Por decreto, el Gobierno nacional extendió hasta el 31 de diciembre el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que desde hace cinco meses tiene como eje el pago de parte de los salarios en las empresas que así lo piden. La normativa prevé "adecuaciones" en las medidas. El anuncio se hizo en medio de las dificultades económicas que persisten en el país por la pandemia del coronavirus.
Boletín Oficial
El Gobierno extendió hasta el 31 de diciembre el programa ATP
A través de un decreto, el ejecutivo prolongó la vigencia del programa, pero con ciertas “adecuaciones”. Afirma que hubo una mejora en la economía, pero justifica la necesidad de la asistencia por la “heterogeneidad sectorial y territorial” del supuesto repunte.
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"Extiéndase la vigencia del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) establecido por el Decreto N° 332/20 y sus modificatorios, hasta el 31 de diciembre de 2020", establece el Decreto 823/2020, publicado este martes en el Boletín Oficial.
La normativa original preveía que la serie de medidas incluidas en el ATP tendrían vigencia entre el 20 de marzo y el 30 de abril. En julio se prolongó hasta el 30 de septiembre y se advirtió que los beneficios podrían llevarse hasta diciembre, pero con restricciones.
En aquel momento se esperaba que, para fines de 2020, pudieran quedar comprendidas dentro del programa solamente "las actividades afectadas en forma crítica por las medidas de distanciamiento social, aun cuando el aislamiento social preventivo y obligatorio haya concluido".
El nuevo decreto advierte que, si bien "se observa una recuperación económica", el supuesto repunte evidencia "heterogeneidad sectorial y territorial".
En consecuencia, afirma la normativa, "resulta pertinente extender la temporalidad de la asistencia", con adecuaciones a las "necesidades imperantes en la actualidad y a los cambios que se han producido y se van produciendo en la realidad económica".
El programa establece como beneficios la postergación o reducción de hasta el 95% de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentina; el salario complementario para trabajadores en relación de dependencia del sector privado; créditos a tasa cero para pequeños contribuyentes y autónomos; una suba en las prestaciones por desempleo; y créditos a tasa subsidiada para empresas.
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