Finalmente, el Poder Ejecutivo decidió dar por finalizado el vínculo con la empresa ARSSA como concesionaria de la autopista Santa Fe-Rosario, y resolvió convocar a la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario, y de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral, para estudiar la salida legal y técnica del contrato. Ésa es la novedad que llevará esta tarde el ministro de Infraestructura, José Garibay, a la comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, y que anticipó esta mañana públicamente.
“Hemos detectado que es imprescindible realizar un análisis exhaustivo de la situación; de esta manera, buscaremos una evaluación final para justificar la decisión de realizar una culminación anticipada del contrato que tenemos con el concesionario ARSSA”, destacó.
En diálogo con El Litoral, el ministro aclaró que no se habla aún de rescisión, porque intentarán que la decisión de finalizar el contrato no sea unilateral. “En principio no estamos hablando de rescindir el contrato. Estamos hablando de una finalización anticipada del mismo. Rescisión es una decisión unilateral. El tema es cómo damos término al contrato de manera anticipada. A partir de los estudios y auditorías que hemos pedido a ambas facultades y de toda la historia que tenemos sobre el concesionario, se definirá cómo vamos a desarrollar esta finalización anticipada. Con o sin culpa, de mutuo acuerdo. Se verá...”, expresó.
-¿Entonces intentarán que sea una finalización consensuada?
-Exactamente. Creemos que hay elementos para poder lograrlo.
-Estimamos que en treinta o sesenta días debería estar el trabajo hecho. Después se deberá decidir cómo se da la continuidad de la operación del sistema e iniciar el estudio para una nueva concesión. Pero no hay un plazo concreto estipulado. Mientras tanto, la otra decisión que hemos tomado es que Vialidad provincial ya comience a trabajar en los proyectos para repavimentar los tramos más críticos de la autopista.
-¿La intención es, entonces, volver a llamar a licitación para mantener la autopista en el sistema de concesiones privadas?
-En principio la voluntad es llamar a una nueva concesión en otros términos con un modelo nacional más de operación y mantenimiento, quizá como lo que tenemos con los otros consorcios camineros; esto es de mantenimiento y no de inversión.
-¿Se reformula el esquema de concesión pero la provincia no se hace cargo del corredor?
-Así es. Es el modelo que vemos como el más razonable una vez concluido el proceso de finalización de la actual concesión.
Uno de los detonantes para que el gobierno decida terminar el vínculo con ARSSA fue el incumplimiento de la empresa en la repavimentación total del corredor. Según el pliego, la obra debía estar terminada en el quinto año de concesión, pero habiéndose vencido ese plazo sólo se ejecutó la tercera parte. De eso ya se había ocupado la gestión de Lifschitz a comienzos de año. Pero el elemento que volvió a encender la discusión pública y, sobre todo legislativa, fue la revelación de Garibay cuando sostuvo que sería la provincia quien se haría cargo de la obra. Desde entonces, los cuestionamientos comenzaron a replicarse en la Cámara de Diputados y derivaron en la convocatoria que se cumplirá esta misma tarde en la Comisión de Obras Públicas.
Esta mañana, fuentes de ARSSA admitieron ante la consulta de El Litoral que el contrato “es inviable” tal como está. Pero advirtieron que ante la eventual rescisión, exigirán que la provincia salde sus propios incumplimientos con la empresa, derivados de “obras impagas y tarifas desfasadas”.
También justificaron la no repavimentación a partir de en una calzada más deteriorada de lo que se presumía, y de una ecuación que les hacía imposible afrontar el costo de la obra. Mencionaron que con casi “trescientos empleados”, la empresa recauda entre “24 y 29 millones de pesos por mes” de los cuales el “sesenta por ciento” se destina a masa salarial. “una repavimentación total de la autopista estaría demandando una inversión del orden de los 2500 millones de pesos”, advirtieron.
Para ordenar toda la actuación administrativa de estos cinco años de concesión, las universidades contratadas deberán confeccionar un informe técnico y económico pormenorizado de la situación, que posteriormente será entregada a la secretaría de Coordinación Técnica, perteneciente al Ministerio de Infraestructura, y éste elevará a Fiscalía de Estado para su evaluación.
