A través de la publicación en el Boletín Oficial de este martes, el Gobierno Nacional reglamentó la Ley de Góndolas, que tiene como objetivo potenciar la competencia en los supermercados y desarmar las posiciones dominantes en algunas categorías.
Tiene como objetivo potenciar la competencia en los supermercados y desarmar las posiciones dominantes en algunas categorías.
A través de la publicación en el Boletín Oficial de este martes, el Gobierno Nacional reglamentó la Ley de Góndolas, que tiene como objetivo potenciar la competencia en los supermercados y desarmar las posiciones dominantes en algunas categorías.
La Ley de Góndolas se promulgó en los últimos días de marzo a través del Decreto 268/2020, tras haber sido sancionada por el Congreso en la última sesión extraordinaria de febrero, y quedó pendiente de reglamentación para su entrada en vigencia, que se realizó este martes.
La norma tiene por objetivo contribuir a que el precio de los productos alimenticios, bebidas, de higiene y limpieza del hogar "sea transparente y competitivo, en beneficio de los consumidores".
Asimismo, apunta a "evitar que realicen prácticas comerciales que perjudiquen o impliquen un riesgo para la competencia u ocasionen distorsiones en el mercado".
La ley establece que los productos de una marca no pueden ocupar más del 30% de la góndola y que de un producto, por ejemplo, de fideos o galletitas, debe haber 5 marcas diferentes, como mínimo.
El 25% de los productos deben ser de las Pymes, cooperativas o mutuales y el 5% de los productos deben ser de empresas de agricultura familiar, campesina o indígena o de la economía popular.
Los productos de menor precio deben estar en el sector medio de la góndola y en la primera página del sitio web donde se muestren los productos; mientras que en la isla de exhibición y en los exhibidores que están pegados a la caja donde se cobra, el 50% del espacio debe estar ocupado por productos de micro y pequeñas empresas nacionales, de cooperativas y de mutuales.
Además, la ley indica los supermercados deberán contemplar distintos plazos y condiciones de contratación a los distintos proveedores según sean pymes o sectores de la economía popular, y no podrán exigir aportes o adelantos financieros a los proveedores ni imponerles la entrega de mercadería gratuita o por debajo del costo de provisión como condición para exhibir los productos.