la Información Pública. El decreto 780/24 causó revuelo al introducir la consideración de la "buena fe" en los requerimientos y definir que no se entenderá como "información pública" aquella que contenga "datos de naturaleza privada".

En su presentación ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz Anchorena, aseguró que ese organismo no tuvo nada que ver con el decreto, y apuntó al Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra. En un dictamen del 23 de julio, el ex ministro de la Corte Suprema había manifestado que se debían rechazar todos los pedidos de acceso a la información sobre la cantidad de perros que viven con Javier Milei en la Quinta de Olivos, con el argumento de la "privacidad" del Presidente. Y recomendó que se redefiniera el concepto de información pública de la Ley 27.275.

Al tomar conocimiento del decreto 780, dictado con posterioridad a ello, Anchorena precisó que el organismo que preside "redactó comentarios sobre los puntos críticos a la espera de ser convocados a una mesa de diálogo, pero no fue posible llevarlo a cabo una reunión, ni una mesa de trabajo. Finalmente, la idea de que podamos subir las modificaciones no se pudo llevar a cabo porque el Decreto tenía que ser firmado ese día".

Según Anchorena, se enteraron de la medida a través de la publicación del Boletín Oficial "y ese mismo día teníamos programada una reunión con agencias". Y apuntó: "El Consejo de la Magistratura también tiene algo para decir, el Ministerio Público Fiscal también", y sugirió poner en agenda la posibilidad de que el Congreso también cuente con una Agencia de Información Pública.

La funcionaria comentó: "Con las agencias llegamos a la conclusión de que el Decreto no era necesario, porque contamos con los instrumentos para administrar la atención entre la privacidad de los funcionarios públicos y el acceso a la información. Este plexo normativo nos da los instrumentos, pero de todas maneras el Decreto se debe interpretar de forma armónica con los principios y tratados internacionales y en ese sentido entiendo que se va a avanzar".

Tal cosa no se plasmó en una "corrección", como prometió el jefe de Gabinete y luego desmintió el vocero presidencial, Manuel Adorni, interpelado al respecto por los periodistas acreditados en Casa Rosada.

Al término de la mesa de trabajo de este lunes, la diputada Giúdici, ex funcionaria del ENACOM, sostuvo que en el encuentro "les dijimos que no fue para nada satisfactoria la reunión que tuvimos con la titular de la Agencia de Información Pública, que no pudo explicar una sola de las observaciones que hicimos al Decreto".

En cuanto a De Anchorena, la diputada consideró que "hay un problema serio para el Gobierno con esta persona que no entiende cómo se deben facilitar mecanismos de transparencia activa y de protección de datos", al tiempo que confirmó la intención de propiciar reformas en defensa de la ley, sancionada durante la gestión de Mauricio Macri.