El gobierno santafesino y los gremios de la administración pública se reunieron este lunes en el marco de las negociaciones paritarias, luego del cuarto intermedio acordado el miércoles pasado. La reunión está encabezada por los ministros de Gobierno, Fabián Bastia y Economía, Pablo Olivares, y participan los secretarios generales de UPCN, Jorge Molina y ATE, Marcelo Delfor.
Los referentes de UPCN y ATE también llevaron como tema prioritario el reclamo por las cesantías en distintas áreas, como el Registro de la Propiedad y el Ministerio de la Producción, de nombramientos dispuestos al final de la gestión anterior.
La propuesta transmitida por el gobierno es, en términos numéricos, similar a la que fuera formulada a los docentes, que la rechazaron y llevan adelante un plan de lucha. Esto es, un aumento del 9% para marzo, y una mejora equivalente al 7,5% pero por única vez.
Esta oferta tampoco satisfizo las expectativas de la administración central, por lo cual se estudiaban variantes en cuanto a la composición de esos incrementos, tomando en cuenta los rubros remunerativos y no remunerativos.
Olivares explicó entonces que "lo que planteamos es la posibilidad de construir para el mes de marzo un incremento y sentarnos a dialogar de forma inmediata para un aumento para abril, a medida que podamos ir viendo qué posibilidades tenemos". Y en lo que respecta específicamente al mes de marzo, "sobre lo que se abrió la discusión es respecto de cómo componer esa mejora. Se han puesto a disposición las posibilidades de hacerlo, la flexibilidad de aplicarlo de manera tal que llegue de la mejor forma al bolsillo del trabajador, las distintas particularidades que tiene hacia dentro del escalafón de la administración pública. Y por eso nos llevamos la tarea de ver distintas posibilidades de cómo componer un incremento para para el mes de marzo".
A partir de allí, los dirigentes gremiales expresaron este lunes, antes de ingresar a la reunión, la expectativa de que se trate de una propuesta “que podamos transmitir y poner a consideración a los afiliados”, que contemple “la situación general, la pérdida del poder adquisitivo” y permita evitar una situación de conflicto.