Qué hará Omar Perotti en sus primeros días como gobernador

Educación y seguridad. En torno de esas dos temáticas girarán las primeras medidas que adoptará Omar Perotti como nuevo gobernador de la provincia. Según pudo saber El Litoral, el nuevo mandatario inaugurará su gestión con la decisión de convocar a intendentes y presidentes comunales para instrumentar una suerte de registro que permita relevar y rastrear a todos aquellos niños de la provincia que terminaron la escuela primaria, pero no se inscribieron o abandonaron el nivel secundario. “Se deben cuidar los talentos de los santafesinos; la calle no forma ni para la educación ni para el trabajo”, se le escucha decir.

En segundo término, Perotti pretende activar una serie de acciones articuladas con el Poder Legislativo y Judicial, para abordar la problemática de la inseguridad. Sólo en el departamento La Capital, se produjeron a la fecha 96 homicidios; mitigar los índices de violencia extrema en las principales ciudades del territorio será el principal desafío de su gestión. Una de las alternativas es reeditar la emergencia en materia de seguridad que ya rigió en la provincia durante algunas etapas de las últimas gestiones de gobierno.



Finanzas


En el plano económico y financiero pivotean dos variables que determinarán -condicionarán- las decisiones a tomar. Por un lado, la situación real en la que se encuentren las cuentas provinciales. La gestión entrante sostiene que los últimos datos disponibles sobre las arcas públicas corresponden a octubre, por lo que pueden existir proyecciones y presunciones pero no información veraz y completa sobre el cuadro de situación. Se desconoce, por ejemplo, cuál es el monto total y final de la deuda flotante (proveedores, contratistas, etc.); y se asevera que Santa Fa es la provincia que ha sufrido el peor deterioro a nivel país en la relación ingresos y egresos. Comparando enero-febrero de 2018 con idéntico período de 2019, ese deterioro ha sido del “316 por ciento”, afirman. Para ello, serán cruciales los resultados de la auditoría nacional, que podrían comenzar a conocerse de manera preliminar hacia fines del corriente mes.

La imposibilidad de haber redactado el presupuesto con el que se regirá su primer año de gestión suma inconvenientes. ¿Ratificará la nueva gestión las obras cuya ejecución incluyó el socialismo en ese proyecto? El texto fue votado sin ley tributaria. Y ello redunda en incertidumbre sobre los recursos con los que se dispondrá. ¿Constituye todo ello un escenario que justifique la declaración de la emergencia también en materia económica? Allí es donde comienza a imperar la segunda variable, vinculada a las decisiones que se adoptarán en el contexto nacional. Para plantear una emergencia económica debería existir un marco legal a nivel nacional que opere como resguardo.


En el mismo sentido, la gestión provincial supeditará muchos de sus primeros pasos a las medidas económicas que adopte el nuevo presidente de la Nación: congelamiento de tarifas, acuerdo de precios y salarios que impondrían un techo para la futura discusión salarial, incentivos para determinados sectores... En síntesis, se aguarda un sinceramiento de las variables económicas a nivel nacional para ceñir a ello muchas de las decisiones de la futura gestión provincial.



Sin estridencias


No se deberán esperar -según fuentes inobjetables consultadas por El Litoral- anuncios “altisonantes” ni grandes paquetes de medidas. Sí, una vez difundidas las variables nacionales, decisiones locales en la misma sintonía. Ello repercutirá, además, en las temáticas sociales. Sobre la base del Plan contra el Hambre anunciado por Alberto Fernández y en función de los lineamientos que hayan quedado de la gestión provincial a cargo del Frente Progresista, se resolverán las políticas a adoptar en la materia. Ya se había mencionado la posibilidad de que se declase una tercera emergencia en la provincia -la alimentaria, además de la económica y en materia de seguridad-; será eso o medidas específicas que apunten a agilizar determinados procesos de compra, y a gravar impositivamente algunos sectores con la finalidad de generar recursos para atender esas demandas. Todo, o buena parte, por verse.